Xipolitakis no irá a juicio tras el escándalo del avión

La Justicia aceptaría la solicitud de la vedette para ponerle fin a los problemas legales que contrajo tras manipular los controles durante el despegue de la aeronave

Vicky Xipolitakis podrá ponerle punto final al escándalo del avión luego de que la fiscal federal Stella Maris Scandura diera su consentimiento para la suspensión del juicio a prueba, que había solicitado la vedette y los expilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Soaje, en el marco del proceso iniciado para determinar si se puso en peligro la seguridad del vuelo de Austral AU 2708, que en junio de 2015 realizó el trayecto entre Buenos Aires y Rosario.

Durante la audiencia realizada el martes ante la magistrada del Tribunal Oral Federal n°4, Gabriela López Iñíguez, los representantes legales de la aerolínea coincidieron con la postura de la Fiscalía General n°2, en tanto que un grupo de querellantes se opusieron. 

En su dictamen, Scadura tuvo en cuenta la situación personal de los expilotos de la aerolínea y la inexistencia de antecedentes penales. Por ese motivo, pidió como reparación del daño que los imputados entreguen la suma de 20.000 pesos cada uno, que la línea aérea se comprometió a donar, y que realicen un curso dictado por la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).

Por otra parte, instó a que las tareas comunitarias propuestas por los implicados sean durante un año y medio, en lugar de uno. Vicky las llevaría a cabo en el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos dos horas a la semana y deberá presentar las constancias correspondientes de manera trimestral. Zocchi Molina ofreció hacer tareas de mantenimiento en un asilo y Soaje la misma tarea en una fundación para niños.

Si bien aún falta que el dictamen de la representante del Ministerio Público sea avalado por la jueza López Iñíguez, la vedette puede estar casi seguro que su imprudencia no llegó a causas mayores.

Cabe destacar que la Justicia había revelado que “ambos pilotos mantuvieron conversaciones no esenciales con Xipolitakis y que además permitieron que operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue”. 

La conducta de las tres personas fue encuadrada en el delito previsto por el artículo 190 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de dos a ocho años el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”.