Avances en la implementación del Registro de Violencia Institucional

El 11 de julio se constituyó la Mesa de Diálogo proyectada para recabar y consolidar opiniones y aportes, en el marco del proceso de implementación del Registro de Violencia Institucional; y así se dio cumplimiento a lo anunciado por el Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand, en el mes de junio cuando el Ministerio Público formalizó la creación del Registro ante las máximas autoridades de los tres poderes, miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y personalidades del ámbito académico.

A la reunión convocada por el Procurador concurrieron la presidente de la Suprema Corte, Hilda Kogan; el presidente del Senado y vicegobernador, Daniel Salvador; el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca; el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari;  el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón ,y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Cada una de las partes designó un referente para el inmediato comienzo de las actividades de la mesa, que tendrá lugar mañana jueves 13 de julio. También fueron invitados a participar en este primer encuentro representantes de instituciones históricamente comprometidas con la erradicación de la violencia institucional, a fin de que contribuyan al progresivo perfeccionamiento del Registro.

“Los hechos de violencia institucional son prácticas abusivas e ilegales cometidas por agentes estatales (fuerzas de seguridad, penitenciarias, efectores de la salud, entre otros) que significan violaciones a los derechos humanos.  Con la creación del Registro, por primera vez en la Provincia de Buenos Aires habrá una sistematización de datos y seguimiento de causas en relación a denuncias formuladas, plazos de tramitación, modos de culminación, cantidad de personas imputadas e instituciones a las que pertenecen”, señalaron desde la Procuración mediante un comunicado. 

El Registro, a su vez, será de utilidad para la elaboración de estadísticas y el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas orientadas a la prevención de estos delitos, en base a los lineamientos del plan de gestión Conte-Grand anunció para el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en el mes de marzo, y que tiene como uno de sus aspectos de mayor centralidad a la efectiva protección de los derechos humanos.