La Justicia ordenó a la Provincia implementar el boleto educativo

El mes de septiembre es el límite que impuso la jueza Cecilia Valeros de Corica

La Justicia exhortó al gobierno provincial de María Eugenia Vidal a reglamentar la Ley de Boleto Estudiantil Gratuito a más tardar en septiembre próximo. Ese fue el resultado de la audiencia desarrollada en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata, a cargo de María Cecilia Valeros de Corica, en la que participaron (además de la magistrada) representantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y del Ejecutivo bonaerense. 

La ley fue sancionada el 1ro de julio del año pasado pero aún está pendiente su implementación. Esta situación generó un foco de conflicto entre los estudiantes y el gobierno provincial, que derivó en dos numerosas marchas motorizadas por alumnos universitarios y terciarios que exigieron la plena entrada en vigencia de la norma.  

El diferendo entre los estudiantes y el Ejecutivo tiene una raíz política y fundamentos técnicos. 

Los alumnos vienen expresando que la implementación de la ley se trata de una cuestión urgente y prioritaria. En ese sentido han afirmado, cada vez que tuvieron la oportunidad, que durante el debate que precedió la sanción de la norma, desarrollado en ambas cámaras del ámbito legislativo, quedó establecido el camino para la implementación y la obtención de recursos que la permitan.

Como contrapartida, desde el Ejecutivo esgrimieron que la implementación es imposible debido a dos cuestiones: insuficiencia presupuestaria y necesidad de mayor tiempo para llevarla adelante. Además, la gobernadora Vidal deslizó oportunamente que no formaba parte de las prioridades de su gestión.

En la audiencia convocada por Valeros de Corica participó el subsecretario de Transporte Provincial, Juan Ezcurra; el vicepresidente de la FULP, Fermín González Laria y los asesores legales de ambas partes. Durante el desarrollo, los actores ratificaron sus posturas precedentes. La FULP subrayó el carácter urgente y prioritario de la implementación y cuestionó que la postura del Ejecutivo se trata de una decisión política y no técnica. Los representantes del gobierno, en tanto, adujeron que las universidades no proveyeron la información necesaria y volvieron a marcar el impacto presupuestario como impedimento.

Ante esta situación, la jueza resolvió en términos salomónicos: exhortó al Ejecutivo a implementar la ley, a más tardar en septiembre próximo; además actuará como mediador para facilitar la llegada de información de las universidades al gobierno provincial y fijó fecha para una nueva reunión, el 5 de agosto próximo, en la que las partes deberán exponer los avances logrados y afinar la articulación en pos de lograr la implementación de la ley.

Nueva movilización a Casa de Gobierno el 1º de julio

Luego de la audiencia, que fue acompañada por un nutrido grupo de estudiantes que expresaron sus demandas en la puerta del Juzgado, representantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) ratificaron que el 1ro de julio volverán a movilizarse hasta la Casa de Gobierno provincial (6 entre 51 y 53) para reforzar sus demandas por el boleto educativo gratuito y por el resguardo de la educación pública.

Luego de la reunión en el despacho de la jueza Cecilia Valeros de Corica, el Vicepresidente de la FULP, Fermín González Laria, expresó en diálogo con Hoy que “no estamos totalmente conformes con la decisión de la jueza, pero consideramos que ciertamente es un paso adelante”. 

“Cada día que pasa, más estudiantes vuelven a sus casas porque no pueden afrontar los gastos que implica mantenerse en el contexto de fuerte ajuste que propicia el 

Gobierno nacional”, sostuvo González Laria y agregó “por eso consideramos que es urgente y necesaria la aplicación de la ley, porque además entendemos que el gobierno provincial está en condiciones de definir la implementación”.

De todas maneras, el dirigente estudiantil calificó la decisión de Valeros Corica como un “logro de los estudiantes, porque la Justicia comprometió al Ejecutivo” a implementar “una ley sancionada hace casi un año”.

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