Echegaray busca garantizar la impunidad K desde la Auditoría General de la Nación

Como viene marcando el diario Hoy en reiteradas páginas, la indefensión del soberano se agranda a medida que un personaje como Ricardo Echegaray quede al mando de un organismo de contralor. Su ligazón política con Cristina Kirchner es evidente: le garantizó impunidad mientras estuvo al frente de la AFIP y ahora buscará seguir protegiéndola desde la AGN. ¿De qué forma? Evitando que se audite, desde el mencionado organismo recaudador, los últimos años de gestión de la ex mandataria y de sus principales funcionarios.

En enero, los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez presentaron un amparo para evitar que Ricardo Echegaray esté al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), por ser un personaje “poco idóneo” para el puesto al tener un importante prontuario penal y por no cumplir con la Constitución por tener procesos judiciales pendientes.

También Carrió, en diciembre pasado había presentado una impugnación en el Congreso para evitar que el garante de la impunidad K asumiera en la AGN, recorrerá los pasillos judiciales junto a Sánchez para intentar que un personaje tan cuestionado por su accionar, ejerza autoridad en el órgano de control.

La designación de este personaje nefasto significa, lisa y llanamente, violar la carta magna ya que estamos hablando de un personaje oscuro que estuvo a cargo de la Aduana y, durante su gestión, avaló la importación  masiva de efedrina que era triangulada a México y generó una verdadera mafia involucrada en el triple crimen de General Rodríguez. Luego, como titular de la AFIP, puso en la Aduana a su mano derecha, Guillermo Michel, conectado con empresas, empresarios y abogados condenados en la causa Carbón Blanco, siendo integrantes de una red para lavar dinero proveniente de la venta de cocaína al exterior. 

Esta situación, le plantea un grave problema moral al presidente Mauricio Macri, ya que lo pone en la disyuntiva de hacer o no hacer “pactos” con el Frente para la Victoria que, a cambio de una supuesta gobernabilidad, implique garantizar impunidad a quienes saquearon el país durante una década.