Provincia: crece el escándalo por el oscuro financista

En menos de 48 horas, la Asesoría General de Gobierno realizó un polémico dictamen que no pone trabas al otorgamiento de un código para realizar descuentos usurarios a trabajadores del Estado bonaerense. Sospechosa tarjeta personal en el expediente  

Nuevas pruebas dan cuenta de lo acelerado que estarían los trámites de aprobación para que el polémico y oscuro financista Walter Grenon, investigado en la Justicia Federal por lavado de dinero, acceda a un código de descuento en la Provincia que le permitirá esquilmar los salarios de los empleados públicos bonaerenses.

Concretamente, según pudo saber Hoy, en apenas 48 horas (entre el 16 y el 18 de mayo) la Asesoría General de Gobierno emitió un dictamen mediante el cual no le pone prácticamente ninguna traba a la mutual Itala, vinculada a Grenon, para evitar que siga avanzando el expediente – con el número 2200-1751/16- iniciado ante el Ministerio de Gobierno con el objetivo de que se le otorgue el código de descuento. En el dictamen sólo se hacen algunas observaciones menores respecto a que, para aplicar las quitas salariales, la mutual debe contar “con la autorización formal y expresa de los afiliados”. También menciona que existe una impugnación realizada por la Federación de Mutuales contra el ingreso de Grenon, pero llamativa evita pronunciarse sobre el rechazo. 

Precisamente al seguir el camino de la impugnación de la Federación surgen datos por demás llamativos. Concretamente, la objeción ingresó a mesa de entradas de la Asesoría de Gobierno el 29 de marzo, siguió su curso por distintas dependencias como la Secretaría Legal y Técnica, y el Ministerio de Coordinación. Pero quedó congelada el 11 de mayo. Precisamente, en esa misma fecha, Itala ingresó su expediente en la mesa de entradas del Ministerio de Gobierno, presentación que tuvo un trámite exprés hasta llegar, cinco días más tarde, a la Asesoría. 

Además, según pudo saber Hoy, dentro del expediente se habría anexado la tarjeta personal de Alejandro Cazabán, representante del Banco VOII, propiedad de Grenon. Cazabán fue secretario de Gobierno de Mendoza (está imputado en una causa por sobreprecios) y habría sido el encargado de haberle servido en bandeja, al financista, el negocio de los códigos de descuento en esa provincia a través de la creación de un Centro Unico de Autorización. Igual iniciativa pretendió instaurar el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y su entonces jefe de Gabinete, Alberto Pérez, mediante un proyecto de ley (que fue archivado en el Senado, tras los reclamos de todos los sindicatos bonaerenses) y un decreto firmado el año pasado, tras perder las elecciones, días antes de dejar el poder. 

Además del expediente iniciado por Grenon en el Ministerio de Gobierno, Grenon hizo otras dos presentaciones en Gobernación y en el Ministerio de Infraestructura. El 15 de junio, como lo reflejó el diario Hoy, los escritos transitaron por distintas dependencias del Estado en cuestión de horas. A saber: el expediente con el número 2100-6315/2016 pasó raudamente por la Mesa de Entradas de Gobernación; la Dirección de Actuaciones Administrativas; la Dirección de Contabilidad de la Gobernación y el Departamento de Liquidación de Haberes y Ajustes. Esa misma jornada, otro de los escritos presentados por Itala, con el número 2400 - 1970/2016, tuvo un trámite exprés en el Ministerio de Infraestructura pasando por la Mesa de Entradas y luego por el Departamento de Despacho y Protocolización. 

El año pasado el financista fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el marco de una causa en la que está involucrado un conocido ruralista por presuntas maniobras de simulación para desviar recursos financieros. En el año 2014, Grenon se quedó con el Banco MBA Lazard S.A, al que rebautizó como VOII SA, con el objetivo de extender su red de préstamos. Además, el ahora banquero de 54 años, es titular de Red Mutual, entidad que tiene presencia en Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Mendoza.

Desde el gobierno bonaerense optaron por mantener un sospechoso silencio.

“No queremos que los trabajadores paguen el costo del ajuste”

Por Pablo Abramovich (Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB)

Especial para Hoy

 Siempre nos hemos manifestado en contra de esta imposición de lucrar con el salario de los trabajadores. Durante los primeros días de asunción de María Eugenia Vidal, la gobernadora se había comprometido en reuniones en dejar sin efecto esas normas.

Nosotros venimos denunciando hace tiempo la política que se está implementando desde el gobierno provincial de que sean los trabajadores los que paguen el costo del ajuste.

Nos estamos reuniendo con otros gremios, donde vamos a analizar e incorporar en la batería de reclamos al gobierno esta situación en caso de que la gobernadora decida seguir adelante con estas políticas que nos ponen en crisis.

“Todo esto es una estafa”

Por Nicolás Masi (Secretario general del Sindicato Policial (Sipoba)

Especial para Hoy

 Todo esto es una estafa, ya que dejar entrar a financieras sospechadas de lavado de dinero a especular con los salarios de los trabajadores, no tiene otra palabra que estafa. Esto es muy grave, ya que en el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, te descuentan pequeñas cuotas, pero si le descuentan a 50.000 efectivos policiales pequeñas cuotas de sus salarios, se hace una cifra millonaria.

Los sindicatos nos vamos a oponer terminantemente a que se pueda implementar esto. Se tendría que poner un límite ya que esto es una actividad usuraria.

 “Se premia a los prestamistas y usureros”

Por José Carranza (Secretario general del Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinope)

Especial para Hoy

 La introducción de financieras que están siendo acusadas de lavado de dinero en otras provincias en territorio bonaerense, nos va afectar gravemente, porque vemos que de otras provincias los echan y son recibidos con las manos abiertas por la provincia de Buenos Aires para que dañen al empleado público.

Esta clase de financieras  no tendrían que prestar plata porque para eso están las entidades públicas, como el Banco Provincia, el Banco Nación o el Banco Hipotecario para darle un crédito al trabajador público con intereses bajos y con recursos  del Estado. Se premia a los prestamistas y usureros, que se regodean dañando a los trabajadores del Estado cobrando un interés usurario, quitándole muchísimo a los trabajadores.