Allanaron cinco mansiones de Lázaro Báez en Pinamar

Fueron valuadas en 300.000 dólares cada una. Se encontraron en estado de total abandono. Estiman que son nuevos eslabones de la larga cadena de lavado de dinero del empresario patagónico

Pinamar se despertó ayer con uno de los episodios que ya forman parte de la escena nacional: allanamientos vinculados a propiedades de Lázaro Báez. En este caso, se trata de cinco casas que el empresario posee en una zona exclusiva de esa ciudad costera. Los operativos fueron ordenados de forma conjunta por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan sobre los bienes inmobiliarios que, en su totalidad, fueron tasados en 1,5 millones de dólares.

Los procedimientos fueron llevados a cabo de manera simultánea por personal de la División de Delitos Patrimoniales y del Tribunal de Tasación de la Nación, que se encontró con viviendas sin habitar y en estado de total abandono, las cuales, como muchas otras propiedades de Báez, no generan ninguna ganancia para el empresario constructor, por lo que se sospecha que forman parte de una maniobra de lavado de dinero.

Las cinco mansiones fueron gestionadas por el excontador y presunto testaferro del empresario, Fernando Butti, quien otorgó un poder administrativo a la inmobiliaria Balmoral Propiedades. Los alquileres de las mismas rondan entre los $9.000 y los $14.000, aunque no existía interés de hacer uso de esa posibilidad, ni siquiera en los períodos estivales.

El nombre de Butti resonó en los medios de comunicación por ser considerado quien realizó los procedimientos para que Lázaro Báez adquiriera en menos de un año doce estancias que fueron compradas por un monto de US$ 27 millones y en efectivo. Entre sus habilidades también se cuenta el trabajo para crear diversas firmas pertenecientes a múltiples rubros, que iban desde gomería hasta agroindustria.

La Justicia ordenó registrar cualquier bien suntuoso que se encontrara en las casas, pero no fue hallado ningún elemento de estas características en ninguna de las propiedades. Por el contrario, el panorama en los distintos domicilios fue más bien desolador. Todas se hallaron en estado de abandono, con escasos muebles y sin objetos de lujo, paredes con humedad, jardines con el césped crecido y hasta una pileta con agua en estado de total descomposición.

El Tribunal de Tasación trabajó durante unos veinte minutos en cada residencia y, si bien no pudieron retirar ningún bien ni documentación valiosa, estimó un valor de 300.000 dólares por cada una de ellas. La evidencia refuerza la idea de que las distintas mansiones no fueron obtenidas para realizar operaciones comerciales sino con el fin de lavar el dinero proveniente de la obra pública.

El antecedente de los allanamientos en Santa Cruz

Lázaro Báez fue apresado el 5 de abril, acusado de lavado de dinero y evasión, tras ser el mayor beneficiario de la obra pública en la Patagonia en los últimos 12 años, fundamentalmente a través de la empresa Austral Construcciones.

Ya con Báez detenido, el 26 de abril el fiscal federal Guillermo Marijuan, a instancias del juez Casanello, realizó un megaoperativo en la provincia de Santa Cruz, donde se encontraron más de 150 propiedades del empresario y se secuestraron vehículos, dinero y bienes de distinto tipo.

“Esto tiene que ver con la impunidad”

Consultado por este medio, el intendente local, Martín Yeza, relató que en Pinamar se sabía que Báez tenía casas, pero al empresario “nadie lo vio, nunca vino”. “Acá, cuando aparece uno de estos peces gordos, llama la atención”, señaló el jefe comunal, quien trazó un paralelismo con lo que significó la presencia de Alfredo Yabrán en la década de 1990 en su distrito.

“Me parece que esto tiene que ver con la impunidad. Resulta extraño que alguien tenga casas en un lugar que ni conoce prácticamente...”, sostuvo. 

En referencia al estado en que se encontraron las propiedades, dijo: “Evidentemente, los tipos ya no sabían qué hacer con la plata”.

El empresario, a la defensiva

Maximiliano Rusconi, abogado del empresario detenido, presentó esta semana un escrito en el que pidió que se investiguen las condiciones en las que fue apresado su defendido en el mes de abril, cuando aterrizó en su avión privado en San Fernando. En la presentación se cuestiona además la cobertura mediática y se pide que se cite a varios testigos, entre ellos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Lázaro Báez siempre estuvo a disposición de la Justicia y nunca imaginó siquiera la posibilidad de una fuga”, indica el escrito que Rusconi presentó a la Justicia. Para el abogado, los medios ya estaban informados respecto a que el destino del vuelo era el aeropuerto de San Fernando.

Por otra parte, la firma Austral Construcciones informó que entró en cesación de pagos y manifiesta ser víctima de una persecución. “Austral Construcciones SA ha sufrido desde el cambio de autoridades en el Gobierno nacional y en la Provincia de Santa Cruz una persecución y un tratamiento arbitrario, hostil y contrario a derecho”, reza el documento que fue entregado a la jueza comercial Gigy de Traynor.