Mafia en la Aduana

Detuvieron a un protegido de Ricardo Echegaray

Se trata del exdirector de Legales en el organismo aduanero, imputado en una megacausa por contrabando. En total, se ordenaron once arrestos, entre ellos, el del cuñado de Julio de Vido, Claudio Minnicelli, quien continuaba prófugo

Abril podría ser el título de un hipótetico filme sobre la corrupción K, con el country bonaerense como locación principal. En cuanto al reparto, protagonistas sobrarían. Ayer, ese barrio cerrado de Berazategui volvió a convulsionarse por otro allanamiento, en el que más de 50 efectivos ingresaron y detuvieron en su casa al exdirector de la Aduana en el Puerto de Buenos Aires, Edgardo Paolucci, quien llegó al organismo de la mano del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Fue en el marco de la denominada “mafia de los contenedores”, una de las tantas causas por las que el exrecaudador deberá volver a recorrer los pasillos de la que ya es su segunda casa: Tribunales.

Paolucci es un viejo conocido de la Aduana. Durante la gestión del exgarante de la impunidad K, se desempeñó como director de Fiscalización y Operativa aduanera. También, cuando el organismo era conducido por Guillermo Michel, exmano derecha de Echegaray, el detenido trabajó como director de Legales, pero el 22 de agosto pasado fue suspendido, junto al titular del organismo, Juan José Gómez Centurión (que luego fue repuesto en su cargo), y otros funcionarios, en el marco de sospechas de corrupción.

En septiembre pasado, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia penal contra Paolucci y Gustavo Avelino Gallardo, por posible contrabando y lavado de dinero orquestados desde la Aduana.

Esas maniobras fueron reveladas por diario Hoy en reiteradas oportunidades, apuntando, por ejemplo, las presuntas vinculaciones de Echegaray y Michel en el aumento exponencial del narcotráfico en la era K como también en la conformación de empresas fantasma como plataforma para el lavado de dinero.

La causa

En el marco de la causa denominada “mafia de los contenedores”, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, ordenó en la mañana de ayer una serie de allanamientos, secuestro de documentación y la captura nacional e internacional de once personas, sospechadas de haber formado una banda dedicada al contrabando. Según la larga lista de escuchas adjuntadas en el expediente, los imputados habrían querido cambiar la documentación de seis contenedores que estaban frenados en la Aduana, infiltrándose a través de un sofisticado método en los sistemas informáticos.

La mayoría de los nombres de la lista de detenciones aparecen también en la denuncia anónima que llegó el 19 de agosto al Ministerio de Seguridad y por la que fue momentáneamente desplazado Gómez Centurión. Las acusaciones apuntaban, además de a Paolucci, a Omar “Cuqui” Barreiro Laborda (ya detenido), a Federico Tiscornia (hermano del exjuez Guillermo Tiscornia) y al cuñado del exministro de Planificación, Julio de Vido, Claudio “Mono” Minnicelli (que hasta anoche seguía prófugo), entre otros. Minnicelli, es hermano de la exnúmero dos de la SIGEN y esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli; fue asesor del exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime, y estuvo casado con la vedette Celina Rucci. 

La investigación se inició a raíz de la intercepción del teléfono de Tiscornia por una causa de narcotráfico y organización de fiestas con consumo de drogas en exclusivos hoteles porteños. De las escuchas, registradas en unos 600 CD, surgieron detalles que rozan lo grotesco. Por ejemplo, Barreiro Laborda se hace llamar “Lion King” (Rey León) y le dice a sus interlocutores que hablen con confianza por su celular porque él es el “rey de la tecnología” lo que le permitiría (creyó, ilusionado), no ser interferido.

Asociación ilícita

Según el expediente, al que tuvo acceso diario Hoy, “las conversaciones dejan al desnudo el plan organizado por un grupo de personas, entre las que se encuentran funcionarios jerarquizados de la Aduana, que estaría encaminado a desvirtuar y corromper las funciones de contralor que corresponde que aquel organismo efectúe”.

Para el juez y el fiscal Marcelo Agüero Vera, se desprende, además, que los involucrados constituyeron una asociación ilícita para intentar sacar treinta contenedores bloqueados, cobrando a cambio un soborno de 70.000 dólares por cada uno. Así, llegaron a movilizar seis y los cargaron en camiones que estaban listos para ir a un depósito de Avellaneda, pero fueron detenidos la semana pasada cuando estaban a punto de salir.

De los once arrestos ordenados, se concretaron cuatro: además de Paolucci y Barreiro Laborda, fueron detenidos como presuntos “partícipes” del contrabanado Osvaldo Giacumbo (jefe de fiscalización 2 de la Aduana), Tiscornia, Vanesa Calamante, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino. En tanto, al cierre de esta edición continuaban prófugos Néstor Frega y Mauro Delmastro, al igual que Minnicelli.

A primera hora de hoy, los detenidos deberán prestar declaración indagatoria en el juzgado de Aguinsky. Allí, comenzarán a desatarse los eslabones de una cadena en la que Paolucci ocupa un rol central, pero que se agota en su exjefe: Ricardo Echegaray.

El jefe de una “matriz corrupta”

De las pruebas que se acumulan en manos del juez Marcelo Aguinsky, se hace evidente el rol protagónico de Edgardo Paolucci dentro del entramado ilícito en torno a la “mafia de los contenedores”. De hecho, en las conversaciones telefónicas aparece mencionado como “el jefe” por algunos de los involucrados, mientras que otros califican su accionar con “10 puntos”. Para lograr esa posición, Paolucci se habría valido de su jerarquía dentro de la Aduana para “alinear” o “poner en caja” a otros empleados que se negaban a participar del contrabando.

Pero, ¿qué jefe detrás del “jefe” empezó la trama? “La Aduana aumentó en discrecionalidad e irregularidades cuando asumió Echegaray, en 2004, y decidió desmantelar todos los controles para hacer pasar como lícitos hechos delictivos”, apuntó a Hoy el director del portal Tribuna de Periodistas, Christian Sanz, impulsor, entre otras causas, de la denuncia que en 2011 reveló el desvío de más de $2 millones desde aquel organismo a cuentas bancarias de funcionarios cercanos al extitular de la AFIP.

En el caso, archivado en tiempos del kirchnerismo, Sanz apuntaba a Paolucci, entonces a cargo del Departamento Legal Aduanero, a quien “debió investigarse para entender la trama de los retornos”.

“Fue una de las tantas asociaciones ilícitas con Echegaray como jefe”, disparó Sanz, y recordó que las acusaciones alcanzaban a “Carlos Sueiro (titular del Sindicato Único del Personal Aduanero), a su cónyuge,  María Cruz Juanes Hernández y al funcionario de la AFIP, Andrés Vázquez”, responsables de los supuestos giros. 

Para el periodista, la “mafia de los contenedores” viene a confirmar una “matriz de corrupción, orquestada gracias al encubrimiento de Echegaray”, y confió en el “avance” de la Justicia, para que también en esta causa se llegue “hasta él, porque era la cabeza de un universo corrupto y, como tal, no podía desconocer lo que ocurría a su alrededor”. 

“En la Aduana no se podía contrabandear nada sin el aval de Echegaray”, concluyó Sanz, y citó como ejemplo una de las últimas declaraciones del presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, quien se reconoció partícipe del ingreso ilegal de efedrina al país y señaló al exrecaudador como su “protector”.

Reyes del contrabando

También el juez Aguinsky instruye una causa impulsada por la Aduana desde fines de marzo por megaoperaciones de contrabando que salpican a Echegaray. En esa investigación aparecen los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, considerados los “reyes del contrabando”, sindicados por haber trasladado a Buenos Aires unos 4.500 contenedores cargados de mercadería china prohibida, que se ingresaba al país subvaluando la carga y falseando la información.

En el marco de esa pesquisa, el magistrado dio con un teléfono perteneciente a un tal “Pekerman”. El apodo denominaba al contador Eduardo Alfredo Bernardi, nada menos que el jefe de la Aduana de Buenos Aires durante la gestión de Echegaray en la AFIP. Mayor fue la sorpresa cuando, en el allanamiento ordenado en su casa, Gendarmería encontró una bolsa con casi medio millón de dólares, además de documentos y permisos de embarques vinculados a las empresas investigadas. Como si fuera poco, este protegido de Echegaray tiene una millonaria parcela en Panamá, el paraíso fiscal donde registró la sociedad Winter Blue.

Procesamiento y embargo millonario 

Anoche, Ricardo Echegaray recibió otro revés judicial, en el marco de la causa que investiga la deuda de $8.000 millones que le permitió evadir ante el fisco al empresario K, Cristóbal López, y a su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa.

Según trascendió, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó los procesamientos de Echegaray, López y De Sousa por la millonaria evasión impositiva que estos últimos -con aval del extitular de la AFIP- perpetraron a través de la empresa Oil Combustibles.

En tanto, se baraja la posibilidad de un embargo hasta cubrir los mencionados $8.000 millones.

De acuerdo a la denuncia, la petrolera de López y De Sousa se quedó durante años con los fondos que percibió por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles (ITC). En vez de devolver al fisco ese gravamen -que paga el consumidor cada vez que se carga combustible-, los socios financiaron la expansión del Grupo Indalo.

En lo inmediato, hoy Echegaray tendrá una nueva cita con la Justicia, cuando declare ante el juez Ariel Lijo en la causa Ciccone, en la que ya está procesado (rumbo al juicio oral) el exvicepresidente Amado Boudou por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.