Altos mandos vinculados a Ritondo más complicados

Trascendieron detalles comprometedores que dejarían al superintendente de la región capital seriamente involucrado. Sospechas de que el gobierno bonaerense decidió enquistar la escandalosa causa en los mandos intermedios

Trascendieron detalles de la denuncia penal que apunta contra el ministro de seguridad, Cristian Ritondo y el superintendente de la región, Fernando Grasso, a los que acusan de los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento, en el marco de la causa que investiga el fiscal platense Marcelo Martini sobre el origen de 36 sobres con más de 157 mil pesos en la sede de la Departamental La Plata, hecho descubierto el 1º de abril pasado y por el cual la Justicia ya pidió la detención de cinco efectivos.

Como anticipó ayer en exclusiva el diario Hoy, desde el Sindicato de Policías de Buenos Aires (SIPOBA), con el patrocinio legal del abogado Daniel Galleguillo, presentaron una ampliación de la denuncia y brindaron detalles que comprometen al titular de la cartera de Seguridad, al que apuntan por el entramado de la corrupción, y al jefe policial Grasso.

Básicamente, desde el gremio entienden que tanto el Ministro de Seguridad como el Auditor General de Asuntos Internos, decidieron irregularmente hacer finalizar la responsabilidad del hecho del hallazgo de los sobres con dinero en la figura del entonces Jefe de la Departamental, Darío Camerini, desligando del hecho al Comisario General Grasso.

“Adviértase que la permanencia en funciones de Grasso (ayer fue confirmado en la cúpula por Ritondo) favorece la impunidad, el desvío y la eliminación de huellas y elementos de compromiso, con la finalidad de mantener el status quo delictivo”, indican desde el sindicato.

Asaltado y herido de un culatazo

De hecho, fuentes allegadas a los denunciantes explicaron que en el escrito se dan detalles de un episodio de inseguridad que complica en forma directa a Grasso en el que lo lesionaron de un culatazo en la cabeza y le sustrajeron una importante suma de dinero, el que provendría de recaudaciones ilegales.

“A Grasso lo asaltaron en la madrugada del 6  de  abril frente a su casa de Quilmes, ubicada en Almirante Brown y Castelli y le sacaron un bolso con mucho dinero. En el ataque sufrió un culatazo y tuvo que ser atendido en el Hospital Iriarte de esa ciudad a las 3 am”, indicó una de las fuentes.

Responsabilidad política

De acuerdo a SIPOBA, Grasso responde directamente al Jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, y éste al ministro Ritondo, y para el gremio es absolutamente sospechoso que no se lo involucre en la investigación penal.

En el escrito se detalla que “pobreza presupuestaria, condiciones laborales oprobiosas, falta de medios de trabajo adecuados,  ausencia de capacitación profesional,  desmejora notoria del salario y condiciones de vida familiar del policía, son el caldo de cultivo creador de ésta funcionalidad proactiva del delito de individuos ‘disfrazados’ de azul”.  Y luego se resalta que “la sindicalización policial y la organización desde las bases de policías de bajas jerarquías, resultan ser el antídoto contra pingües negocios que el poder político no quiere erradicar”.

La Cámara decide si los imputados van presos

Por la causa del hallazgo de los 36 sobres en la sede de la Jefatura Departamental, el fiscal platense Marcelo Martini imputó y pidió la detención del ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, Darío Camerini; el ex segundo jefe, Rodolfo Carballo; su secretario, Walter Skramowskyj; el jefe de operaciones, Ariel Huck, y la oficial administrativa María de los Ángeles Ramírez.

La medida fue avalada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia y ante el pedido de eximición de prisión de la defensa, ahora la Cámara de Apelaciones debe decidir sobre si deben concretarse las medidas privativas de libertad.

Como se recordará el dinero secuestrado en los sobres correspondería al cobro de coimas a narcotraficantes y de las actividades relacionadas con el juego clandestino, desarmaderos ilegales,  boliches sin autorización, prostitución  y hasta de servicios de seguridad “truchos” en supermercados chinos y en centros comerciales.