Amigos son los amigos
Se suman más pruebas que confirman la forma en que, desde la AFIP, se lo protege al testaferro presidencial Lázaro Báez y a las empresas vinculadas con Cristina Kirchner y su familia. El uso de las facturas truchas en la mira
La semana pasada, en una entrevista con Hoy, la diputada nacional y candidata a presidenta, Margarita Stolbizer, fue contundente: “Yo lo tengo denunciado a Lázaro Báez y a los funcionarios de la AFIP por las facturas truchas. En este tema, que está relacionado con el caso Hotesur por la personas y los actores que intervienen, la AFIP reconoce la existencia de un grupo de empresas que llamaron “la usina de las facturas truchas” e inició una investigación. Pero lo hizo sobre las empresas que emitieron las facturas, pero no sobre las empresas que las usaron, entre ellas las de Lázaro Báez, particularmente Austral Construcciones. Al igual que en la causa Ciccone, la AFIP aparece mezclada, complicada, en muchas de las maniobras delictivas que cometen los funcionarios”.
Cabe recordar que Hotesur, la firma que forma parte del conglomerado de empresas ligadas a la familia presidencial, estaba siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadio por el presunto delito de lavado de dinero. El magistrado, a partir de otra de las denuncias realizadas por Stolbizer contra los testaferros de los K, había ordenado una serie de allanamientos y estaba a un paso de citar a indagatoria a Máximo Kirchner. Pero todo quedó en el freezer porque el kirchnerismo, fiel a su estilo de manipular la Justicia, operó en los tribunales y llevó a que dos de los camaristas más cercanos a la Casa Rosada, como son Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, decidiera apartar a Bonadio de la investigación, quedando la causa en manos del juez Daniel Rafecas, el mismo que dispuso el archivo de la denuncia por encubrimiento contra Cristina y sus funcionarios que fue realizada por el fiscal Alberto Nisman antes de aparecer muerto en su departamento.
Los hechos le están dando la razón a Stolbizer, y sacan a la luz lo que tantas veces fue denunciado por nuestro diario: la protección que brinda el organismo recaudador, presidido por Ricardo Echegaray, a los amigos, socios y presuntos testaferros de la familia presidencial.
Concretamente, ayer se conoció que Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas, que serían utilizadas como mecanismo de lavado de dinero a gran escala. Se trata de una firma rosarina que la propia AFIP identifica como "usina" desde hace años. Su razón social es Conde Marketing SRL y sería una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá (considerado uno de los principales paraísos fiscales del planeta) y Bahía Blanca. Esta agencia está estrechamente relacionada con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, amigo del valijero platense Leonardo Fariña –ex marido de la voluptuosa vedette Karina Jelinek- que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.
Según se conoció ayer, Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Ahora bien, como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Ocurre que, en realidad, el organismo recaudador, con su accionar, le dejó la bandeja servida para que el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart no tuviera otra alternativa que dar por cerrada la impugnación fiscal ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.
Conde Marketing SRL se sumó así al listado de empresas vinculadas con el presunto testaferro de la familia presidencial que emitieron facturas truchas por cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga, a partir de diferentes denuncias realizadas por Stolbizer y otros referentes de la oposición como el diputado Federico Pinedo, si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.
En octubre de 2014, el propio Echegaray debió admitir que Austral registraba operaciones con facturas truchas emitidas por una usina de Bahía Blanca, pero nunca la investigó a ninguna de las empresas de Báez. Es más, según informó el diario La Nación, un funcionario de la AFIP, Norberto Filipini, hasta frenó una intimación a Austral por el uso de estos documentos apócrifos, lo que se plasmó en el formulario 8600/l, que, pese a tener la oblea del Correo Argentino, nunca se envió a la firma. Lo más grave es que, pese al tiempo transcurrido, aún sigue así: sin enviarse, formando parte del expediente interno de la AFIP contra Constructora Patagónica Argentina, otra firma sospechada de Bahía Blanca, que durante las últimas semanas buscó un plan de 120 cuotas para regularizar una deuda de $ 16 millones.
Nada es producto de la casualidad. El encubrimiento forma parte de la génesis de Echegaray y de sus secuaces quienes crearon las condiciones para que Cristina Kirchner y sus socios multiplicaran durante la mal llamada década ganada, de forma escandalosa, su patrimonio al punto que la fortuna de la presidenta de nuestro país es incluso superior a la que tiene Barack Obama, el mandatario de la principal potencia del mundo.
Maniobras de protección
Otras firmas vinculadas a Báez, como son las constructoras Gotti Hermanos y Palma, también han acumulado facturas truchas por montos millonarios y terminaron por acogerse a la ley de moratoria y blanqueo que lanzó el Gobierno, lo que escandalosamente conllevó la suspensión de la persecución penal. La pesquisa sobre Gotti Hermanos abarcó operaciones por cerca de $ 400 millones y provocó el desplazamiento de toda la línea jerárquica de la AFIP que la impulsaba.
Desde el responsable de la Regional de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y su superior jerárquico, Jaime Mecicovsky, hasta el director de la DGI, Horacio Castagnola. Sin embargo, tras negar la evasión durante años -y cambiar su domicilio a Buenos Aires para quedar bajo la supervisión del entonces titular de la Regional Sur Metropolitana, Andrés Vázquez-, Gotti Hermanos se acogió a la moratoria, por $ 75 millones.
Vázquez es un funcionario vinculado con la ex SIDE que, en reiteradas ocasiones, fue denunciado por el diario Hoy ya que conformó una empresa fantasma, con domicilio falso en Puerto Madero, donde también participa el hijo del representante de futbolistas Gustavo Mascardi (varias veces denunciado por evasión) y Genaro Contartese, uno de los condenado por haber recibido coimas en el affaire IBM Banco Nación ocurrido en los años ´90.