Aníbal Fernández y un testaferro vinculado a la ex-SIDE

Ayer volvieron a allanar al abogado Carlos Tomeo. Le secuestraron relojes de lujo, joyas y 4 millones de pesos. Conexiones con exespías acusados de enriquecimiento ilícito

Luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Arnella, decidiera allanar empresas y lujosas propiedades de un presunto testaferro de Aníbal “La Morsa” Fernández, entre ellas una lujosa mansión de 23 habitaciones y 16 baños en el country Abril, ahora surgen nuevas vinculaciones que conducen a una serie de oscuros personajes que estarían vinculados a la ex-SIDE.

Tal como lo viene informando Hoy (Lavado de dinero: supuesto testaferro de La Morsa, en la mira), el propietario de la mansión ubicada en el barrio El Retoño del mencionado country es el abogado Carlos Daniel Tomeo, a quien la diputada Elisa Carrió acusa de ser el “prestanombre” de La Morsa. Ahora bien, al analizar la composición de los directorios de las firmas integradas por Tomeo aparece que el abogado es socio de distintos personajes que forman o formaron parte de los servicios de inteligencia, algunos de ellos imputados por enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que en su momento presentó el legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común), amigo del Papa Francisco y titular de la ONG La Alameda. 

Eso no es todo: a este escándalo se le sumó un nuevo protagonista: María Romilda Servini de Cubría, en cuyo juzgado tramita otra denuncia por lavado de dinero contra Tomeo. Servini ordenó una serie de allanamientos en propiedades vinculadas al presunto testaferro de La Morsa, que se concretaron ayer. Lo hizo a instancias de una denuncia de Carrió. Y los resultados dejaron boquiabiertos a más de uno: se secuestraron 4 millones de pesos, una veintena de relojes de lujo, joyas y algunos miles de dólares (ver aparte).

Vínculos en formato de servilletas

Según pudo saber Hoy, Tomeo aparece asociado Pablo Javier Colli en la firma Digress SA y Gavidia SA. La primera es una compañía crea­da en el año 2005 por dos personas de condiciones extremadamente humildes: Lucio Vicente Pizarro, un jubilado ya fallecido, y Clara Simona Gariello, una pensionada. Estos “prestanombres” formaron parte de la red constituida por miles de empresas fantasmas que fueron creadas durante la década pasada y que fueron investigadas por los exdiputados provinciales Maricel Etchecoin Moro y Walter Martello. 

Colli y Tomeo, a su vez, están vinculados  a la firma Espert SA, que se dedica a la comercialización de cigarrillos baratos, como la marca Melbourne. 

Ahora bien, Colli también integra la sociedad Hobart SA  junto con otras personas estrechamente ligadas a la ex-SIDE, como Silvia Noemí Dicianni y Silvia Marcela Incinella. Dicianni es la esposa de Roberto Saller, quien fue director de la ex-SIDE, mientras que Incinella sería la mujer de Alejandro Patricio, exjefe de los servicios de inteligencia en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Todos ellos fueron denunciados por La Alameda en la causa que tiene como principal imputado a Horacio Stiuso, quien fue jefe de los servicios de inteligencia argentinos durante 34 años. Stiuso está sindicado de haber conducido durante gran parte de la era K un sistema de espionaje interno al servicio de los intereses políticos de Cristina y Néstor Kirchner.

La empresa Hobart fue creada en 2004 y tiene como objeto la distribución y venta de cigarrillos, cigarros, habanos, tabaco, golosinas, artículos de tocador, de limpieza, comestibles, juguetes, artículos de cotillón, librería y bazar. “Nosotros investigamos a esta compañía: era parte de la red que dependía de la ex-SIDE”, le dijo a Hoy Lucas Manjon, jefe de investigaciones del Partido Bien Común que lidera Vera.

Cabe recordar que el año pasado el fiscal Ramiro González imputó a Stiuso, Patrizio, Saller y Dicianni por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este expediente es una verdadera “papa caliente” en los tribunales federales: pasó por los juzgados de Sebastián Casanello, Claudio Bonadio (se excusó de intervenir en la causa), Rodolfo Canicoba Corral y ahora se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Según la denuncia de La Alameda, se habrían conformado alrededor de 65 empresas para el desarrollo de las actividades ilícitas. “Al formar parte de los servicios de inteligencia, estos personajes tenían acceso a información secreta y privilegiada. Todas estas empresas tienen patrimonios millonarios, cuando Stiuso se retiró de la SIDE con un sueldo de apenas 16.000 pesos”, concluyó Manjon.