Avanza la investigación contra Giorgi por el reparto de subsidios
El fiscal federal Gerardo Di Masi formuló el requerimiento de instrucción e impulsó la acción penal de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió por el reparto de subsidios del Ministerio de Industria a empresas en las que figuran como directivos funcionarios o allegados a esa cartera.
Di Masi impulsó la investigación aunque todavía no imputó a nadie en concreto. "En razón del estado embrionario de las presentes actuaciones no es posible por el momento dirigir imputación alguna contra persona o personas determinadas", sostuvo el fiscal en el dictamen que le entregó al juez federal Sebastián Casanello.
Varios funcionarios del Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, que resuelven el pago de los subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital son ellos mismos dueños de un grupo de empresas a los que están destinados esos fondos.
Entre los beficiarios de los bonos que el Estado ofrece desde 2001 para saldar desventajas por aranceles de importación con reintegros del 14% en las ventas (que bajan al 12,5% cuando se les descuenta el IVA), hay asesores y agentes vinculados a la cartera que conduce Giorgi y profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esa operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
Para obtener esos bonos, se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos. Después de seis meses y auditorías a través de convenios con universidades, si no hay imprevistos las compañías reciben los bonos.
En Industria negaron que haya funcionarios al frente de empresas que cobren subsidios de esa cartera, asegura el matutino que ante la consulta sobre varios casos, detalla que “sólo admiten como empleados a dos de ellos, dedicados a tareas menores”.
El principal sector para el pago de subsidios es la Subsecretaría de Coordinación, que conduce el contador Marcos Ricardo Coy, en la que hay varios asesores o colaboradores sin cargo específico. Según La Nación, algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA, que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos. Y esos gestores integran, al mismo tiempo, directorios de empresas que reciben los subsidios.
La denuncia de Carrió
La diputada nacional Elisa Carrió denunció a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", tras salir a luz el reparto de subsidios a empresas en las que figuran como directivos funcionarios de ese organismo.
En la denuncia, se advierte que tanto la ministra como otros funcionarios salpicados por la investigación "habrían cometido actos en oportunidad del ejercicio de sus funciones, los que podrían configurar negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal) y/u otros posibles actos ilícitos".