Barbas de impunidad

Hoy se cumplen dos meses, exactamente, desde el momento en que se le hizo entrega a Mauricio Macri del bastón presidencial y se le tomó juramento sobre la Constitución Nacional. Cuentas pendientes y la preocupante inacción judicial

Sabemos que sesenta días es un lapso de tiempo muy corto como para solucionar los principales problemas económicos y sociales que afronta el país, y más teniendo en cuenta la pesada herencia que dejaron los 12 años de gobierno kirchnerista, pero también es cierto que durante todos estos días se podría haber hecho mucho más para que los responsables de haber saqueado el país estén en el banquillo de los acusados y no disfrutando de vacaciones.

Salvo el caso de la piquetera kirchnerista Milagro Sala, que terminó tras las rejas ante las contundentes pruebas aportadas por el gobierno de Gerardo Morales a la Justicia, prácticamente nada se ha hecho respecto para que los grandes corruptos de la era K comiencen a pagar por todo el daño ocasionado al país.  A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, para que Sala termine presa no se tuvo que esperar los resultados de supuestas auditorías, que llamativamente jamás finalizan, o esperar dictámenes de organismos de contralor que se encuentran infiltrados por personajes como Ricardo Echegaray –en la Auditoría General de la Nación- que también deberían estar tras las rejas.  La realidad es que las pruebas del saqueo que se produjo en la Argentina están a la vista, al alcance de todos, ya que los K han dejado los dedos marcados por todos lados.

Pese a todo lo que se confirmó en relación a la mafia de la efedrina durante la era K, salvo aquellas denuncias presentadas por Elisa Carrió desde la trinchera de Cambiemos, que es aliada pero no forma parte de la gestión macrista, ningún funcionario del gobierno solicitó formalmente a la Justicia que Aníbal “La Morsa narco” Fernández sea citado a declarar. Tampoco se mostró voluntad política de colaborar con el avance de la causa Hotesur, que involucra directamente a Cristina y Máximo Kirchner, quedando todo supeditado al esfuerzo que viene realizando la denunciante Margarita Stolbizer y su equipo de colaboradores.   

Personajes nefastos

Por eso, ante la impunidad reinante, personajes nefastos como Amado Boudou y “La morsa narco”, como el diputado nacional ultra K Carlos Kunkel y el piquetero Luis D´Elía, vuelven a exponerse públicamente, en gesto desafiante, como lo hicieron ayer y durante los últimos días. Parecieran gozar ante la falta de acción de la Justicia, pero a diferencia de lo que ocurría cuando estaban en el poder, exhiben cierto temor ante la reacción de la gente. Por eso, varios de los corruptos K comenzaron a lucir una tupida barba, en lo que parece ser una suerte de camuflaje para evitar ser identificados y ser escrachados públicamente. 

La falta de castigo a la corrupción está llevando a que los ciudadanos que, masivamente, votaron por el cambio en las últimas elecciones, estén empezando a desilusionarse con las instituciones y hasta decidan a hacer justicia a su manera, con pequeños pero valientes gestos. De ello puede dar cuenta el inefable ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que la semana pasada tuvo que retirarse de un restaurant de Mar del Plata ante el repudio generalizado de los comensales.

La desilusión se pone de manifiesto también al ver cómo, como el caso La Plata, el cambio aún no llegó. Y el intendente decide, entre gallos y medianoche, ampliar escandalosamente los beneficios de la empresa que es responsable que la ciudad esté colapsada por la basura (VER). Algo similar ocurre en el Puerto de La Plata que, a dos meses del cambio de gobierno, sigue en manos de personajes seriamente sospechados de corrupción (VER). 

El rol de la Justicia

Ahora bien, además de la responsabilidad del poder político, llegó el momento de que sectores de la Justicia se pongan los pantalones largos y dejen de mirar para otro lado. Por ejemplo, es un paso adelante y debe ser valorado en su justa medida que, desde el gobierno de la Provincia, se reconozca la corrupción en el IOMA y se anulen los convenios sospechados de haber servido como plafón para el pago de exorbitantes sobreprecios y para el robo sistemático de recursos que aportan los trabajadores.  Lo que llama la atención es que desde el gobierno se diga que se piensa recurrir a la Justicia, cuando sólo en La Plata ya hay no menos de 15 denuncias penales realizadas en los últimos cuatro años por profesionales del IOMA con abundante pruebas. Cabe preguntarse entonces: ¿se trata de una medida dilatoria del gobierno hasta que baje la espuma y nada cambie?, ¿o existe real desconfianza respecto a la actuación de la Justicia bonaerense dado que, en los últimos 20 años, jamás se metió preso a un funcionario provincial por la destrucción de la educación pública, de los hospitales,  el vaciamiento de ABSA y los negociados en la obra pública?

Muchos de los jueces y fiscales que deberían investigar la corrupción son los mismos que, por ejemplo, archivaron en tiempo récord la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli, días antes de los comicios presidenciales, sin siquiera cumplir con el mínimo requisito de presentar la apelación correspondiente.

No todo está perdido. Aún se está tiempo de corregir los errores y empezar a cumplir con el cambio que votó la ciudadanía. De lo contrario, muchos de que los que hoy tienen las riendas del Estado, sufrirán lo que advertía Juan Domingo Perón: “el pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.