Bono de la discordia: ahora dicen que será de $2.000 y “no obligatorio”

Mientras los gremios verdaderamente representativos buscan una auténtica recomposición salarial, el Gobierno hizo “un acuerdo fantasma” con sectores gremiales históricamente obsecuentes. El beneficio será para los privados y por ahora no alcanza a los estatales

Una vez más un cónclave entre el Gobierno nacional, empresarios y representantes de la mesa tripartita que conduce la CGT dejó sabor a poco. Concretamente, tras una reunión celebrada ayer, desde la Casa Rosada anunciaron con bombos y platillos que llegaron a un acuerdo para establecer como referencia la cifra de $2.000 para un bono de fin de año en el sector privado, que ahora quedará sujeto a las distintas negociaciones .

En rigor, desde diferentes ámbitos afirmaron que el anuncio es “la nada misma”. Por un lado, porque los dirigentes sindicales que se hicieron presentes tienen un ínfimo nivel de representatividad. Y lo mismo sucede respecto a los referentes empresariales. En ese contexto, gran parte de los sindicatos rechazan la idea de que se otorgue un bono, dado que su reclamo pasa por una auténtica recomposición salarial que permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación. “Pagar un bono, que encima seguramente será en negro, lo único que hace es agravar los problemas, ya que los trabajadores al mes siguiente de cobrar ese bono verán reducido su salario. Acá lo que se tiene que hacer es reabrir paritarias, y que cada sector discuta aumentos salariales de verdad”, dijeron referentes del sindicalismo bonaerense consultados por diario Hoy. 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, agregó que lo firmado entre empresarios y sindicalistas es “una declaración política” y “no un decreto o una orden judicial”, para dejar en claro que no hay obligatoriedad en el pago del bono extraordinario.

El acuerdo solo corre para el sector privado, ya que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, explicó que no se trató en la mesa un bono para los trabajadores del Estado e indicó que eso dependerá de la decisión de cada provincia. En el caso de la administración bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal ya mandó el mensaje de que no tiene previsto otorgar ningún bono. “Somos muy respetuosos del federalismo, es una discusión de cada jurisdicción”, argumentó Prat Gay al sentar la postura del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, evitó indicar si la base de $2.000 también regirá para los trabajadores estatales y señaló que el Ministerio de Modernización “está haciendo las evaluaciones” para establecer “en los próximos días” qué remuneración puede otorgar para fin de año.

Triaca señaló que “la idea es ayudar a las pymes” para que puedan enfrentar el pago del bono y destacó la reciente reglamentación por parte de la AFIP de la Ley Pyme. Consultado sobre alguna exención impositiva a las pymes para afrontar el bono, el titular de la cartera laboral señaló: “Hubo voluntad de financiamiento del sector financiero y bancario para poder ayudar a las pymes para que puedan alcanzar este bono”.

Por otra parte, el ministro de Trabajo descartó el reclamo de las organizaciones sociales de que el bono de $1.000 por Asignación Universal por Hijo (AUH) sea otorgada por cada hijo o hija y no por grupo familiar, como lo dispuso el Gobierno.

“Hemos hecho el máximo esfuerzo. Tenemos una mesa de diálogo que encabeza la ministra (de Desarrollo Social, Carolina) Stanley y creemos que podemos avanzar en ese sentido, pero cualquier otra novedad la comunicaremos en otro momento”, definió.

En el encuentro realizado esta mañana en el Museo Casa Rosada estuvieron presentes los funcionarios del Poder Ejecutivo, la cúpula de la CGT, encabezada por los triunviros Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid. El primero responde a uno de los exponentes más polémicos del sindicalismo: Luis Barrionuevo, quien acaba de decir que hay que darle dos años a Macri hasta empezar a hacerle reclamos. Mientras que Daer responde a uno de los denominados “gordos”: Carlos West Ocampo, considerado como “un histórico” alcahuete de los gobiernos de turno. En tanto Schmid atraviesa una situación delicada desde el punto de vista político, ya que llegó de la mano de Hugo Moyano y ahora el hijo del jefe de camioneros amenaza con romper con la central obrera, en clara disconformidad con la actitud pasiva asumida ante el macrismo.

En tanto, en el cónclave estuvieron los representantes del G-6: Adrián Kaufmann Brea (Unión Industrial Argentina), Juan Chediak (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Llambías (Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino), Jorge Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio), Claudio Cesario (ABA) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina). Es decir, son dirigentes que no tienen poder de decisión respecto a la enorme mayoría de las empresas que generan trabajo en la Argentina, en especial las pymes, que atraviesan un momento por demás delicado.