Cadena de responsabilidades
EN FOCO
El caso del cura Grassi plantea numerosos interrogantes que deberían ser oportunamente aclarados para evitar que un personaje tan nefasto, que porta sotana pese a estar condenado por la Justicia, siga gozando de escandalosos privilegios.
Por un lado, es evidente que Grassi cuenta con protección de sectores que aún conservan poder dentro de la Iglesia, que se resisten a aceptar el mensaje de transformación del Papa Francisco.
El Sumo Pontífice, en reiteradas oportunidades, condenó públicamente la pedofilia y actuó en consecuencia. Por ejemplo, poco tiempo después de hacerse cargo del trono de Pedro, se negó a saludar al cardenal norteamericano Bernard Law, acusado de haber encubierto a unos 250 curas pederastas involucrados en unos 5.000 casos de abusos sexuales a niños, entre 1984 y 2002, cuando fue Arzobispo de la diócesis de Boston. Eso no es todo: también le prohibió la entrada en la Basílica Santa María.
En ese escenario, resulta un escándalo que Grassi, que fue condenado por la Justicia a 15 años de prisión efectiva por abuso sexual infantil y corrupción de menores (el año pasado la Suprema Corte, el máximo tribunal de la Provincia, confirmó el fallo), siga oficiando misa. Evidentemente, hay sectores en el clero local y en el Vaticano que se niegan a soltarle la mano.
Asimismo, el gobierno nacional también miró para otro lado. De lo contrario no se explica cómo, estando Grassi preso, el cura pudo seguir manejando los hilos de la fundación, que nunca dejó de recibir niños en situación de indefensión. Resulta poco creíble que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que cuenta con un presupuesto exorbitante -que sale que de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos- para desplegar las políticas clientelares del gobierno K a lo largo y ancho del país, no hayan estado al tanto del desvío de las donaciones y del presunto manejo irregular de los fondos que entraban a la entidad.
A nivel nacional, existe la denominada Inspección General de Justicia que tiene la función de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una parte de la fundación Felices los Niños funciona en Capital Federal y debería haber sido auditada, algo que evidentemente nunca ocurrió.
Obviamente, el gobierno bonaerense también tiene una enorme responsabilidad por lo ocurrido. El descontrol que se vive en varias cárceles de la Provincia, donde existiría un importante grado de connivencia entre los responsables de los penales y determinados presos, fue el caldo de cultivo para que el sacerdote pudiera desplegar su accionar.
Grassi pudo hacer lo que hizo porque existe todo un sistema putrefacto que lo avala y lo protege. Por ello, para evitar que se repitan situaciones similares, es necesario avanzar en reformas estructurales y de fondo.
Nuevos allanamientos en el call center
Nuevos allanamientos tuvieron lugar anoche en una de las sedes de la Fundación Felices Los Niños, donde funcionaría un call-center para recaudar dinero donado a esa entidad.
Según indicaron fuentes del caso, los procedimientos tuvieron lugar en la sede del Hogar San Juan de Dios, ubicada en Charlone al 700, en Colegiales, donde también funcionaría el sistema telefónico de donaciones.
Efectivos de la Policía Federal dependientes de la Superintendencia de Investigaciones fueron convocados por la fiscal de Morón a cargo de la causa para investigar si se desviaron donaciones de la fundación hacia la cárcel de Campana, donde cumple arresto el cura Julio César Grassi por corrupción de menores.
En el 2009 una jueza civil había ordenado el cierre de esa sede del hogar de menores de edad por supuestas vejaciones, abusos y malos tratos que habrían sufrido los 37 niños alojados allí.
Unos doce niños se resistieron a ser desalojados y la jueza terminó aceptando que los menores de edad quedaran allí bajo el cuidado del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires.