Canallada K contra la familia de Nisman

El gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, ahora va contra la hermana y la madre del fallecido fiscal por presunto lavado de dinero. Se trata del mismo organismo que protege a funcionarios y amigos del poder sospechados de corrupción

Escupiré sobre vuestra tumba. Como la afamada novela del escritor francés Boris Vian, así podría titularse la serie de atropellos que el kircherismo le propina a quienes considera sus enemigos, aún después de muertos. Si no los puede comprar, si no los puede someter, los aniquila.

Con el fallecido fiscal Alberto Nisman, esa actitud se exacerba hasta el paroxismo. Porque luego de que el gobierno lograra cerrar la denuncia del exfuncionario contra la presidenta Cristina Kirchner -a la que acusó de buscar la impunidad de Irán en la causa AMIA-; y tras la andanada de críticas que, desde la presidenta para abajo, recibió; ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) impulsó una causa por violación de normas bancarias y lavado de dinero contra la hermana de Nisman, Sandra, y su madre, Sara Garfunkel, una mujer de 71 años que lleva más de siete meses sin saber cómo y por qué murió su hijo, días después de haber denunciado a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los autores del atentado a la AMIA. Desde aquel fatídico 18 de enero (cuando el fiscal fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, un día antes de ir al Congreso, donde iba ampliar su denuncia contra la Jefa de Estado y otros funcionarios), el kirchnerismo ha continuado descerrajando contra el cuerpo del muerto que más lo inquieta. 

Un muerto que incomoda

Esta vez fue por su familia, pero también alcanzó al empleado informático Diego Lagomarsino (dueño del arma que mató a Nisman) y al empresario Claudio Picón. La solicitud del fiscal federal Juan Pedro Zoni fue realizada ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien días atrás adelantó que podría investigar a Nisman y su entorno por “lavado de dinero y sobornos, a raíz de las transferencias recibidas en una cuenta bancaria que tenían en Nueva York, Estados Unidos”, y aseguró que tiene registros de ingresos de fondos que habrían ordenado, entre otros, el financista Damián Stefanini (desaparecido desde octubre de 2014) y el empresario Picón. El pedido incluye embargos hasta cubrir 80 millones de pesos sobre los bienes de los denunciados.

Doble moral

Resulta irrisorio que la UIF, encabezada por José Sbattella (ver páginas 3 a 6), impulse esta causa, haciendo “como que investiga”, justamente contra el entorno de Nisman, cuya muerte es una sombra insondable e incierta; atacando elípticamente al fiscal, otra vez; cercando a su madre, que espera que la fiscal de instrucción Viviana Fein, la jueza Fabiana Palmaghini o alguien le diga cómo murió su hijo, para cerrar en paz su duelo. 

Tan hipócrita como investigar las cuentas del denunciante de la presidenta, sin antes determinar cómo falleció, resulta que la UIF establezca una doble moral en la que los amigos del poder quedan exentos de ser investigados por lavado de dinero, tal como sucede con la causa Hotesur, un dolor de cabeza para los Kirchner y empresarios como Lázaro Báez.  Pero hacia allí no se apunta, porque el kirchnerismo nos enseñó que las balas siempre se disparan contra los enemigos. Aunque estén muertos y no se puedan defender.  

Abogados de Arroyo Salgado apuntan contra un custodio

Los abogados querellantes contratados por la exesposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, en la causa por la muerte del fiscal, pidieron a la Justicia que solicite un informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires, para determinar si el efectivo de la Policía Federal, Rubén Benítez, y uno de los custodios del difunto funcionario, se desempeñó allí en enero pasado. El propio Benítez habría consignado en su declaración que trabajó como custodio en la delegación diplomática cubana, lo que alimentó versiones que indicaban que Nisman habría sido “asesinado por un comando venezolano-iraní, entrenado en Cuba”.

El pedido está contenido en un escrito presentado por los abogados Juan Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica dentro de una solicitud de “reasunción” de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen.

La querella pidió también el testimonio de Armando Antao Cortez, secretario de la UFI AMIA; de Walter Vargas, uno de los secretarios letrados de Nisman; de la enfermera Jessica López, quien fue la primera persona que supuestamente vio el cadáver de Nisman; de la médica de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal, Gabriela Piroso; y del periodista Roberto Navarro, quien “el domingo 18 de enero refirió tener información de que el fiscal Nisman no iría al Congreso el día lunes, una hora antes de que se lo encontrase sin vida”.

Stolbizer suma denuncias en el marco de la causa Hotesur

La diputada nacional y candidata a presidente por Progresistas, Margarita Stolbizer, pidió en la Justicia que el gobierno nacional presente un informe “más detallado” sobre los montos que las empresas de Lázaro Báez recibieron para realizar obras públicas.

Stolbizer hizo el pedido al juez federal Daniel Rafecas en el marco de la causa Hotesur, en la que se investiga a la familia presidencial y a Báez por presunto lavado de dinero.

Según el Ministerio de Planificación, las empresas de Báez, “recibieron desde 2003 hasta la actualidad 1019 millones de pesos de parte de organismos nacionales para realizar obras públicas”, lo que representa apenas un 0,3% de los montos totales asignadas a compañías. 

Para la titular del GEN, ese informe es “incompleto a los fines de establecer cómo fue la ejecución de cada una de estas obras y cuál fue el monto ejecutado a la fecha”.