Carrió solicitó el juicio político contra Lorenzetti para investigar “su oscuro patrimonio”

La legisladora realizó un pedido formal ante el Congreso, acusando al presidente de la Corte de crear un “aparato de inteligencia paralelo”. El proyecto deberá ser girado a la comisión de Juicio Político para que se pronuncie al respecto 

La diputada nacional Elisa Carrió presentó ayer en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, ante la necesidad de “terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República”. La legisladora considera que hay que investigar al magistrado desde “su oscuro patrimonio” hasta lo que definió como “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”.

Firme en su objetivo de destituir al titular de la CSJN, la diputada presentó en la mesa de entradas del Congreso el pedido de enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones. En las 84 páginas redactadas por la legisladora de la Coalición Cívica (CC) se pide investigar los antecedentes de Lorenzetti y su llegada al máximo tribunal del país, sosteniendo que el letrado es responsable de “la usurpación al Congreso de facultades legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública”. 

“Mal desempeño”

La solicitud de Carrió acusa al titular del máximo tribunal de “mal desempeño”, asegurando que existe “ausencia de transparencia” en su patrimonio. “No cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce”, asegura el documento presentado por la diputada. “Nadie controla a Lorenzetti: la destrucción del sistema de control interno” es uno de los puntos del escrito, en el que la legisladora sostiene que el Consejo de la Magistratura “cuenta con un sistema de control del manejo de los recursos económicos muy básico y muy limitado que habría sido marcadamente diluido a partir de 2007”, año en que el abogado asumió como presidente de la CSJN. 

Carrió advirtió que el juez está construyendo un “aparato de inteligencia paralelo” a través de un sistema de escuchas “manejado sin independencia, o con un disfraz de independencia que queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el presidente de la Corte, quienes están en puestos claves”.

Los testigos

Como testimonios para iniciar la investigación, la legisladora requirió que se convoque a los jueces federales María Servini de Cubría y Ariel Lijo; al exsenador, Mario Cimadevilla; al exsecretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y al diputado nacional y exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

También solicitó declaraciones testimoniales del titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, y de su antecesor en el cargo, Leandro Despouy, así como de la diputada porteña por la CC ARI, Paula Oliveto Lago, y del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros. Ingresado formalmente, el proyecto deberá ser girado a la comisión de Juicio Político, que preside el diputado Álvaro González, para que resuelva si dar curso o no al pedido de Carrió. 

El contraataque 

Al mismo tiempo en que se conoció la solicitud de Carrió, Lorenzetti envió una carta documento a la diputada, intimándola a que se retracte de sus “falsas acusaciones” que fueron “gravemente lesivas” en su “honor” y su “imagen personal”. El juez le exigió lo mismo a la magistrada María Romilda Servini de Cubría, pidiéndoles a ambas que en 24 horas se rectifiquen sobre los presuntos “aprietes” y “presiones” que le adjudican haber llevado a cabo.

La diputada y la jueza salieron al cruce del titular de la Corte cuando, la semana pasada, se restableció la edad límite de 75 años para los funcionarios judiciales que ejerzan en sus cargos. Carrió afirmó que la medida había sido promovida por Lorenzetti, que escondía intenciones “espurias”, y Servini de Cubría denunció “presiones” en su contra, afirmando tener conocimiento de otros funcionarios que también fueron aparentemente “apretados” para “cerrarle causas”. 

En la carta a la diputada nacional, el titular de la Corte Suprema le señala que “desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna”, y por eso considera que hasta el momento fue “tolerante, como co­rresponde a una persona pública, pero ya se han traspasado todos los límites de lo razonablemente exigible”.

Además, Lorenzetti le recuerda a la legisladora que ya fue denunciado por ella por enriquecimiento ilícito y que en ese entonces “tanto el fiscal como el juez, en dos oportunidades, se expresaron en el sentido de que no había nada objetable”, dictándole el sobreseimiento. “Es decir, mi patrimonio fue investigado y hay una sentencia firme. Usted fue informada de todo ello y lo aceptó. Así como es su derecho denunciar, es su obligación respetar las decisiones judiciales. Sin embargo,continuó con sus acusaciones”, afirmó el titular del máximo tribunal. Si Carrió y Servini de Cubría no se retractan públicamente, Lorenzetti les iniciaría un juicio por daños y perjuicios.