Casanello evalúa el cierre de la mina Veladero

Para determinar daños, el magistrado aguarda los resultados de una inspección ocular. La misma podría aportar datos sobre responsabilidades políticas

El juez federal Sebastián Casanello consideró que los sucesivos derrames de productos contaminantes por parte de la empresa Barrick Gold en la mina sanjuanina Veladero “obligan a considerar de modo definitivo su cierre”. Además, exigió documentación sobre el resultado de una inspección ocular en el lugar, que podría ser clave en la decisión.

El magistrado investiga si la actividad de las minas Veladero y Lama, de la firma Barrick Gold, afecta la zona de glaciares y preglaciares. Se trata del único tramo de la causa con el cual se quedó, ya que fue sospechosamente corrido de la investigación ante la posibilidad de que afectara a funcionarios nacionales y provinciales por los sucesivos derrames de agua con cianuro. 

Del año 2015 a esta parte se produjeron tres derrames de agua con cianuro, los cuales encendieron alertas con respecto a la labor que desempeña la empresa canadiense en la zona. La Corte Suprema le quitó el expediente a Casanello el año pasado, utilizando como argumento que toda la causa debía investigarse en el juzgado de Jáchal, donde ocurrió el primero de los tres incidentes.

El fallo de la Corte generó suspicacias porque las derivaciones del caso podrían tener alcances sobre el actual ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. En ese panorama, la actividad de la agrupación “Asamblea Jáchal no se toca” logró que se analizaran los hechos como un delito federal y por eso ahora el juez Casanello reclamó que se investigue si la actividad de la mina viola la Ley de Glaciares.

El magistrado está reclamando “con urgencia” una inspección ocular que él mismo había ordenado en 2016 para saber si hay contaminación, cuyos resultados no se conocen oficialmente. Es más: ni el propio Casanello pudo tener acceso a los mismos. La información contenida de esa inspección resulta de una importancia fundamental para establecer responsabilidades sobre las actuaciones de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de Energía y Minería nacional, así como el de San Juan, y de la gobernación provincial.