Con el tarifazo del gas, se concreta la estafa

Comienzan a llegar las boletas con aumentos siderales. Uno de los dueños de Camuzzi es el exjefe de Gabinete del gobierno de De la Rúa. Está acusado de otorgar créditos millonarios de forma irregular

En estos días comienzan a llegar las boletas de gas con el fuerte aumento avalado por el gobierno nacional que sólo beneficia a empresas monopólicas, mientras sacude las cuentas familiares. Así, una vez más, se concreta una estafa que le llena los bolsillos de los amigos del poder político, a costa de la gente. 

Los incrementos de hasta el 280% en las boletas de gas de Camuzzi ya encendieron una luz de alarma entre los ciudadanos, cuyas quejas ya no sólo se limitan al excesivo aumento, sino que también alcanzan a la deficiente prestación del servicio: poco y nada se está haciendo para mejorar la red de distribución de gas.

Ahora bien, ¿quién es la cara invisible detrás del exagerado tarifazo? Hoy, las estructuras societarias de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur están compuesta por Camuzzi Argentina S.A. y Jismol Company S.A., cuyo presidente es Chrystian Colombo, el polémico exjefe de Gabinete del gobierno de Fernando de la Rúa.

El “Vikingo”, tal como lo apodan, también fue gerente del mercado de Capitales del Banco Río de la Plata y vicepresidente de la Sociedad de Bolsa Macro. Pero sin lugar a dudas, será recordado por haber sido protagonista principal de un escándalo por lavado de dinero. En el año 2001, las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña presentaron una serie de documentos que ponían al descubierto las turbias maniobras del ahora empresario. En concreto, las denuncias apuntaban a Colombo por avalar millonarios créditos -en beneficio del Grupo Yoma y en desmedro del erario público- siendo presidente del Banco Nación. Para peor, se lo cuestionó por haber ocultado información pertinente al oscuro negocio con la familia Yoma (y, por ende, con los máximos referentes del menemismo), sobre todo considerando que ocupaba un rol importante en el gobierno nacional. Sin embargo, Colombo salió prácticamente ileso de las controversias que rodeaban a su figura. Tan es así que, en un intento por lavar su imagen, se retiró de la política y decidió seguir su camino como empresario a nivel local.

Justamente, en el historial del exjefe de Gabinete también figura un breve paso como presidente del grupo Desarrollo y Gestión (DyG), que controla la fábrica de golosinas marplatenses Havanna desde el año 2004 -cuando el fondo de inversiones Exxel Group optó por traspasar la propiedad en medio de rumores de quiebra-.

Tiempo después, dejó los alfajores de lado y se metió de lleno en la industria energética, convirtiéndose en accionista minoritario indirecto de las compañías que, hoy por hoy, constituyen en conjunto la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45 % del país en dos regiones contiguas.

Las ganancias aumentan, pero no se refleja en inversiones

Como sucedió a lo largo de la década ganada del kirchnerismo, Camuzzi se convirtió en otra empresa que aumentó su patrimonio a niveles exponenciales, pero obvió por completo las necesarias inversiones para mejorar el nivel de la prestación del servicio de gas.

Fue Hoy el que puso en relieve esta situación al señalar en sus anteriores ediciones que la firma en su último balance tuvo un aumento de la ganancia bruta de más del 100%, algo que le permitió, en definitiva, revertir la pérdida de patrimonio neto en el último año. Pero la otra cara de la moneda arroja un panorama desolador: lejos de optimizar el servicio, Camuzzi incrementó casi nada sus costos, sobre todo aquellos relacionados a las inversiones.

“Hasta ahora se estuvo subsidiando a las empresas con el resultado conocido: no hicieron las inversiones para mejorar la calidad del servicio. Es un sistema que también se presta a que haya casos de corrupción con los funcionarios públicos”, dijo a Hoy el titular Consumidores Libres, Héctor Polino.

Según explicó Polino, “hay que obligar a las empresas a invertir para ampliar las redes de distribución a aquellos usuarios que hoy se tienen que abastecer con el gas licuado de petróleo, es decir, el gas en garrafa, que es entre 7 y 10 veces más caro que el gas por redes”.

“Hay que terminar con ese sistema y subsidiar a los usuarios que por sus niveles de ingreso no tienen una capacidad económica para pagar una tarifa plena”, concluyó el representante de la entidad de defensa de los consumidores.