Con un nuevo DNU, el Gobierno modificó la Ley de Migraciones

Ayer, con la firma de Mauricio Macri, se publicó en el Boletín Oficial la norma que busca acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que se describió como “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.

En sus considerandos, el DNU 70 consigna que, “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión, dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”.

Asimismo, argumenta que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”. 

En ese sentido, la norma establece la reglamentación de “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.

Motivos de expulsión

El decreto dispuesto por la administración de Mauricio Macri establece como causales para impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros en territorio nacional la presentación de documentación falsa, el haber sido objeto de medidas de expulsión o prohibición de ingreso, haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior.

Tampoco podrán ingresar aquellos individuos vinculados con “delitos de tráfico de armas, personas, estupefacientes, órganos o tejidos, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

La medida alcanza además a quienes hayan “incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional”.

Residencia precaria

La nueva norma puntualiza que, como consecuencia de los controles implementados en la Dirección Nacional de Migraciones, “se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria”.

Atento a esto, el Gobierno nacional sustituyó el artículo 20 de la Ley n° 25.871 de Migraciones, que regía hasta el momento, y lo reemplazó por uno que señala que “los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de residentes permanentes, residentes temporarios, o residentes transitorios”.

Asimismo, la disposición establece que, hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de residencia precaria, que será revocable por la misma cuando se “desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento”. 

El artículo también señala que la validez de la residencia precaria será de 90 días corridos renovables, hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia”.

En ese, sentido se explica que “la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada”.

Desde la gestión macrista niegan “cambios en la política migratoria”

El director nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo ayer que la modificación de la Ley de Migraciones “solamente atañe a la cuestión de seguridad y no tiene que ver con cambios en la política migratoria, que sigue siendo profundamente amplia”.

“Evidentemente somos un país muy abierto. Lo que queremos es poner límites a los que vienen a delinquir”, manifestó en declaraciones periodísticas, mientras detalló que en 2016 ingresaron “215.000 personas y alcanzaron la radicación”. 

García insistió en que “las indicaciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron terminantes: ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos, y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”. En ese sentido, afirmó: “Ahí vamos a ser terminantes y vamos a tratar de expulsarlos”.

El funcionario puntualizó que se busca “principalmente que haya una reducción en los plazos del proceso” judicial y administrativo de un extranjero en trámite de expulsión del país por tener antecedentes penales, y aseguró que están “todas las garantías” de derecho para los extranjeros sospechados de cometer delitos, en el marco de un “proceso estándar” como poseen la mayoría de los países.

Los números oficiales

- 21,35% de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal es de nacionalidad extranjera.

- 33% de las personas bajo custodia por delitos vinculados a la narcocriminalidad del SPF son extranjeras.

- 60.000 es el total de presos en el país.

- 10.000 pertenecen al Servicio Penitenciario Federal.

- 4,5% de la población total es extranjera, según el último censo nacional.