Convenios con irregularidades: allanaron la sede platense de la UTN

El operativo duró ocho horas y fue realizado por personal de la Policía Federal. Se dio en el marco de las denuncias penales relacionadas con acuerdos que se firmaron durante el gobierno kirchnerista. El decano podría dejar el cargo  

Agentes de la Policía Federal allanaron ayer las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata. Lo hicieron en el marco de una de las denuncias penales que tramita en la Justicia Federal, vinculada a convenios que esa unidad académica firmó con el Gobierno nacional durante la era kirchnerista.

Según pudo saber este diario, el operativo habría sido ordenado por el juez Julián Ercolini y duró ocho horas: desde las 8.30 hasta las 16.30. El allanamiento se concentró, específicamente, en dos oficinas de la Dirección de Compras, otras dos de la Dirección Contable y otra de la Fundación. Se habría secuestrado documentación sensible. 

Eso no fue todo: también se habría presentado una nueva denuncia penal contra todos los integrantes del Consejo Directivo –el órgano de co-gobierno de la unidad académica– desde 2008 en adelante por haber avalado –por acción u omisión– los convenios objetados en sede judicial y que fueron firmados con distintos ministerios.  

Según testigos que presenciaron el allanamiento, cuando los efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en la unidad académica, el decano de la Facultad Regional La Plata, Carlos Fantini, habría gritado: “Tengo el pecho grande para frenar todas las balas”. En rigor, el avance de la Justicia puso a Fantini contra las cuerdas y anoche distintos trascendidos indicaban que podría presentar la renuncia y se alejaría del cargo a fin de año. En su momento, les habría manifestado a integrantes del Consejo Directivo que se pensaba ir el 30 de noviembre, promesa que por el momento no cumplió al no poder imponer el nombre de su reemplazante.

En ese contexto, a raíz del escándalo, se estarían por caer cerca de 80 convenios firmados por Fantini, especialmente aquellos vinculados a la prestación de servicios de fotomultas en distintas ciudades y regiones del país, de los cuales al menos tres son investigados por la Justicia Federal. La causa más avanzada es la que se sigue por el contrato firmado con el municipio de Salta.

También trascendió que un arrepentido de la UTN habría aportado a la Justicia Federal y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) un pendrive con información muy comprometedora. Concretamente, se habla de pruebas que darían cuenta de que, sobre un total de 500 profesionales que figuraban como contratados, solamente se habría acreditado que unos 18 prestaban algún tipo de servicio.

Varios de los consultores o auditores que aparecen figurando en los convenios de la UTN La Plata en realidad tenían domicilio en Santa Fe, San Jorge, Rafaela, Sunchales, Rosario y Paraná. Serían parte del plantel de graduados de la sede santafesina de esa universidad y todos ellos negaron en sede judicial haber tenido cualquier tipo de vínculo laboral o comercial con el Ministerio de Desarrollo Social, que conducía Alicia Kirchner, que firmó uno de los convenios con la unidad académica que preside Fantini.

La mayoría de estos escándalos se dieron a conocer a partir de distintas investigaciones publicadas por el diario Hoy en los últimos dos años. De hecho, el pasado 19 de mayo, desde la sede nacional de la UTN, que conduce el ingeniero Héctor Carlos Brotto, se instruyó a la asesoría letrada, de la casa de estudios a cargo de Víctor Damiano, la realización de un sumario administrativo que permita deslindar responsabilidades. 

Muchos de los convenios judicializados habrían sido firmados por el decano, cuando la única autoridad académica con representación para rubricar esos contratos es el rector. 

La resolución interna, que lleva el nº 796/16, consigna que la medida se ejecutó a partir de las publicaciones periodísticas de este diario, en donde se detalló cómo las autoridades locales habrían usado a la Fundación de la entidad, que dirige el ingeniero Carlos López, para manejar los fondos girados desde Nación en 13 convenios, de alrededor de 13 millones de pesos cada uno, los cuales generaron más dudas que certezas. Estos 13 contratos que están bajo la lupa se hicieron bajo la órbita del Plan Argentina Trabaja  del Ministerio de Desarrollo Social.

Una de las cuestiones que más habría molestado a la conducción nacional de la UTN es que desde la Regional La Plata no se habría dudado en falsear los datos de cientos de egresados de otras regionales de la casa de estudios, así como también se habrían usado facturas truchas para asentar gastos imposibles de registrar al emitir boletas a través de un talonario duplicado.

Los alcances de esta resolución interna también alcanzan a la regional de Río Gallegos, que habría sido usada por el exministro Julio de Vido como punta de lanza para lograr grandes contratos públicos en yacimientos carboníferos de Río Turbio en forma directa, sin proceso de licitación.