Crece el escándalo narco que complica a Movistar y a funcionarios K

Luego de que la Justicia allane sus oficinas, la empresa telefónica es acusada de borrar registros telefónicos que vincularían al gobierno con empresarios farmacéuticos. El negocio de la efedrina, en el medio

El escándalo lo tiene todo: tráfico de drogas, cruces telefónicos que revelan la complicidad de funcionarios, una empresa que queda en la mira tras una serie de allanamientos, y la Secretaría nacional encargada (justamente) de luchar contra el narcotráfico, implicada en una nueva trama de corrupción que sacude al gobierno kirchnerista. 

Tras el fallo de la jueza María Servini de Cubría, en el que se procesó a tres funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y a responsables de empresas farmacéuticas por ser partícipes de una maniobra narco internacional con la importación de efedrina, el ingeniero Pedro Alberto Filipuzzi intimó a Movistar por haber supuestamente borrado registros telefónicos que podrían demostrar el vínculo entre las partes. La investigación que lleva adelante la Justicia determinó que se allanen, días pasados, oficinas de la empresa telefónica en busca de datos al respecto. 

En diálogo con Hoy, el integrante del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (CEPETEL), confirmó que envió una carta documento a Movistar Telefónica de Argentina S.A., habida cuenta que la Justicia “sospecha que desde la empresa adulteraron registros de la línea de teléfono que utilizaba el extitular de la Sedronar, José Granero, uno de los funcionarios procesados por haber permitido el ingreso de más de 40 mil kilogramos de efedrina al país entre 2004 y 2008”. 

En una resolución de Servini de Cubría, se puede leer que Granero está procesado por haber permitido “introducir al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes”. Así pues, los llamados que realizó el funcionario, actualmente en Enarsa, son una prueba clave para avanzar sobre los vínculos entre el gobierno K y los empresarios farmacéuticos que permitieron el ingreso de efedrina para abastecer al narcotráfico. 

Filipuzzi alegó que Telefónica / Movistar “tiene la aptitud técnica para conocer todas las claves de acceso de usuarios y sistemas de su propiedad”, y además puede “adulterar, modificar, cambiar o borrar, eliminando su propia auditoría interna, cualquier registro electrónico o informático en provecho propio o de terceros”. Debido a esto, confirmó a nuestro diario la intimación para que “se informe si se borraron datos”, o por caso si “se tiene una relación comercial con narcotraficantes”.  

Cabe destacar que los entrecruzamientos telefónicos ya realizados, sobre más de cien líneas, aportaron datos relevantes (ver aparte). Pedro Paradelo, un empleado del Registro Nacional de Precursores Químicos, registra tres llamados con Sandra Oyarzabal, asesora de Granero y luego empleada de Farmacéuticos Argentinos (FASA). También tiene una veintena de comunicaciones con el Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar, diez con tres abonados de Presidencia de la Nación y una llamada con la Jefatura de Gabinete. 

El cruce entre los distintos organismos del Estado y la complicidad del sector privado sólo puede explicarse por las cuantiosas ganancias que deja el negocio ilegal de la droga. Flajelo que, con aval de la política, ha generado una fuerte ola de violencia social y delincuencia, ha puesto en una situación de vulnerabilidad extrema a millones de jóvenes con escasas posibilidades de progreso, y ha deteriorado las instituciones de la república. 

Los cruces y las conexiones 

Las conexiones entre empresarios y funcionarios K son múltiples, y desembocaron en el allanamiento de Movistar para profundizar en sus relaciones. Por ejemplo, el día que el empresario farmaceútico Guillermo Manfredi fue a la Sedronar para autorizar una importación de efedrina, el secretario de Granero, Aldredo Zacarías, se comunicó con la Casa Militar y con Presidencia.

En mayo, la jueza Servini de Cubría le pidió a la empresa un listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Zacarías, pero Movistar solo aportó los registros a partir de octubre de 2007. Por eso, no estaban dos llamados del secretario de Granero con el empresario Augusto Abraham, de Farmacéuticos Argentinos, registrados en febrero y junio de 2005. Cuando le tocó declarar, Granero dijo que sólo vio tres veces a Abraham, pero omitió mencionar que se trataba de la pareja de una ex asesora suya.

Algo similar ocurrió con la información de la línea utilizada por el ex Director del Registro Nacional de Precursores Químicos de la Sedronar, Julio De Orue, otro de los procesados. Movistar aportó las llamadas desde el 21 de noviembre de 2007, cuando la línea estaba habilitada desde 1998.

Sin “trabas” a las importaciones 

En el fallo en el cual Servini de Cubría procesó al ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, se alega que “se autorizaron el incremento de las importaciones de efedrina en un 1363% en solo 4 años. Se pasó de importar entre 1200 a 1500 kg de efedrina desde los años 1999 hasta 2003, a más de 20.000 kg solo en el año 2007”.

Granero, actual director de ENARSA, ocupó su cargo en Sedronar entre el 2004 y el 2011, período durante el cual hubo un aumento muy grande de la importación de efedrina desde China y la India y que se puede usar tanto para hacer analgésicos como para producir drogas como el éxtasis. Parte de esa efedrina, en vez de usar con usos medicinas, se reexportó a México.

La pelea por el negocio de la venta de efedrina a México fue una de las causas del Triple Crimen de General Rodríguez donde se asesinó a Sebastián Forza y otros dos jóvenes empresarios. Forza aportó 200 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el 2007.

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