El juez Ercolini la acusa de integrar "asociación ilícita"

Cristina, procesada por corrupción

La medida fue ordenada por el juez Ercolini, quien además le entabló un embargo de $10.000 millones. La acusa de integrar una “asociación ilícita” que direccionó la obra pública a Lázaro Báez, a quien define como “su socio comercial” 

El juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidenta Cristina Kirchner como presunta coautora de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta” en la causa sobre direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez durante sus dos mandatos, y el del exmandatario Néstor Kirchner, y ordenó un embargo por $10.000 millones.

La resolución alcanzó también, como supuestos coautores y con embargos similares, al exministro de Planificación y actual diputado nacional Julio de Vido y a los detenidos José López, exsecretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA, entre otros exfuncionarios kirchneristas que, según el magistrado, integraron “una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.

Los argumentos

Para Ercolini, la asociación ilícita se gestó “con miembros que no solo se conocían sino que mantenían vínculos de estrecha confianza, sea por haber formado parte de los órganos de gobierno de la provincia de Santa Cruz o por haber formado parte de la función pública en la intendencia de Río Gallegos, donde el matrimonio Kirchner tenía pleno dominio de la situación”.

Según el magistrado, “todos fueron designados a partir de su formación en lugares clave para poder cumplir con los designios” de la asociación y “todos conocían el pacto que los unía”.

La extensa resolución menciona que el montaje de esa asociación se habría iniciado con “la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción”, actividad a la que era ajeno antes de 2003.

“A tal fin, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios, Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti, formó la firma Austral Construcciones SA”, resume Ercolini.

“Relación personal y comercial”

El otro delito que se le imputa a la expresidenta es el de “administración fraudulenta”. Al respecto, Ercolini sostiene que Cristina “habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”, y que lo habría hecho “con el fin de beneficiar indebidamente al amigo personal de su fallecido esposo y su socio comercial”.

Sobre el rol de la exmandataria, agregó que sus intervenciones “no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido”. 

Según Ercolini, “reviste importancia a los fines valorativos desarrollar la estrecha relación personal y comercial” entre el titular de Austral Construcciones y la familia Kirchner, dado que el empresario era “el último y real destinatario” de las maniobras.