La Plata
Martes 27 de junio de 2017
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Debatirán la Ley de Fueros para facilitar el accionar judicial

Mañana iniciará la discusión para cambiar la legislación, luego de la polémica generada por el diputado kirchnerista Julio de Vido, quien se amparó en esta garantía para evitar un allanamiento en su domicilio

La Cámara de Diputados busca avanzar en el debate sobre la modificación de la Ley de Fueros parlamentarios, a fin de hacer más fácil el trabajo de la Justicia cuando se dispongan allanamientos a propiedades de legisladores nacionales. En este sentido, se pretende modificar la norma para suprimir el requisito de contar con la autorización de las Cámaras que deben cumplimentar los jueces para allanar domicilios u oficinas de los parlamentarios.

La controversia alrededor de la legislación surgió en junio del año pasado, cuando el exministro de Planificación kirchnerista y actual diputado del FpV-PJ, Julio de Vido, recurrió a sus fueros de diputado para impedir que la fuerza pública ingresara a una de sus propiedades. El juez federal Luis Rodríguez debió suspender la inspección que había ordenado realizar en el domicilio del exfuncionario y esperar a que llegara la autorización de la Cámara, lo que sucedió después de casi dos meses. 

La discusión, que comenzará mañana a las 14 en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Pablo Tonelli, se dará en base a un proyecto del diputado Nicolás Massot, el cual busca que se elimine el párrafo de la Ley que condiciona los allanamientos de la Justicia a la previa autorización de la respectiva Cámara. Además, la supresión del artículo en cuestión daría la posibilidad también de que la Justicia pueda interceptar la correspondencia o las comunicaciones de los legisladores. 

Para investigar con libertad

La Ley de Fueros establece que un parlamentario no puede ser apresado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, y prohíbe que se allane el domicilio o las oficinas del acusado. Sin embargo, no limita de ningún modo que pueda llevarse adelante el resto del proceso judicial; incluso se puede alcanzar una condena penal. Esta garantía asegura que los miembros del Congreso puedan llevar adelante su trabajo sin impedimentos, sin que los arresten por obstaculizar algún proyecto o no acordar con alguna política en particular.

“Pedir autorización es un exceso reglamentario que dificulta las investigaciones. Un legislador debe poder ser allanado como cualquier hijo de vecino”, señaló Tonelli. Los diputados tienen otra propuesta para discutir, de la oposición, que propone que “al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas, se deberá comunicar  de tales medidas al presidente de la respectiva Cámara, quien debe estar informado sobre ello antes de que se lleven a cabo y guardar reserva”.

En este marco, el debate se dará entre el proyecto para eliminar el requisito del aval de la Cámara para avanzar con el allanamiento, y la propuesta para que las inspecciones se den solo después de que sea informado el presidente de la Cámara. Ambas ideas fueron presentadas a la comisión de Asuntos Constitucionales, y luego se giraron a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y, con excepción del FpV-PJ, cuentan con el respaldo de la mayoría de los bloques.