Denuncian a dos funcionarios macristas

La legisladora Margarita Stolbizer habría detectado graves irregularidades de dos autoridades de la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Cobros paralelos y presunciones de incompatibilidad en un organismo de control clave. Hasta ahora, ni siquiera iniciaron sumarios administrativos

La legisladora Margarita Stolbizer denunció a dos funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ), un área que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Es que la excandidata a presidenta habría detectado cobros paralelos y presunciones de incompatibilidad. Entre los involucrados está el número dos del organismo de control.

La diputada dio detalles de las irregularidades en una nota enviada al ministro de Justicia, Germán Garavano, y puso en la mira al coordinador ejecutivo, Osvaldo Norte Sabino, y al director del Registro Nacional de Sociedades, Juan Carlos Cahian.

A Norte Sabino se le cuestionó su relación con el estudio Marvel, O’Farrell & Mairal (MO&M), que realiza numerosas gestiones ante el IGJ. Stolbizer también imputó el cobro, en paralelo a su salario, de una jubilación. A ello se sumaron datos de registros públicos: en enero de 2016 el funcionario se inscribió como monotributista y su designación llegó recién en julio, a pesar de que se desempeña desde el inicio del año, según trascendió. También indicó que en  su declaración jurada figura con una deuda de ese estudio por $ 5.202.756. 

En el caso de Cahian, la diputada detectó que “registra aportes en forma conjunta en el mismo período por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la Nación”.

Débiles justificaciones

Los dos funcionarios respondieron por escrito a los cuestionamientos. Norte Sabino, quien tiene un sueldo superior a los 80.000 pesos, explicó que dejó de ser socio del estudio MO&M en agosto de 2015 tras 18 años en el cargo. Reconoció que le deben parte de las utilidades de 2014 y la totalidad de 2015, entre otros rubros. También indicó que renunció a su jubilación al acceder al cargo público, pero reconoció cobros antes de su designación formal. 

Ante las dudas por posible in­compatibilidad, respondió que no se puede identificar en el sistema informático los trámites de un estudio o profesional particular “toda vez que las entidades ingresadas se identifican por un número denominado correlativo”. Nada impide, sin embargo, que el profesional o estudio le indique ese número o que él mismo, con 18 años de trabajo, sepa cuáles son los clientes del estudio que le adeudan cinco millones, explicaron fuentes internas de la repartición. 

Cahian, en tanto, reconoció que se superpuso “la percepción de haberes” entre marzo y abril. Pero aclaró que, una vez se le acreditó el pago en la IGJ, inició la devolución de su sueldo en la Policía Metropolitana donde trabajaba. Su sueldo actual es de más de 58.000 pesos. Fuentes del organismo indicaron que tiene niveles récord de ausentismo y que el inspector le aplicó grandes descuentos, además de pedir su baja. Sin embargo, se le acreditaron haberes con firmas del ministerio, cuando lo usual es que lo autorice el inspector.  

El reclamo de Stolbizer motivó una notificación a la Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, por parte del ministro Garavano. También se pidió un informe a la Secretaría Legal. Llama la atención que desde el Gobierno de Mauricio Macri no hayan iniciado un sumario administrativo.

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