Denuncian que buscan limitar el derecho a huelga en la Provincia

Representantes de los sindicatos bonaerenses más importantes se reunirán hoy para expresar su rechazo al proyecto que crea un tribunal arbitral para dirimir conflictos laborales en la administración pública

Representantes de casi todo el universo sindical de la provincia de Buenos Aires mantendrán una reunión hoy a las 10.30, en la sede del sindicato de Empleados Mensualizados del Hipódromo de La Plata (calle 3, entre 41 y 42), para definir el accionar contra la posible aprobación del proyecto de ley que crea un tribunal arbitral para dirimir los conflictos laborales en el seno de la administración pública bonaerense.

La estrategia que buscan poner en marcha las organizaciones gremiales es similar a la que se instrumentó el año pasado, cuando lograron que se archivara un proyecto que metía mano en los códigos de descuentos. En otras palabras, intentan consensuar un rechazo que sea apoyado por todas las organizaciones gremiales: desde el Soeme y UPCN, pasando por la Fegeppba, ATE, los judiciales y los sindicatos del Frente Gremial Docente (Feb y Suteba), entre otros.

El proyecto en cuestión, que recibió media sanción en el Senado bonaerense el pasado mes de abril y que en cualquier momento podría aparecer en la orden del día de la Cámara de Diputados, surge a partir del artículo 39 de la Constitución bonaerense:  “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”.  En ese mismo artículo se afirma que “la Provincia reconoce los derechos de asociación y libertad sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de los representantes gremiales”.

Una de las funciones asignadas al tribunal, de acuerdo al proyecto, es la mediación, que se pondrá en práctica cuando fracase la conciliación obligatoria. Si ello ocurre, cualquiera de las partes involucradas deberá solicitar o someterse a la intervención del organismo y, acto seguido, la secretaría ejecutiva del tribunal deberá convocar por sorteo público a tres miembros imparciales, en carácter de mediadores, en un plazo no mayor a tres días hábiles. Este trámite deberá finalizar en un plazo máximo de cinco días hábiles prorrogables por única vez, por decisión fundada de la mayoría de los mediadores.

¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo en la mediación? En ese punto está el quid de la cuestión. Entra en juego el procedimiento arbitral, siendo vinculante la decisión final que se adopte y de cumplimiento obligatorio para las partes. 

Ahora bien, según los dirigentes sindicales, el proyecto de ley que surgió para cumplir con lo que manda la carta magna bonaerense, y superar el escollo que el Ministerio de Trabajo bonaerense sea juez y parte en los conflicto laborales de la administración pública provincial, al mismo tiempo sería inconstitucional.  “Nosotros vemos que el proyecto tal cual está hace ilusorio el derecho huelga. En otras palabras, luego de vencerse la conciliación obligatoria, los gremios no tendrían las facultades para tomar las medidas de acción directa. Y tendrían que someterse a este organismo, conformado por conjueces de la Corte, un abogado laboralista y un académico”, dijeron las fuentes consultadas por Hoy.

Un punto específico de la ley, que causa escozor en el ámbito gremial, es que “este organismo arbitral tiene facultades para pedir las medidas de suspensión de acción directa. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo, las partes pueden pedir un arbitraje, que se hace con los mismos conjueces y este arbitraje emitirá un laudo de cumplimiento obligatorio. Los trabajadores únicamente  podrán apelar a la Corte por defectos formales”.

Según el texto de la norma, el Organismo se integrará con siete miembros titulares e igual cantidad de suplentes para el supuesto de vacancia, licencia, excusación o recusación de algunos de los miembros titulares. Sus integrantes permanecerán dos años en el ejercicio del cargo y la función que llevaran a cabo será “ad honorem”. 

Un momento para nada oportuno

Plantear un proyecto que termina limitando el derecho de huelga, en un momento de conflicto social ascendente ante la crisis económica que se está viviendo en la Argentina, es una medida absolutamente desacertada, fuera del más mínimo sentido común.

Por estos días se duplicaron la cantidad de comercios que tuvieron que bajar sus persianas por la crisis, y las automotrices tiene que suspender y despedir a una parte importante de su personal. Además, aquellos que tienen la suerte de preservar su trabajo ven como su salario queda pulverizado por la inflación. Por eso, en este escenario, ponerse a discutir la conformación de un tribunal arbitral para frenar las huelgas es querer embarrar la cancha.

La discusión del gobierno con los gremios debería pasar por otro nivel. El movimiento obrero, como legítimo representante de los trabajadores, además de exigir mejores condiciones salariales para sus representados, debería proponer y exigir una nueva orientación económica, apuntar a las soluciones de fondo para que se genere más riqueza y evitar querer seguir comiendo de una torta que se hace cada vez más chica. En la mesa de negociación se debería estar discutiendo cómo hacer para conservar las fuentes de empleo y cómo hacer para crear trabajo genuino.

La mayoría de los docentes y empleados públicos de la Provincia cobran salarios precarios porque el Estado, con el objetivo de ocultar la desocupación real,  se ha convertido en una enorme bolsa de ñoquis que, como si fuesen capas de distintas eras geológicas, se suman gestión tras gestión. Por eso, en algunas dependencias gubernamentales, si fuesen todos sus empleados, correría riesgo los cimientos del edificio. ¿Cómo se soluciona esta situación? Estableciendo acuerdos entre gremios y autoridades gubernamentales para recrear el escalafón, establecer una carrera administrativa que premie al que se esfuerza y cumple, y castigue a aquel que cobra y no trabaja.

A su vez, es indispensable que se implementen alternativas para crear trabajo genuino en el sector privado. De esta forma, en ciudades como La Plata, evitaremos que la única fuente de empleo sea ingresar a trabajar a una dependencia del Estado.