Denunciaron al fiscal general de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad

La Comisión Provincial por la Memoria aportó datos contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro.

Garello está acusado además por interferir en el polémico concurso para la Policía Judicial donde a través de varios amparos los demandantes cuestionan las designaciones por haber sido “digitadas” y poco transparentes. A su vez sería otro de los fiscales protegidos por la polémica procuraora María del Carmen Falbo.

Según esos datos, el fiscal Fernández Garello habría tenido participación en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y el secuestro y tortura de al menos tres militantes comunistas. Entre 1978 y 1982, según informaron de la CPM, el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) donde “desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado”.

Entre sus actividades -agregaron- se habría infiltrado en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal. La CPM puso inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicitó además su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones.

“Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”, denunciaron mediante un comunicado.

En relación a ese material, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la Dippba, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del mismo espacio político, el 23 de julio de 1981.