El exvice, cera de un tercer procesamiento

Deuda de Formosa: Boudou intentó desvincularse y apuntó contra Insfrán

El exvicepresidente kirchnerista habría cometido una maniobra delictiva para sacar beneficios personales de la renegociación con la provincia. Cerrada la ronda de indagatorias, el juez Ariel Lijo es quien ahora debe decidir la situación procesal de los acusados

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, se presentó ayer junto con su abogado, Eduardo Durañona, ante el juez federal Ariel Lijo, para ser indagado en la causa que investiga su participación, como ministro de Economía, en el millonario contrato de renegociación de la deuda pública de la provincia de Formosa con la firma The Old Fund. En su declaración, afirmó que el convenio se hizo a solicitud “expresa y formal” del gobernador Gildo Insfrán, quien ya negociaba con otro imputado en la causa, Alejandro Vandenbroele. 

“La relación entre Vandenbroele y la provincia es muy anterior a mi asunción como ministro (en 2009)”, intentó defenderse el exfuncionario, quien sostuvo que, cuando llegó a la cartera de Economía, el acuerdo con Formosa ya había sido cerrado por su antecesor en el cargo, Carlos Fernández. 

El vicepresidente de Cristina Kirchner de 2011 a 2015 buscó cargar toda la responsabilidad de los actos en Insfrán y Fernández. Reiterando que “no” conoce a Vandenbroele, expresó que va a demostrar que no tiene “ninguna vinculación con los hechos”. Sin embargo, el exfuncionario, que tiene varias causas en su contra en la Justicia, expuso oralmente durante poco más de una hora negándose a contestar preguntas del magistrado.

“No fue mi idea”

Boudou afirmó que, cuando asumió como ministro, solo mantuvo conversaciones “de carácter institucional y político” con Insfrán, y agregó que el convenio no fue su “idea ni un invento del Ministerio de Economía, por lo tanto nunca pudo haber un mecanismo mío para favorecer a nadie”. Vandenbroele fue contratado y “el asesoramiento ya se encontraba avanzado hacía meses”, según el exvicepresidente. 

“No intervine en la adquisición de la sociedad; no tengo ni tuve participación alguna en forma directa o indirecta dentro de la misma”, declaró el exfuncionario respecto de la firma que presidía Vandenbroele. Lo cierto es que Boudou ya está procesado en la causa por las irregularidades en el traspaso de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, que quedó en manos de la sociedad de Vandenbroele, quien para la Justicia habría sido testaferro del militante kirchnerista. 

Las pruebas que lo incriminan

A pesar de que Boudou niegue cualquier tipo de vínculo con el extitular de The Old Fund, existen varias pruebas que contradicen su palabra. Una de ellas es la factura de una empresa de teléfonos celulares dirigida a la  exfirma de Vandenbroele y a la dirección del departamento de Boudou en Puerto Madero, ubicado en Juana Manso 740. Cabe recordar que fue la exesposa del empresario quien lo acusó de mantener “negocios” con el entonces vicepresidente, lo que derivó en la apertura de la causa judicial por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Dos evidencias más desmienten la versión de Boudou: una factura del servicio de internet y otra del servicio de televisión por cable. Concluida la ronda de indagatorias ordenadas hasta el momento, el juez Lijo quedó ya en condiciones de resolver la situación procesal de todos los imputados, entre quienes, además de los nombrados, están: el amigo y socio del exfuncionario, José María Núñez Carmona; Jorge Ubaldo Melchor, extitular del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro), y Martín Cortés, empresario multirrubro y presidente del Banco de Formosa.

Las claves de la causa

- The Old Fund cobró casi $8 millones en honorarios por “asesoramiento”.

- Cuando fue contratada por Formosa, la firma no tenía antecedentes jurídicos ni financieros.

- El contrato viola la Ley provincial 1.180.

- Se sospecha de una “maniobra delictiva”.

- Para el fiscal a cargo, era una contratación “innecesaria”.

- Los investigados por Lijo: Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele.

- La investigación involucra al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

La AGN auditará el acuerdo entre el Correo y el Gobierno

La Auditoría General de la Nación (AGN) reunió a un equipo técnico exclusivo y comenzó a auditar el concurso preventivo de Correo Argentino SA, tras el escándalo generado por el acuerdo de condonación de deuda entre la empresa y el Gobierno, finalmente cancelado. En este sentido, se informó que iniciaron auditorías en el Ministerio de Comunicaciones, en la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones.

La AGN adelantó que elaborará “dos estudios especiales” sobre el caso, para lo cual también requerirá la colaboración del Poder Judicial de la Nación. 

El Colegio de Auditores Generales deberá presentar, en un plazo de hasta 120 días, los informes correspondientes. El organismo deberá contemplar la verificación del origen de los créditos concursales y postconcursales, y la revisión de metodologías de cálculo aplicadas.