Disuelven la UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro

Así lo resolvió en un fallo inédito el ministerio público de la Suprema Corte de la Provincia. La decisión se da luego de una denuncia presentada por Elisa Carrió contra el proceder del fiscal Claudio Scapolán, acusado de encubrir el accionar narco y su complicidad policial en el norte del Conurbano

En un fallo inédito que cambia las reglas de juego que había hasta el momento planteadas en la Justicia, el ministerio público de la Suprema Corte de la Provincia ordenó ayer la disolución de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) del departamento judicial de San Isidro que conducía hasta la semana pasada el sospechado fiscal Claudio Scapolán.

Mano derecha del suspendido fiscal sanisidrense Julio Novo, Scapolán había sido denunciado hace unas semanas por la diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, de ser la cara visible del Poder Judicial en el montaje de un accionar para encubrir el desarrollo del poder narco en la zona norte del Conurbano, dejando casi una zona liberada para el narcotráfico.

La propia Carrió en una carta enviada al presidente del máximo tribunal provincial, Luis Genoud, relató todas las tropelías que habría cometido el titular de la UFIC en el ejercicio del poder, menoscabando “el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Justicia, y además, trasuntan una importante afectación de la recta administración de justicia, por lo que configuran gravedad institucional”.

La dirigente de la CC-ARI advertía que “el fiscal Scapolán, en otra clara muestra de actividad encaminada a brindar pro­tección y encubrir graves hechos delictivos, como así también a consagrar la impunidad de estamentos del poder”, ayudó al crecimiento exponencial del narcotráfico en el Conurbano norte generando una especie de “zona liberada” en la región.

Mirar para otro lado

En su escrito, el Ministerio Público a través de la fiscal general Beatriz Molinelli, destaca que surge “la necesidad de generar una reestructuración de la Instrucción General”, por lo que se crea una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas en la localidad de San Isidro, que estará bajo el mando de Matías Jon López Vidal.

La principal crítica que da el máximo tribunal en su descargo, es que desde la UFIC que conducía Scapolán, se defendía no solo a los narcotraficantes acusados de diversas infracciones en la zona, sino también que se había tejido una red de complicidades con el poder policial para tapar todo un nicho de corrupción, no investigando “la posible comisión de delitos perpetrados por personal policial en ejercicio de sus funciones”.

En ese sentido, el fallo sostiene que “la dinámica de traslados permanentes del personal de las fuerzas de seguridad que se presenta en la práctica, torna abstracta aquella justificación que propiciaba que los fiscales no investigasen a los funcionarios que se desempeñaban en el mismo distrito”.

La complicidad judicial para no investigar al poder narco es una de las razones que ha llevado al mismísimo Papa Francisco a pedir públicamente evitar la “mexicanización” de nuestro territorio para que no se carcoman las raíces básicas de la sociedad. La acción del ministerio público de la Suprema Corte va en ese sentido, poniendo un coto al accionar del narcotráfico en la Argentina.

Su pasado lo condena

El fiscal Claudio Scapolán, hombre de máxima confianza de Julio Novo, desarrolló toda su tarea judicial en el norte del Conurbano bonaerense bajo el ala protectora del ahora suspendido funcionario judicial.

Su llegada hasta Novo, le hizo también valer la intimidad de otro peso fuerte de la Justicia, como lo es la polémica exprocuradora General bonaerense María del Carmen Falbo, quien en varias oportunidades hizo volver atrás sendas investigaciones que se habían iniciado en su contra por la posible comisión de diversos delitos.

La participación más conflictiva de Scapolán, se dio en el caso del doble crimen del Unicenter de Martínez en julio de 2008, donde habría escatimado las investigaciones para resolver un homicidio con evidente sello narco, en el que participaron sicarios colombianos y donde, por la tardanza en los procesos, fue acusado de obstaculizar la investigación practicada por el fiscal Luis Angelini en el caso.

Esto llevó a que se pidiera su jury por los delitos de “incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delincuentes, encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e instigación al falso testimonio”.