Echegaray y el robo del dólar ahorro

El titular de la AFIP fue denunciado por robo de datos personales que se estarían usando para operaciones millonarias vinculadas con la compra de divisas extranjeras

La semana pasada se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce el polémico y denunciado Ricardo Echegaray, intimó a 75 mil compradores de dólar ahorro por supuestas inconsistencias en operaciones que se hicieron entre enero y agosto del año pasado.

Según informaron desde el ente recaudador, en promedio, uno de cada tres compradores recibieron la notificación, ya que en el período analizado fueron 210.000 los contribuyentes mensuales que, en promedio, fueron autorizados para adquirir el dólar para ahorrar. La AFIP avala comprar la divisa para tenencia por el 20% de los ingresos netos declarados a todo aquel que gane desde $9.432 de bolsillo; es decir el equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil.

La realidad es que, como siempre ocurre con las denuncias y acciones que impulsa Echegaray, se esconderían negocios oscuros. Concretamente, existen sospechas de que las intimaciones habría sido un mecanismo para intentar tapar un escándalo de proporciones, vinculado con la compra de divisas extranjeras a gran escala, que involucraría no sólo a las máximas autoridades de la AFIP, sino también a funcionarios del ministerio de Economía que preside Axel Kiciloff y a integrantes del directorio del Banco Central.

Según pudo saber Hoy, el viernes pasado, en los tribunales de Comodoro Py, el abogado y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa amplió una denuncia penal que había presentado en abril de este año relacionada con la presunta utilización de datos de personas a quienes, de forma encubierta, se les estarían habilitando cuentas corrientes que ellas mismas ignoran, haciéndolas pasar por grandes compradores de divisas extranjeras. Según la denuncia a la que tuvo acceso Hoy, que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Luis Rodríguez, para hacer estas operatorias se estarían falsificando “DNI para abrir las cuentas corrientes, asientos contables, autorizaciones para la compra de dólares por parte de la AFIP. Todo esto con la complicidad del ente de recaudación y del Banco Central”.

“Dos amigos personales (P…. T…DNI 81…..) y (M…B…)  tienen importantes inversiones y declaraciones juradas. Ambos fueron inspeccionados por la AFIP. Sospechosamente, uno de ellos apareció en los registros oficiales haciendo compras en el Banco Nación por U$S 8.950.000, y la otra persona descubrió que había 20 millones en dólar-ahorro que estaba a su nombre. Y la realidad es que ninguna de estas dos personas compraron dólar-ahorro”, afirmó Mussa en su denuncia, donde obviamente pide evitar que se exponga públicamente los nombres de las personas estafadas para que no sufran represalias por parte de la AFIP. Existen sospechas de que habría numerosos casos similares.

El viernes pasado, Mussa aportó nuevos elementos en la causa. “Ricardo Echegaray es la persona más complicada en toda esta trama, ya que hay muchos casos de robo de identidad”, contó el abogado a Hoy.

En los últimos años, Mussa ha realizado distintas denuncias penales contra el gobierno nacional, varias de las cuales pusieron en aprietes a funcionarios K. Por ejemplo, denunció a Amado Boudou por poner un domicilio falso del partido de la Costa –donde está ubicado un médano- en su DNI y falsificar los datos de un automóvil, lo que derivó en su procesamiento. Eso no es todo: también denunció a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner y a su mano derecha, el platense Carlos Castagneto, por la compra de 16 mil celulares, cuando en esa repartición se desempeñan 7000 personas. El fiscal Gerardo Pollicita hizo lugar a la presentación y ambos funcionarios quedaron imputados.

“Nosotros a Echegaray lo venimos denunciando desde hace tiempo por la labor  que viene ejerciendo en la función pública. Fuimos unos de los primeros en denunciarlo por el tema de los créditos y los feedlots cuando estaba al frente de la ONCCA. Hasta entrevistamos al pobre tipo que ellos hicieron figurar como el dueño de feedlots y era toda una patraña hecha y ungida para apoderarse de dineros públicos”, remarcó el letrado.

En definitiva, todo indica que el prontuario de Echegaray y sus secuaces, sumarían un nuevo capítulo.

Números sospechosos

Algunos números dan cuenta que la información que suministra el gobierno, respecto a la compra de dólares, no cierra por ningún lado y da mucha tela para cortar. Desde fines de enero de 2014, cuando el gobierno comenzó a vender dólares para tenencia, el Banco Central sacrificó por esta vía casi 4.340 millones de dólares, una suma enorme para las debilitadas reservas internacionales del país, que ha debido restringir al máximo las importaciones –generando una profunda recesión económica- para que no se pronuncie la sangría. De ahí la sospecha de que, en realidad, las operaciones que habilita la AFIP estarían escondiendo distintos negociados.

El sistema impuesto por el gobierno K ha generado una bicicleta financiera que consiste en comprar dólares en el mercado oficial para revenderlos en el “informal”. En efecto, hoy se obtiene una tasa de ganancia cercana al 20% en dólares comprando dólar ahorro a $10,8 (cotización del dólar oficial a 9 pesos, más un recargo del 20%) y vendiéndolo cerca de 13 pesos en el mercado paralelo. Si estas cifras las extrapolamos a grande operaciones cambiarias, que involucran millonarias sumas, el negocio en cuestión adquiere proporciones escandalosas.

Otro juez cercano al poder

Los denunciantes de las irregularidades con el dólar ahorro afirman que el juez Luis Rodríguez, que estaría fuertemente vinculado con el kirchnerismo, está aplicando una estrategia dilatoria para evitar avanzar en la causa.

“La del dólar ahorro es una de las tantas causas que están ahí cajoneadas por un juez que fue designado por este gobierno. Entonces no tiene mucho entusiasmo para llevar adelante las causas que resultarían sensibles por corrupción contra funcionarios del kirchnerismo. El expediente es muy claro: hay documentación respaldatoria que indican que los delitos que nosotros denunciamos se han cometido. El juez lo primero que tendría que haber hecho es citarnos a ratificar o no la denuncia, aunque como nosotros decimos que como es un delito de acción pública y no necesita ratificación. Pero habitualmente esto es una maniobra que hacen los jueces para ganar tiempo en causas que tienen que ver con funcionarios públicos de un gobierno que todavía está ejerciendo el poder”, dijo a Hoy el abogado Enrique Piragini.

La metodología descripta por Piragini es similar que la que instrumentó el controvertido juez subrogante Laureano Durán, en La Plata, cerrando una causa iniciada por el diario Hoy para que se investiguen los aprietes de la AFIP. El escandaloso accionar del magistrado, que fue puesto a dedo en esa cargo sin reunir la mas mínima idoneidad moral ni profesional, implicó que la causa sea cerrada sin siquiera notificar a la parte denunciante, con el claro objetivo de demorar su apelación. 

Entre otras causas sensibles, el juez Rodríguez intervino en la denuncia por las irregularidades en el allanamiento a la cueva financiera Propyme, un escándalo que involucró al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y al juez Norberto Oyarbide que habría ordenado frenar el operativo luego de un llamado desde el despacho del funcionario K. Como era de esperar, todos los acusados fueron sobreseídos.

El juez Rodríguez también estuvo al frente de la causa contra el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusado por otra exsecretaria, Myriam Quiroga, de llevar "bolsos con dinero" al despacho presidencial.  Por la misma época, Rodríguez se vio involucrado en otro expediente que tocaba a los Kirchner: salió sorteado para investigar a Ricardo Barreiro, el exjardinero de Néstor y Cristina que se había transformado en un empresario millonario y funcionario público, siendo acusado de "incompatibilidad de funciones" por prestar servicios al Estado. El juez entendió que el presunto delito debía ser investigado en la jurisdicción donde habría ocurrido, se declaró incompetente y giró la causa a la justicia federal de Río Gallegos.

Antes de ser designado juez, Rodríguez acumuló una larga lista de cuestionamientos e impugnaciones: Había sospechas de que había "hecho trampa" y contaba de antemano con las respuestas del examen que le tomó el Consejo de la Magistratura. Además su mujer, Silvia Arcos, era prosecretaria letrada del organismo, con sospechas de arreglo de concursos. Y el padrino de su hija es Javier Fernández, auditor de la Nación señalado como operador del kirchnerismo en la Justicia.

Fifagate: otra cortina de humo de Echegaray

Luego de haber presentado una demanda penal contra los empresarios implicados en el escándalo de la FIFA, con el objetivo de demorar su extradición a Estados Unidos, desde la AFIP ayer emprendieron una nueva cortina de humo: dijeron que no descartan investigar el patrimonio de la familia Grondona.

Así lo afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien aseguró que la investigación estará supeditada a los "elementos e información con que se cuente".

"Si hay comisiones que no fueron declaradas tendremos que hacer el ajuste e ir al reclamo por las cuestiones patrimoniales que quedan pendientes". Y agregó: "En la medida que tengamos elementos, todo es sujeto de investigación, sea quien sea”.
Fue un chiste de mal gusto ya que Julio Grondona fue socio y un estrecho aliado del gobierno nacional, que en los últimos años destinó más de 6000 millones de pesos a la AFA sin el más mínimo control. No sólo la AFIP miró para otro lado, sino que también hicieron lo mismo gran parte de los organismos de contralor del Estado.

Además, tal como lo viene investigando el diario Hoy, existen estrechos vínculos entre  funcionarios de la AFIP y empresarios del fútbol que deberían ser investigados por el organismo recaudador.

Un caso testigo es el de Andrés Edgardo Vázquez que, siendo titular de la regional sur de la AFIP, comenzó a hacerse conocido en los medios cuando ejecutó un escandaloso e ilegal operativo contra el grupo Clarín en el año 2009. Un año más tarde se descubrió que, según publicó el diario La Nación, habría acumulado casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa. Estos fondos no habrían sido declarados ante el fisco, es decir, ante el organismo para el cual trabaja.

Pese a estos antecedentes, Vázquez cumplió funciones en la AFIP hasta abril de este año, cuando fue desplazado por  sus vínculos con las bandas de los Servicios de Inteligencia (la ex Side) que lideraba Jaime Stiuso. Fuentes consultadas por Hoy aseguraron que, por orden del gobierno nacional, Vázquez habría cajoneado, durante mucho tiempo, los expedientes de facturas truchas originales que involucraban a Lázaro Báez, documentación que habría sido derivada desde la Patagonia para que esté bajo cuatro llaves. A su vez, también habría ofrecido cobertura a los casinos flotantes que pertenecen a otro exponente de la “década ganada”, el zar K del juego Cristóbal López.

Según pudo saber Hoy, en 2013, Vázquez conformó la empresa Mas Mas SA, y fijó domicilio en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1960, oficina 103, en Puerto Madero.

Pero, en realidad, en esa oficina funciona Giocomovile SA.  Hay un punto de unión entre ambas compañías: uno de los socios de Vázquez en Mas Mas SA es José Luis Tolosa, presidente de Giocomovile

En esta empresa, junto a Vázquez y Tolosa, aparece Genaro Contartese, un viejo conocido de los escándalos de corrupción. Contartese, que hoy tiene 68 años, disfruta como pocos de los beneficios que otorga la impunidad en la Argentina. Pese a haber confesado haber recibido una millonaria coima de la empresa IBM, cuando era director del Banco Nación en los años 90, apenas fue condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso. En el caso IBM-Banco Nación, la Justicia determinó que el contrato se suscribió con un sobreprecio de entre $75.032.611 y $120.699.682. Otros integrantes de la empresa Mas Mas son Francisco y Stefano Mascardi, hijos de Gustavo Mascardi, el famoso representante de futbolistas.

Un dato llamativo es que la AFIP, el 14 de junio de 2013, había anunciado la suspensión del CUIT de varios representantes de futbolistas, incluido Mascardi, por las triangulaciones en la venta de jugadores con las cuales los clubes e intermediarios eluden impuestos por el 35 por ciento del valor del pase y de la prima de cada transferencia.  En tanto, en 2008, la AFIP incluyó a Mascardi en una investigación sobre 400 empresas a nombre de las cuales aparecían autos costosos y que habrían realizado maniobras para burlar al fisco.

En otras palabras, Mascardi pasó de ser investigado por el organismo recaudador a ser socio de quien fuera uno de los principales funcionarios de la AFIP en la era K.