Echegaray y sus cómplices, cada vez más complicados

El juez Ariel Lijo está analizando llamarlo a indagatoria y podría procesarlo. El oscuro accionar del gremio del organismo recaudador

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está muy nervioso. Todos sus intentos de querer despegarse del escándalo del Boudougate fracasaron uno tras otro, ante la contundencia de las pruebas que lo involucran. 

Haber accedido al pedido realizado en el año 2010 por el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, no registra antecedentes.  Echegaray avaló un plan de pagos de 148 cuotas (más de 12 años de extensión) con una ínfima tasa de interés para que la exCiccone pudiera saldar una deuda de $240 millones que tenía con el fisco. Ello permitió levantar la quiebra y allanó el camino para que presuntos testaferros de Boudou se quedaran con la compañía que en aquel entonces era la única del país que tenía la capacidad operativa para fabricar papel moneda a gran escala.

Se estima que, una vez terminada la feria judicial, Ariel Lijo se expida sobre la solicitud que le realizó el fiscal Jorge Di Lello, que pidió el llamado a indagatoria del titular de la AFIP. Este es el paso previo para que, en caso de avalar la solicitud del funcionario del Ministerio Público, el juez decida el procesamiento de Echegaray. Es decir, el máximo responsable del organismo recaudador corre serio riesgo de quedar en igual situación que Boudou, el primer vicepresidente en la historia democrática en ser procesado por la Justicia por delitos de corrupción.

Ahora bien, Echegaray no habría actuado sólo. Para que pudiera instrumentarse el escandaloso plan de pagos fue necesario el silencio cómplice de varios funcionarios y de empleados jerárquicos que ocupan cargos claves en el organismo recaudador. En ese sentido, llama poderosamente la atención que nunca se haya escuchado una sola palabra sobre el Boudougate de la Asociación de Empleados  Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), un sindicato que en lugar de defender a los trabajadores de ese organismo, pone el mayor esfuerzo en brindarles un manto de protección a los funcionarios. Es, lo que se dice, un gremio al servicio de la patronal para esconder oscuros negocios.

De hecho, cuando se conoció la llegada de Echegaray a la AFIP, que venía haber protagonizado casos de corrupción en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), el sindicato emitió un comunicando celebrando la designación, destacando “el compromiso” del funcionario “con el proyecto de redistribución de la riqueza y de justicia social de Néstor y Cristina Kirchner”.

Algunos de los dirigentes de este sindicato están sospechados de tener oscuros lazos con el kirchnerismo. Por ejemplo, en la ciudad de Necochea, el secretario de prensa de AEFIP a nivel nacional, Roberto Gómez, sería uno de los principales sostenedores económicos del destituido intendente K, Horacio Tellechea, el jefe comunal que se hizo tristemente célebre por haber inaugurado una pileta Pelopincho y que luego fue separado de su cargo a raíz de graves casos de corrupción (ver Otro escándalo de Boudou pasa por La Plata). 

Aprietes al periodismo

Como fieles representantes del kirchnerismo, desde la AEFIP avalan y defienden los aprietes de Echegaray contra el periodismo independiente.  En noviembre del año pasado, durante el mismo mes en que inspectores del organismo recaudador se hicieron presentes en el domicilio de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que venía de denunciar ataques a la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos, los funcionarios del organismo recaudador  con sede en La Plata comenzaron una feroz ofensiva contra la máxima autoridad del diario Hoy, la directora Myriam R. Chávez de Balcedo. Fue una clara respuesta a las investigaciones y a las notas de tapa cuestionadoras sobre el accionar de Echegaray y de sus secuaces.

Según distintas fuentes calificadas consultadas por Hoy, el apriete contra la señora Chávez de Balcedo fue decidido en el más alto nivel del organismo. Además de Echegaray, uno de los apuntados es Guillermo Michel, actual subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, máximo responsable de la implementación de los operativos impositivos encarados para acallar voces críticas.

Michel - un funcionario oriundo de  de Gualeguaychú, socio político del senador ultra K y ex vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino- habría sido el responsable de desplegar el accionar contra el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, durante la pelea que se desató cuando el gobierno nacional intentó, infructuosamente, impulsar una reforma judicial para politizar al extremo el Consejo de la Magistratura. Y lo mismo habría hecho contra el titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, luego de que el dirigente de la entidad empresaria cuestionara al ministro de Economía, Axel Kicillof.

Temerosos de quedarse sin sus negocios vinculados al apriete, los funcionarios de la AFIP inventaron, además, una denuncia penal contra la directora del diario por “atentado contra la autoridad”, tomando como excusa las fotos y la información publicada por nuestro diario. Fue un manotazo de ahogado, ante el temor que les significa quedar expuestos ante la sociedad. Se niegan a tener que darle explicaciones a la ciudadanía sobre sus actos y por ello ni siquiera tienen pruritos a la hora de intentar violar las más elementales normas del derecho a la información y de libertad de expresión que consagra nuestra Constitución.