El entramado mafioso de Echegaray en la Aduana

Un funcionario, que había sido echado por no controlar al narcotráfico, estaría detrás del operativo impunidad. Contrabando, drogas y lavado de dinero se combinan en una misma repartición

A medida que profundizamos las investigaciones sobre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la extensa trama de corrupción, que relaciona funcionarios públicos con narcotraficantes, contrabandistas, lavadores de dinero y mafiosos de distintas calaña, suma nuevos condimentos.

El capítulo 5 de esta saga está referida a un personaje tan polémico como oscuro: Daniel Santanna, subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Según las fuentes consultadas por Hoy, este funcionario –que obviamente reporta a Echegaray- habría amasado una fortuna con negocios turbios que tendrían que ver con el manejo de bagayos (bultos, paquetes, equipajes) y la falsificación de declaraciones juradas de importaciones derivadas a depósitos fiscales de amigos del poder. Recordemos que el uruguayo Jorge Lambiris, el expirata del asfalto vinculado con Echegaray, que fue uno de los principales protagonistas de la investigación que publicamos ayer, es despachante de Aduana y manejaría, a través de testaferros, distintos depósitos fiscales. Lambiris estaría relacionado con la misteriosa inversión inmobiliaria de más de un millón de dólares que Echegaray y Guillermo Michel -su mano derecha en la AFIP- estarían impulsando en Montevideo. 

Especialista en la conformación de empresas fantasmas, Michel sería el responsable de intentar blanquear el dinero negro de Lambiris, tarea para la cual habría utilizado los servicios de la abogada Ana Cristina Palesa que aparece autorizando firmas comerciales del uruguayo, como así también compañías vinculadas a Daniel Salvatore, que se encuentra preso en Ezeiza por traficar cocaína a Europa escondida en carbón vegetal. 

Un personaje oscuro

El subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, tal como lo anticipamos en la edición de ayer, sería uno de los responsables de la denuncia judicial trucha que se habría presentado en la Fiscalía Penal Económica Nro. 5, a cargo de Miguel Schamun, que tendría una relación muy cercana con funcionarios del organismo recaudador. Con esta demanda se busca aprovechar los vericuetos de las leyes de competencia y de los códigos procesales para neutralizar el accionar de aquellos encargados de administrar Justicia que estén dispuestos a cumplir con su deber, es decir, hacer que los delincuentes que pasan por la administración pública terminen tras las rejas. Otro de los funcionarios que estaría vinculado con la denuncia trucha es Damián Sierra, que también desempeña tareas en la Aduana y es subordinado de Santanna (ver infografía La red mafiosa).

Santanna es un funcionario que arrastra pésimos antecedentes ya que en el año 2005 había sido expulsado de la Aduana por el entonces titular de la AFIP, Albert Abad, al verse salpicado en causas relacionadas con el narcotráfico. Pero, tiempo después, fue reincorporado al organismo.

El prontuario del subdirector Operaciones Aduaneras Metropolitanas  habla por sí solo:

-Estuvo procesado en la causa Southern Winds por omisión de control en el contrabando de 60 kilos de cocaína a España, en el año 2005. En septiembre de 2006, de forma muy polémica, fue sobreseído por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

-Se lo vinculó con un escándalo sucedido en el puerto de Campana relacionado con irregularidades en la exportación de carne

-En 2011, fue acusado de ser uno de los responsables de las fallas en el operativo de control del avión de los hermanos Juliá. En esos momentos ya se desempeñaba como subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. El hallazgo de casi 1000 kilos de cocaína en Barcelona, cargamento que había salido desde el aeropuerto de San Fernando, puso de manifiesto que fallaron todos los controles de Aduana. Mientras en España los Juliá fueron condenados a 13 años de prisión por narcotráfico, en la Argentina ni siquiera se le pidió la renuncia a los responsables de la Aduana. Y el juez Alejandro Catania archivó la causa que se había abierto en nuestro país por contrabando.

Otro funcionario involucrado en diversos escándalos en la Aduana al que se le sigue asignado funciones es el abogado Héctor Manuel Guaraz, a quien fuentes consultadas por Hoy relacionan con el envío a México de 600 kilos de efedrina -en 120 tambores con aceite para curtiembre- que fueron embarcados desde la Ciudad de Buenos Aires. No habría sido un caso aislado: dentro de la Aduana también se lo sindica a Guaraz por hacer “la vita gorda” ante numerosos embarques de efedrina con destino a Europa. Según pudo saber Hoy, a través de la Disposición 45/2015, el 27 de enero pasado Echegaray ascendió a Guaraz y lo nombró como Subdirector General de la Subdirección General de Auditoría Interna. Hasta ese momento, se venía desempeñando como Director de la Dirección de Asesoría Legal Aduanera de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, la abogada Andrea Laura Muñoz, funcionaria vinculada con Santanna, es otra de las “protegidas”. Hija de un capitán de navío amigo del titular de la AFIP (recordemos que Echegaray fue alumno del Liceo Naval de Ensenada), sigue desempeñando funciones en el organismo recaudador pese a que, según el periódico Tribuna de Periodistas, estaría relacionada con los sobornos que habría pagado Ralph Lauren en el país a empleados de la Aduana (ver aparte). Lo mismo ocurriría con María Siomara Ayerán, quien tuvo que renunciar a la conducción de la Aduana y fue reciclada por su jefe –Echegaray- al designarla como titular de la Subdirección General de Recursos Humanos.

Como puede verse, en la AFIP, una mano lava  la otra…

El reconocimiento de Ralph Lauren

En el año 2013,  la cadena de ropa Ralph Lauren Corp reconoció que pagó coimas a funcionarios argentinos para autorizar el ingreso de importaciones sin documentación, así como para evitar por completo la inspección" aduanera.

Los sobornos, en formato de artículos de lujo, fueron directamente autorizados por gerente general de la filial local. Los regalos provistos a tres oficiales gubernamentales diferentes entre 2005 y aproximadamente 2009. Así lo afirma uno de los anexos de un documento hecho público por la empresa a las autoridades bursátiles de los Estados Unidos. Ante esta situación, la marca estadounidense de ropa pagó una multa de U$S 882.000.

La posada del escándalo

El funcionario de la Aduana Damián Sierra es pareja de Silvina Tirabassi, ex titular de esa repartición, y tendría estrechos vínculos en la SIDE. Sierra y Tirabassi actualmente están en la mira ya que son propietarios de una lujosa posada en Buzios, localidad turística ubicada a 190 kilómetros de Río de Janeiro. Hay sospechas de que este emprendimiento turístico sería una pantalla para lavar dinero mal habido.

El gobierno federal de Brasil demandó a la sociedad CAMEY, que administra esa posada, por falta de pago de impuestos. La sociedad también fue acusada por un funcionario, Joao Carlos Pires Guimaraes, de trucharle la firma. Otro de los integrantes de Camey es Gerónimo Oscar Salvi. Según pudo saber Hoy, Salvi es un funcionario de la AFIP que, además, es un monotributista categoría C.

Insólitamente declara ante el organismo del cual él forma parte que factura 6000 pesos mensuales, siendo dueño de un exclusivo complejo turístico en Brasil.  Pero el entramado societario no se termina ahí. Además de Camey, crearon la sociedad DAOS (por las iniciales de sus dueños) junto a familiares de ambos. Utilizaron a una hermana, a un primo y hasta la madre de uno de ellos. Ninguna de las sociedades fueron declaradas por ambos funcionarios de la Aduana, en sus últimas declaraciones juradas.