El gobierno busca el blindaje judicial para después del 2015

Es a través de los cambios que proponen en el Código de Procedimiento Penal, sumados a la designación de nuevos fiscales cercanos al oficialismo. Hay preocupación en la justicia.

El Poder Ejecutivo se apresta a enviar el Congreso el proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Se trata de un cambio radical en los procesos penales, que le otorgará mayor poder a los fiscales, les quitará funciones de investigadores a los jueces y hasta podría provocar la muerte sin sentencia de varias causas actuales, especialmente las de corrupción, por la transición del cambio, según advirtieron fuentes judiciales.

Parte de la oposición ya adelantó que no acompañará la iniciativa kirchnerista si ésta no incluye una reforma a la ley del Ministerio Público. Las principales quejas opositoras apuntan al poco control existente hoy sobre la Procuración General de la Nación. Hay una comisión bicameral que poco y nada funciona, dijeron. El procurador es el jefe de todos los fiscales, y si bien no puede dar a ellos instrucciones particulares sí puede transmitir “instrucciones generales”.

La modificación al Código de Procedimiento se dará en paralelo con la avanzada oficial sobre los fiscales que ahora serán clave para las investigaciones penales.

Una de las preocupaciones en la oposición es la fijación de plazos para que un fiscal acuse a alguien por un delito o desista de ello. Sería de hasta un año, según el borrador oficial.

En la versión borrador del Código que manejan los funcionarios, el tema está incluido en los artículos 105 y 106, que estipulan que el fiscal tiene dos meses para la instrucción de la causa, y que puede pedir prórrogas hasta para un año. Luego, la causa queda archivada.

Pero hay otro punto importante. “La transición de un código a otro significará una gran amnistía y la prescripción de varias causas. Ya pasó con la reforma de 1991”, expresó otra fuente judicial en referencia a los cambios introducidos en la Justicia penal al crearse la Cámara de Casación y los juicios orales y públicos.