El Gobierno mandó al Congreso la ley de “lobby”

Buscando acabar con los crecientes conflictos de intereses en la administración pública, el Ejecutivo mandó a Diputados un mecanismo que busca darle una mayor “transparencia” y “democratización” a la gestión estatal. Polémica naciente

Copiando los engranajes legales existentes en los Estados Unidos para que las empresas privadas puedan hacer gestiones en la administración pública para conseguir fines personales, lo que comúnmente se denomina “lobby”, el gobierno de Mauricio Macri envió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Gestión de Intereses”, intentando reglamentar este accionar en nuestro país.

El propósito central de la iniciativa oficial tiene que ver con la idea de Cambiemos de “transparentar” los actos de la actividad estatal. De allí que con esto se busque que todas las reuniones que los funcionarios públicos tengan de­sarrollando su labor sean agendadas y dadas a conocer a la sociedad.

De tener el visto bueno del Congreso, todos quienes tengan funciones en las diferentes ramas del Estado, así como también legisladores, jueces y embajadores, deberán publicar en un registro oficial los encuentros privados que mantengan relacionados a proyectos de ley, licitaciones o contrataciones de servicios, así como elaboración de políticas públicas, para evitar conflictos de intereses dentro de la administración nacional.

Detalle concreto

La llamada “Ley de Lobby” fue idea­da por el círculo más cercano al Presidente Macri como una manera de calmar las aguas de la sociedad que reclamaba acciones tendientes a morigerar los embates del poder económico sobre las decisiones del Estado, más cuando muchas de las empresas de la propia familia presidencial continúa con grandes contratos con el Estado.

La iniciativa ya contaba con fuerte polémica sin siquiera haber entrado al debate parlamentario, con lo que se esperan arduas jornadas de debate en el Congreso para regular una actividad que hasta el momento se maneja por fuera de todos los órdenes legales y morales.

Con 13 artículos a su interior, uno de los claves es aquel que obliga a la igualdad de trato, es decir, reunirse con ambas partes de un conflicto y dejar constancia de que se siguieron todas las normas institucionales. También se debe brindar un detalle concreto y específico de los viajes de más de 70 kilómetros de distancia que hagan funcionarios públicos, prestando especial ate­n­ción en qué empresa o persona física financia esas excursiones.

Quienes se encargaron de llevar adelante la redacción del proyecto fueron el secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez, y la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, además de contar con la contribución de distintas ONG de la sociedad civil.