El juez Arias suspendió la municipalización de los comedores escolares provinciales

El magistrado platense calificó la medida de “inconstitucional” y ordenó que vuelvan a hacerse cargo del servicio los Consejos Escolares. La Provincia tiene 30 días para apelar

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis  Federico Arias, suspendió la municipalización del servicio de comedores escolares que había dispuesto el gobierno bonaerense por considerarlo “inconstitucional” y ordenó que el sistema continúe gestionado por los Consejos Escolares, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de consejeros escolares provinciales que se oponían a la disposición.

El magistrado interrumpió “hasta que se resuelva la cuestión de fondo” un decreto dictado a fines del año pasado por la gobernadora María Eugenia Vidal mediante el cual se traspasó la gestión del Servicio Alimentario Escolar (SAE) de los Consejos Escolares a los municipios.

A su vez, el juez resolvió que aquellas comunas que ya habían comenzado a aplicar la medida como prueba piloto tendrán 30 días para volver al sistema anterior.

En su fallo, Arias consideró que la norma resulta “contraria a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico–pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”. 

La palabra del gobierno

En contraposición, fuentes del gobierno bonaerense remarcaron que, “el SAE, evidentemente, no integra ningún servicio educativo sino que se trata de una prestación adicional para garantizar una adecuada nu­trición como elemento igualador mínimo a cargo del Estado”.

En este sentido, subrayaron que “los fondos para el Servicio Alimentario Escolar son de la Provincia” y que, con el decreto dictado a fines del año pasado, “la única diferencia es que se transfiere el dinero al municipio y no al Consejo Escolar, dado que las comunas tienen mejor aceitados los sistemas para hacer contrataciones y una infraestructura más amplia”.

La discusión de fondo es, ahora, si el SAE es un “servicio educativo” o no, y todo indica que el Ejecutivo provincial apelará la resolución dictada por Arias, medida para la que tiene un plazo de treinta días.

El decreto

El dictamen firmado por la gobernadora a fines de 2016 estableció el traspaso del Sistema Alimentario Escolar, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, de los Consejos Escolares a manos de los intendentes.

Según se informó, la decisión se tomó en base a un estudio realizado en más de mil escuelas por equipos técnicos de la Universidad Nacional San Martín, la Universidad de La Plata, el Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil (Cesni) y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea). 

Algunas de sus conclusiones fueron que solo el 31 por ciento de los desayunos contaban con raciones de leche, que el 98 por ciento no cumplía con un programa de capacitación para el personal de cocina y que el 61 por ciento de los establecimientos carecía de los utensilios necesarios.

En base a ese diagnóstico, se dispuso la ampliación del SAE “para adecuarlo a una política nutricional de todos los niños y jóvenes escolarizados con necesidades nutricionales y/o en situación de riesgo social”.

A partir de entonces, los municipios que firmaron el convenio se vieron obligados a cumplir con metas nutricionales obligatorias en el menú, como así también con la realización de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de los comedores y capacitar a quienes trabajan en las cocinas sobre aspectos bromatológicos básicos. 

Dentro de todas las medidas adoptadas, también se incrementaron los fondos para el SAE, se duplicaron los montos en 2016 y los de 2017. Además, a partir de mayo habrá otro aumento del 30 por ciento.