La denuncia de Nisman ya tiene nuevo juez

Ariel Lijo tendrá a su cargo la acusación del fallecido fiscal contra Cristina Kirchner. El magistrado, al frente del juzgado federal N°4, fue sorteado para reabrir la pesquisa

El juez federal Ariel Lijo se hará cargo de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, luego de que la Justicia ordenara reabrir la investigación por presunto encubrimiento en el atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), operación presuntamente perpetuada a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

En la mañana de ayer se llevó a cabo el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal. Cabe recordar que Lijo fue el juez que estaba de turno el 14 de enero de 2015, cuando Nisman presentó la denuncia contra Fernández de Kirchner. En ese entonces se declaró incompetente. Tras la feria, la denuncia recayó en el juzgado de Daniel Rafecas quien, en abril de 2015, la desestimó alegando “inexistencia de delito”.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la causa considerando que “la maniobra denunciada ameritaba  la intervención por parte de los órganos jurisdiccionales para un tratamiento más profundo de las cuestiones que habían sido planteadas”.

Podría recaer en Bonadio

El fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, no descarta que la denuncia recaiga en el juzgado de Claudio Bonadio. En este juzgado es donde tramita una causa por “traición a la Patria” contra la exmandataria  Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. 

“No hay que descartar que el juez sorteado sostenga que la causa por traición a la Patria está más avanzada y mande todo a Bonadio”, sostuvo Sáenz. 

“Hay que ver cuál es el criterio del nuevo juez”, señaló el fiscal, considerando que se trata de dos delitos que podrían unificarse. Además expresó que la denuncia de Nisman es para la expresidenta “la peor imputación, la más grave” en su contra. Sáenz resaltó que hay escuchas telefónicas que ponen a los implicados “en un lugar complicado”. 

Además, el fiscal Sáenz reiteró no tener duda de que “a Alberto Nisman lo mataron” y sugirió que ese hecho se relaciona con la investigación y denuncia que se ordenó reabrir ayer. 

La polémica desestimación

Cuando la investigación estaba a cargo de la fiscal Viviana Fein, Ariel Lijo tuvo que declarar por la gran cantidad de llamadas detectadas entre su celular y el de Nisman desde el día de la presentación de la denuncia hasta su muerte. En esa oportunidad, el juez declaró también que el fallecido fiscal no tenía más elementos probatorios que los que figuraron en la denuncia presentada. 

“No tenía más elementos para aportar que los que hizo públicos”, sostuvo Lijo ante Fein.

También se declaró incompetente cuando, el 2 de febrero de 2015, fue presentada la denuncia de Nisman en su juzgado. Entonces, argumentó que no existía conexión entre la causa por el primer encubrimiento por el atentado a la AMIA (investigación que él instruyó) y lo presentado por Nisman, y que por lo tanto no le correspondía la causa. Hoy, a cargo nuevamente de la investigación, será el mismo Lijo quien se encargue de corroborar si la denuncia de Alberto Nisman tiene algún sustento.

Una prueba que apunta al encubrimiento

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió que se tome como prueba el audio de una conversación telefónica entre el expresidente de la AMIA, Guillermo Israel Marcos 

Borger, y el excanciller Héctor Timerman. Dicho audio está en el expediente que tiene Bonadio y sería una prueba contundente, sostienen desde institución judía, para probar el encubrimiento. Durante la conversación entre ambos, Timerman le habría manifestado a Borger que la República Islámica de Irán fue la responsable del ataque terrorista a la AMIA.

La DAIA también pidió solicitar un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los posibles viajes realizados por los denunciados, a fin de poder analizar su posible participación en la negociación del Memorándum con Irán. Por otro lado, se solicitaron los registros taquigráficos y fílmicos guardados en el Congreso de la Nación sobre el debate parlamentario relacionado con la discusión sobre el acuerdo con Irán.