Echegaray quiere ocupar la AGN

El máximo garante de la corrupción K busca reciclarse

De la mano de Cristina Kirchner, pretende ser designado como titular de la Auditoría General de la Nación. Es resistido por la oposición y hasta en el mismo seno del PJ

El kirchnerismo tiene pensado seguir con sus infamias después del 10 diciembre, luego de que Mauricio Macri se coloque la banda presidencial. Por eso, quiere a uno de los máximos garantes de la de la corrupción en la era K como nuevo Auditor General de la Nación (AGN), en reemplazo del radical Leandro Despouy. Nos estamos refiriendo, concretamente, al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

Es tan escandaloso lo que está ocurriendo que el garante de la corrupción del kirchnerismo pretende ser el que controle, como Auditor General, lo que fue la gestión K en los últimos años.  Recordemos que, por ejemplo, Echegaray -no bien asumió como titular de la AFIP- envió a un grupo de funcionarios para que dibujen las declaraciones juradas de los Kirchner y así poder cerrar una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito que tramitaba en los tribunales de Comodoro Py. Fue tan escandaloso lo actuado en esta causa que, actualmente, distintos sectores políticos y sociales realizaran una presentación para que el proceso sea reflotado bajo la figura de cosa juzgada irrita. Se trata de una doctrina jurídica que permite reabrir causas de corrupción, cuando su cierre fue producto de presiones del poder o maniobras fraudulentas.

Eso no es todo. Echegaray también otorgó un plan de pagos extraordinario para que los testaferros del vicepresidente Amado Boudou pudieran levantar la quiebra de la ex Ciccone, requisito fundamental para quedarse con el negocio millonario de la impresión de papel moneda. Además, el titular de la AFIP desplegó un manto de protección y miró para otro lado en el escándalo Sueños Compartidos, que involucró a la inefable titular de la Fundación Madres, la ultrakirchnerista Hebe de Bonafini, y al parricida Sergio Schoklender. Ambos actualmente gozan de plena impunidad y pueden andar por la calle como cualquier vecino de barrio que se gana la vida dignamente. 

Mientras todo esto ocurría, tal como lo denunció el diario Hoy públicamente, y en sede penal, los principales colaboradores de Echegaray se dedicaban a conformar empresas fantasmas y hacer distintos negociados. De hecho, Guillermo Michel, mano derecha del titular de la AFIP y actual director de la Aduana, formó parte de empresas que llevan la firma de la misma abogada –Ana Cristina Palesa- que aparece rubricando sociedades comerciales que se usaron para lavar dinero proveniente del narcotráfico. A su vez, el titular de la AFIP volcó la estructura del organismo recaudador para perseguir a críticos y opositores, al punto que hasta habría extorsionado hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, lo que motivó que se abriera un proceso penal. 

En declaraciones a Hoy, la ex diputada Elsa “Tata” Quiroz, denunciante de la causa Sueños Compartidos fue contundente: “Ni la Unidad de Información Financiera (UIF, que preside el platense José Sbattella) ni la AFIP hicieron nada en el caso Sueños Compartidos que involucra a Sergio Schoklender y funcionarios del kirchnerismo, al contrario, omitieron y cajonearon todos los reportes de operaciones sospechosas. La AFIP y la UIF actuaron para proteger a los amigos del poder”.

Disputa interna

Según se conoció ayer, el Consejo Nacional del PJ se reunirá el próximo jueves para tratar la designación de  próximo presidente de la AGN, en donde se dirimirá si predomina la pretensión de CFK de impulsar para ese cargo a Echegaray o el deseo de los gobernadores peronistas. Esto últimos pretenden que sea el mandatario saliente de Jujuy, Eduardo Fellner, quien asuma ese cargo. El encuentro se llevará a cabo a las 18 en la sede de Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera. La realidad es que aquellos referentes del Partido Justicialista, que han conservado el poder territorial y que lograron imponerse en las últimos comicios en sus provincias y municipios, han acelerado el proceso de despegue de CFK, a quien responsabilizan por lo ocurrido en las últimas elecciones. Recordemos que fue ella la madrina política de Aníbal “la Morsa” Fernández, cuya candidatura llevó a que el PJ perdiera la conducción de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más importante del país, después de 28 años. “La Morsa”  también tenía pretensiones de ser designado en la AGN.

De acuerdo al artículo 122 de la Ley 24.156, que regula el funcionamiento de la AGN, el titular del organismo contralor "será designado por resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados", aunque responde a la oposición, en este caso el PJ.  Tras una reñida interna en las PASO del Frente para la Victoria por la Gobernación bonaerense, el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, no ocultó su negativa al nombramiento de su otrora rival y actual ministro coordinador como sucesor de Despouy. "No en mi caso, de ninguna manera", se limitó a contestar, tajante, el oriundo de Chacabuco al ser consultado sobre si impulsaría la propuesta K de entronar a Fernández como titular de la AGN. En este contexto, todo indica que la presidenta Cristina Kirchner ya ni siquiera tiene respaldo de su propio partido.

La resistencia de Despouy

La designación del reemplazante del actual titular de la AGN, Leandro Despouy, se produce en momentos en que la integración del cuerpo de auditores se encuentra en manos de la Justicia, que en la semana que pasó falló en contra del Gobierno e impidió la toma de posesión de los dos nuevos auditores camporistas, Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón.

Despouy es un abogado puntano de 68 años y dirigente defensor de los derechos humanos, que asumió como presidente de la AGN a comienzos de 2002 designado por su partido, la UCR, que lo ratificó en 2010 por un segundo mandato de ocho años, tras un tironeo partidario interno.

El titular de la AGN surfeó una fuerte crisis cuando el kirchnerismo quiso sacarlo del cargo en 2010, lo que interpretó como un "golpe de Estado institucional": ese año el oficialismo bloqueó su mandato por considerar que se encontraba caduco, porque no había existido una presentación de la UCR en el Congreso ratificándolo en el cargo.

Noticias Relacionadas