“El problema es cuando se pretende hacer una política criminal a partir del dolor de una víctima”

El titular del Juzgado de Garantías nº 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, Juan Tapia, dio su postura respecto al proyecto que pretende reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. Consideró que, para bajar los delitos, hacen falta políticas públicas

Tengo una posición tomada, contraria a la posibilidad de ampliar los márgenes del sistema penal hacia los jóvenes que no tengan 16 años al momento de estar imputados después de haber cometido un delito”, sostuvo el titular del Juzgado de Garantías nº 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, Juan Tapia, en diálogo con diario Hoy. 

El juez explicó los fundamentos de su postura: “En principio, y como más importante, esto implicaría una medida regresiva dentro del principio básico de no regresividad y progresividad. Es decir: está prohibido regresar a instancias anteriores a la cobertura de un derecho. Lo primero que se piensa como respuesta a un conflicto es la respuesta punitiva, respuesta penal para jóvenes; pero eso, claramente, es una medida regresiva”. 

Luego, el letrado agregó: “Verdaderamente, los fundamentos que aparecen en estos nuevos debates, que se van reciclando, carecen de un análisis estadístico serio que permita la necesidad de actualizar la discusión de manera permanente. Pareciera que siempre es un caso, grave por supuesto, que el Estado debe atender, pero termina siendo algún caso puntual el que genera la necesidad de rediscutir todo un sistema, cuando debería ser a la inversa: tener una estadística nacional confiable que evidencie qué cantidad de hechos significativos, cometidos por jóvenes de menos de 16 años, son los que justifican este tipo de debates, por ejemplo”, agregó el letrado. 

Los menores y las estadísticas

Según Tapia, “las estadísticas que hay, que son las que elabora la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, ponen de manifiesto la escasísima cantidad de delitos graves cometidos por jóvenes que aún no hayan cumplido los 16 años, a la inversa de lo que a veces el imaginario colectivo piensa cuando reproduce un discurso en el que pareciera que los chicos son los enemigos de la sociedad. Desde ese punto de vista, los datos certeros ponen de manifiesto la poca cantidad de delitos cometidos por esa franja etaria”. 

Por otra parte, el magistrado añadió: “Me interesaría pensar también lo que implica el castigo para un joven, un joven que comienza a transitar una institucionalización por parte del Estado, que comienza a recorrer un camino plagado no solo de privaciones sino también de violencia, de tortura. Hay organismos oficiales en la Provincia, como la Comisión Provincial por la Memoria, que aportan informes anuales, poniendo de manifiesto numerosos casos sobre aquellos que hoy ya están institucionalizados. Entonces, pensar en amplificar ese sistema para otra franja de la sociedad, verdaderamente es proponer mucha más violencia”. 

Para el juez marplatense, el Estado “debe intervenir con políticas no penales, como por ejemplo políticas sociales, asistenciales, de vivienda, culturales y de educación en los territorios, mecanismos de prevención. Y, una vez cometidos los hechos, mecanismos de conflictos por vías no punitivas para esta clase de jóvenes”. 

“Insisto, la modificación no solamente va a generar mucha más violencia en el joven, también, muy probablemente, vaya moldeando una personalidad, marcando una pauta para que cuando llegue a la mayoría de edad sea realmente difícil insertarse en la sociedad y, probablemente, comience a transitar, ahí sí lo veo por experiencia, un sistema mucho más duro: las cárceles de mayores”, explicó. 

Respecto a los casos como el asesinato del niño Brian Aguinaco, Tapia sostuvo que se “debe encarar desde el punto de vista jurídico, pero no puede dejarse de lado el dolor de las víctimas, que sufren un hecho de esta naturaleza. Muchas veces, hablando de datos o cifras, pareciera que los juristas somos insensibles o que no tenemos en cuenta ese tipo de situaciones, y siempre hay que tenerlas presentes. En todo caso, el problema es cuando se pretende hacer una política criminal a partir del dolor de una víctima”, concluyó Tapia. 

La Ley Blumberg, un antecedente

El 5 de mayo de 2004, el Congreso de la Nación sancionó dos leyes basadas en el petitorio conocido como la Ley Blumberg. En las mismas, se establecieron restricciones a la libertad condicional, se elevó de 25 a 50 años el máximo de reclusión posible para aquellos sujetos condenados por distintos delitos, se cambió el artículo 14 y se impidió el otorgamiento de la libertad condicional para los reincidentes.

Al respecto, Tapia opinó: “Por el caso Blumberg se reformó el Código Penal, con una idea de que iba a aportar una solución mágica a la seguridad o a la solución del delito, y no fue así. Encima se alteró todo el sistema de penas de nuestra legislación y se logró una reforma que no fue discutida democráticamente”.

En ese sentido, el magistrado destacó: “Tal vez lo que podemos rescatar de este nuevo proceso es que sí propone una discusión democrática, convocando a todos los sectores y evitando una reforma demagógica concretada en cuestión de poco tiempo”.

El juez, además, analizó: “Lo que ocurre con el actual sistema es que hay que repensarlo, porque proviene de la última Dictadura cívico-militar y es mixto, en el que si bien ese joven no es punible, muchas veces los jueces tienen la potestad discrecional de disponer medidas tutelares que van de la mano de respuestas de institucionalización”.

Tapia insistió: “No podemos pensar, a partir de un caso, en la reforma de todo un sistema estructural que viene a establecer una regresividad en materia de derechos adquiridos”.

Para especialista en defensa de menores, la baja “va contra la normativa”

El especialista en defensoría de menores, Gustavo Gallo, sostuvo ayer: “Bajar la edad de imputabilidad va contra la normativa nacional e internacional”.

En declaraciones periodísticas, el letrado opinó que “los chicos aparecen como los demonios responsables de la inseguridad” pero “el total de delitos cometidos por menores es muy bajo”.

En base a su experiencia, Gallo afirmó: “El 98% de los chicos que yo defiendo tienen algún derecho vulnerado”. En ese sentido, detalló que la mayoría de los menores bajo su defensa “están en situación de calle” y/o “son víctimas de la droga y el tráfico de armas”. “El Estado no interviene para poder rescatar a estos chicos”, finalizó.