Empresarios advirtieron que de sancionarse la Ley de Abastecimiento irán a la Justicia

Las entidades aglutinadas en el Grupo de los Seis (G-6), que se reunieron hoy en la sede de la UIA, consideraron que la ley es "inconstitucional" y que viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo

Los empresarios nucleados en el denominado Grupo de los Seis advirtieron este mediodía que si el Congreso sanciona la reforma de la Ley de Abastecimiento presentarán una demanda judicial porque la consideraron “inconstitucional”. 

Una vez finalizado el encuentro que se llevó adelante  en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, sentenció que la norma traerá como consecuencia "llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo".

"Esta ley es inconstitucional y viola la propiedad privada", aseveró Etchevehere quien a su vez señaló que el nucleamiento planteará su posición "en el Congreso, a todos los líderes políticos, y en el caso de que (el proyecto de ley) sea sancionado, vamos a ir a la Justicia".

Para el titular de la SRA, "las consecuencias que tendría en el caso de ser sancionado (el proyecto) es llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo y al aumento de la informalidad en lo que es la actividad comercial y productiva", por lo que "es negativo a lo que es la actividad económica".

Además del titular de la UIA, y de la Rural, participaron del cónclave sus pares de de las cámaras de Comercio, Carlos de la Vega, y de Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa, Adelmo Gabbi; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito.

"Un consumidor, primero es un trabajador, cobra un sueldo para después consumir y lo que estamos poniendo en riesgo con leyes de esta naturaleza es la generación de empleo", afirmaron.

Comienza el debate 

Esta tarde, en la Cámara alta, comenzará a tratarse en un plenario de comisiones uno de los tres textos que integran el paquete de medidas para la reforma de la ley de Abastecimiento, sancionada en 1974. Es el referente a la creación de fueros judiciales para dirimir las controversias entre comerciantes y consumidores.

De los tres proyectos de ley, ése es el menos cuestionado por el sector privado y la oposición. La iniciativa que despierta el rechazo unánime es la referida a la nueva regulación de las condiciones de producción y consumo, que será discutida los próximos días.

Esta propuesta establece la potestad al Estado de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional.

Las críticas radican en que entienden que esas potestades, calificadas como intervencionistas, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo.