Entre la inacción y la falacia
Tras 12 años de inercia, el gobierno busca revertir subsidios ociosos con una medida meramente electoralista. La pasividad del kirchnerismo en materia gasífera que llevó a un estado acuciante del sistema
El fin de ciclo K se acerca y el gobierno comienza a tomar medidas que tenía pendientes a lo largo de 12 años, con la intención de mejorar su imagen ante la sociedad y procurarle un mejor escenario económico, político y social al candidato que salga elegido en las PASO por el kirchnerismo.
La presidenta Cristina Fernández, en su larga cadena nacional de ayer, lanzó una nueva medida para intentar revertir el destino de los subsidios millonarios que ha dado el gobierno durante casi 12 años, al sostener que se cambiará el sistema de subsidios a usuarios de garrafas, que ahora se implementará en forma directa en la demanda.
El anuncio lanzado con bombos y platillos en la Casa Rosada, será, según el gobierno, para acabar con “un submundo comercial, donde los que más lo necesitan son los que menos lo reciben”. Lo que en palabras de la Jefa de Estado, lleva a que se subsidie “a la gente que realmente lo necesita”.
Según la medida anunciada por el gobierno, que todavía no ha sido oficializada, llevaría a que la denominada garrafa social de 10 kilos, que en la actualidad cuesta 16 pesos, pase a costar la friolera suma de 97 pesos, ya que las empresas de distribución no firmaron la extensión del convenio, y al no contar con los aportes para subsidiar costos operativos y logísticos, el precio del producto final queda liberado, pagando todo ello el bolsillo de los más débiles.
Gas para pocos
Argentina es un país donde gran parte de su población está debajo de la línea de la pobreza y no tiene gas natural, y acuden a ver datos que reflejan que el gas envasado, que compran las familias más pobres ha aumentado innumerable cantidad de veces más de lo que lo ha hecho el gas natural, lo que muestra las asimetrías del gobierno.
El plan Garrafas para Todos que lanzara Néstor Kirchner en 2006, que obligaba a que se vendiera una garrafa social para los sectores más necesitados, terminó siendo una farsa donde las mismas eran imposibles de conseguir y si se conseguían, la mayoría traía menos gas del que debería traer, causando grandes daños a las familias más débiles y menos pudientes de la Argentina.
Al mismo tiempo que se lanzan estos planes para “solucionar” el problema, el gobierno olvida que durante años no se hicieron las obras necesarias para llevar el gas a todas las viviendas del país, prometiéndose mucho y realizándose muy poco.
En un sinfín de oportunidades, el kirchnerismo anunció la construcción de grandes gasoductos que llevarían el gas a los territorios que hoy no lo tienen y que pagan las garrafas de gas envasado a precios siderales. Las obras nunca se materializaron, más allá de los cientos de millones de dólares que el gobierno ha gastado dándoles a empresas privadas amigas para que realicen dichos gasoductos.
En momentos en que el gobierno sale a negar la pobreza (ver página 8), diversos estudios marcan que 1 de cada 2 argentinos no dispone de gas natural en sus casas, lo que marca a las claras que a la Argentina profunda la mal llamada década ganada todavía no llegó y la pobreza no hace más que incrementarse.
Recién al final de su gobierno, el kirchnerismo se acuerda de un tema tan sensible para los argentinos, como lo es el gas. Durante 12 años, los pobres fueron condenados a lidiar con garrafas mientras que la gente de altos ingresos abusó del servicio pagando una fracción ínfima del costo, sin que nada se hiciera desde el poder para cambiar esta situación.
Un gobierno que dice trabajar para los pobres, demuestra que termina trabajando para los más ricos. Mientras en Puerto Madero los servicios están a la orden del día y funcionan a la perfección, en las barriadas populares los mismos reinan por su ausencia mostrando la injusticia del modelo oficial. Todo un símbolo de la década K.
Una intervención errónea
La llegada del kirchnerismo al poder, hizo que el mercado del gas natural fuese intervenido por el gobierno casi desde el comienzo mismo de su gestión, suspendiendo de esta manera los mecanismos regulatorios que aseguraban bajas tarifas para los más pobres.
A esto se lo atacó desde el gobierno con una política indiscriminada de subsidios, sobre todo desde el área que conduce Julio De Vido, que benefició a los capitalistas amigos, ya que los mismos fueron dados en forma directa sin ninguna clase de control y sin diferenciar la capacidad económica del demandante.
La política oficial llevó a que la Argentina tuviera que depender a partir del año 2008 del gas importado desde Bolivia, que fue revendido a su vez por la estatal ENARSA a un costo promedio estimado del 25% del valor promedio de importación.
Todos estos hechos desacertados, llevaron a que la Argentina dependa cada día más de los países de la región, complicando a los que menos tienen y beneficiando a los eternos ganadores del modelo.