EDITORIAL

Garro ataca la libertad de prensa y la independencia judicial

Lo hace en complicidad con un grupúsculo mediático extorsionador. Presionan para que no se cumpla un fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que establece una reparación histórica por la discriminación en el manejo de la publicidad oficial por parte del Municipio platense

La concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas (…) Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de financiamiento del medio, no es aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto, claro está, no es consistente con la amplia protección de que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento que no admite un condicionamiento de esta especie”. Estas ase­veraciones forman parte del histórico fallo que fue firmado, en minoría y en contraposición a la mayoría automática menemista, por los entonces integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt y Enrique Petracci.

Se pronunciaron de esa forma en 1997, a partir de un reclamo presentado por el diario Hoy contra la discriminación en el reparto de los avisos oficiales que ya en aquella época instrumentaba el Municipio platense, cuyas autoridades eran presionadas de forma atroz por un empresario que se quedaba con gran parte de los recursos publicitarios. La demanda del diario Hoy no tardó en constituirse en el leading case del derecho a la información, siendo actualmente material de estudio ineludible en las carreras de Derecho de la Argentina y base de todas las sentencias posteriores del máximo tribunal, como son los casos de Editorial Perfil y del diario Río Negro.

Incumplimiento

Pasaron más de 19 años de aquel primer pronunciamiento, y la comuna de la capital bonaerense, que ahora conduce Julio Garro, sigue incumpliendo con la Justicia y hasta realiza aprietes contra aquellos magistrados que buscan cumplir lo dictaminado por el máximo tribunal. La situación es aún más grave que hace dos décadas atrás porque, a partir del caso del diario Hoy, la Corte nacional estableció una clara doctrina contra los abusos de la publicidad oficial y por eso, en el año 2014, dejó firme un fallo que condena al Municipio platense a realizar una reparación histórica por los más de siete años en los que la Red 92, la radio más escuchada de La Plata y que forma parte del mismo grupo que el diario Hoy, fue discriminada con los avisos oficiales. El diario Hoy, en tanto, inició en el año 2008 una demanda similar que actualmente se está terminando de definir en las máximas instancias judiciales.

La Justicia no solo ordenó que se cumpla con el derecho que le asiste a la Red 92  a recibir la publicidad oficial, sino que también se pague toda la deuda acumulada en esos años, más los daños y perjuicios ocasionados. La responsabilidad de lo que está ocurriendo no es solo de la actual gestión comunal y de quienes estuvieron en el sillón de calle 12 hasta el pasado 10 de diciembre, sino principalmente de ese empresario que, durante años, presionó y sigue apretando indebidamente a jueces y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, como así también a auspiciantes del sector privado para que no publiquen en el diario Hoy ni en la Red 92

Este empresario lidera un grupúsculo de extorsionadores de pura cepa que, durante décadas, incluyendo la dictadura militar (su época de esplendor a partir de su estrecha relación con el siniestro Ramón Camps), tuvieron el monopolio informativo y recurrieron a todo tipo de prácticas desleales para ahogar a cuanto emprendimiento periodístico buscó instalarse en la ciudad. Sin embargo, no pudieron con el diario Hoy, que con su tirada diaria de 60.000 ejemplares gratis, que pasará a ser de 80.000 a partir del 21 de septiembre, los está llevando al ostracismo más absoluto. Por tal motivo, acaban de cerrar una radio y las ventas del periódico que administran se caen día tras día: actualmente no llegan ni a 3.000 ejemplares.

La peor gestión

Como era de esperar, los apretadores mediáticos y el intendente platense que encabeza la gestión comunal más cuestionada de la Provincia (empeoró lo que estaba bien y profundizó lo que estaba mal) trabajan juntos a la par. Se encuentran unidos por los negocios oscuros y la necesidad de evitar que se sigan conociendo los escándalos de corrupción en el Municipio que tienen impacto nacional. 

Fue el diario Hoy el que sacó a la luz, en estos últimos meses, la continuidad de la “caja negra” del estacionamiento medido y la extensión del millonario negocio de la basura, en una ciudad como La Plata que está en una emergencia sanitaria por la acumulación de residuos. También investigamos y denunciamos, con nombre y apellido, quiénes son los responsables de las mafias que operan en el Mercado Regional y en la noche platense, como así también los nexos políticos que habrían intervenido en el Doble Crimen de Gorina.

Garro y sus socios extorsionadores ahora han emprendido una campaña para intentar presionar a la Justicia, buscando influir en los magistrados para que no cumplan ni hagan ejecutar lo que oportunamente dictaminó el máximo tribunal del país. A su vez, el propio Municipio está incurriendo en las prácticas más aberrantes del kirchnerismo, ya que ha mandado mensajes a la redacción del diario Hoy y a la Red 92 amenazando con recortar aún más la publicidad oficial, en un claro intento de querer silenciarnos. Nuestra respuesta siempre será la misma: decir la verdad tal cual es, pese a quien le pese, y caiga quien caiga.

Lo que se encuentra en juego no solo implica al diario Hoy y a la Red 92. Va mucho más allá y atañe a la libertad de informar y ser informados que tenemos todos los ciudadanos. La batalla que se ganó en los tribunales es un antecedente que le servirá a todos los medios de comunicación independientes para que de una vez por todas se terminen los condicionamientos de aquellos que circunstancialmente ejercen el poder político contra el libre ejercicio de la tarea periodística. 

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