Gils Carbó admitió que hizo gestiones para la sospechada compra de un edificio

A través de un escrito indicó que gestionó una ampliación de presupuesto para la adquisición de la sede del organismo, investigada por irregularidades.

Alejandra Gils Carbó es investigada por fuertes sospechas de irregularidades en la compra del edificio de la actual sede de la Procuración General, operación que se hizo en 2013, por más de $ 40 millones. El caso comenzó a partir de una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la compra del inmueble ubicado en la calle Perón 667.

Aunque el año pasado contradijo su declaración, en una presentación espontánea en la Justicia en la que se la acusaba de haber encubierto al empresario K Lázaro Báez. Además de haber negado que hubiera dado instrucciones para favorecer al empresario en la causa de "La Ruta del Dinero K", admitió que hizo gestiones ante funcionarios para conseguir una ampliación presupuestaria de $ 40 millones para la compra del edificio de la actual sede del organismo.

La Procuradora tuvo que aclarar el contenido de dos conversaciones telefónicas con el entonces subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi, ya que en la causa se había pedido un informe de los llamados entrantes y salientes de su celular. Se trata del funcionario que llamó al entonces juez Norberto Oyarbide para que frenara un allanamiento en la financiera Propyme, lo que finalmente hizo el magistrado, lo que le valió una investigación judicial.

El primer llamado de los que habló fue el 15 de abril de 2013, desde el celular de la funcionaria, y el segundo fue tres días después, desde una línea a nombre de la Secretaría General de la Presidencia al teléfono de la Procuradora. "Informo a V.S. que dichos llamados tuvieron que ver con la solicitud de una ampliación presupuestaria de $ 40 millones (pesos cuarenta millones) a efectos de adquirir inmuebles para esta Procuración General de la Nación", explicó la funcionaria.