Hotesur: todo queda en familia

En la causa, que investiga la sociedad hotelera del clan K por presunto lavado de dinero, interviene el camarista Eduardo Freiler, quien admitió su parentesco con los Kirchner. Se trata del mismo magistrado que desplazó al juez Claudio Bonadio y ratificó a Daniel Rafecas, acusado de frenar el caso

Hay clanes cinematográficos como el de los Corleone, en El Padrino. Otros, más cercanos y reales, como el de los Puccio, tan de moda en estos días. Y a lo largo de 12 años, los Kirchner fortalecieron el suyo bajo una regla fundamental: desde la política a los negocios, todo queda en familia. 

Hoy, la causa que más preocupa al gobierno es Hotesur, que investiga si la familia presidencial -junto a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López- utilizó su empresa hotelera para lavar dinero que, se presume, vendría de la corrupción. El directorio de esa sociedad, a través de la cual alquilan su hotel más importante, el Alto Calafate, está encabezado por Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, mientras que entre los directores titulares están la hermana, la sobrina y la nuera de Cristina y entre los directores suplentes aparecen Máximo y Florencia.

Pero el clan K en torno a Hotesur no se detiene allí. Porque el camarista Eduardo Freiler, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima e integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que el 13 de julio pasado removió al juez Claudio Bonadio (justamente después de que ordenara allanamientos en la inmobiliaria de Máximo), admitió su parentesco con los Kirchner, aunque se excusó diciendo que “hace 13 años” que no los ve, como si, de ser cierta, esa circunstancia borrara los lazos familiares.   

Vínculos que protegen

Tal como ha informado Hoy, el vínculo del camarista Freiler con los Kirchner remite a Patricio Ricardo Pereyra Arandía, un K todoterreno: ex director de Hotesur, actual apoderado de Idea S.A. -una de las sociedades investigadas en la causa-, esposo de Natalia Mercado, sobrina de la presidenta, y uno de los “asadores” preferidos del fallecido Néstor. Pereyra Arandia es, además, el primo de Marcela Pérez Pardo, exesposa de Freiler y madre de sus tres hijos. Pese a que dice no tener vínculo con esta ramificación del árbol K, el año pasado el camarista confirmó como secretario de la Cámara porteña al hermano de su primo político: Mariano Ricardo Pereyra Arandía. Pero ese fue un favor nimio, comparado con la remoción de Claudio Bonadio, el juez que tantos dolores de cabeza provocó en los Kirchner-Mercado.

Por estos vínculos, meses atrás la diputada Margarita Stolbizer recusó a Freiler, quien rechazó la denuncia por la “inexistencia de una amistad íntima”.

Este mismo camarista, que entre su prontuario cuenta con una denuncia por enriquecimiento ilícito, el martes ratificó a Daniel Rafecas (reemplazante de Bonadio) al frente del caso Hotesur, rechazando el pedido de los imputados (además de los Kirchner-Mercado y Báez, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo en el negocio inmobiliario), quienes pidieron que la investigación se traslade a la Justicia de Río Gallegos, algo que fue negado en reiteradas oportunidades. Pero en su fallo, Freiler hizo una particular lectura de la causa, al hablar de la “incertidumbre reinante en relación con los límites del objeto procesal” y de una “ausencia de una hipótesis delictiva concreta”.

¿El garante de la impunidad?

El fallo de Freiler despierta más dudas sobre el camino que tomará ahora Rafecas, que esperaba la decisión de la Cámara porteña para “avanzar” en la investigación, luego de las reiteradas denuncias en su contra por haber frenado el expediente; por haber facilitado documentación reservada al entorno de Báez, por haber declarado la nulidad de las pericias contables ordenadas por Bonadio o por haber rechazado, en forma exprés, a Margarita Stolbizer como querellante.

A 17 días de las elecciones, parece difícil que la causa avance. Para los más pesimistas, los que advirtieron cómo cierta justicia legítima falló a favor de funcionarios y amigos del poder, resulta imposible ver a Cristina Kirchner y su entorno procesados antes del 10 de diciembre. Rafecas, dicen, es otro garante de la impunidad K