Hotesur: una “pequeña” ayuda de Rafecas para el gobierno

Apartar a un juez que compromete sus intereses. Nombrar en su lugar a un magistrado amigo. Allanar el camino hacia la impunidad. Como ocurre hace tiempo -y como se profundiza desde la sanción de la Ley de Subrongancias, que le permite al kirchnerismo designar jueces, conjueces y fiscales a través de la mayoría automática del Consejo de la Magistratura-, esta ecuación regirá las maniobras del gobierno de acá al 10 de diciembre. Porque el descaro K no tiene límites.

Y se palpa, a todas luces, en la causa Hotesur, la investigación por presunto lavado de dinero que más preocupa a la presidenta Cristina Kirchner, ya que salpica los negocios hoteleros de la familia y el entorno presidencial.

Ayer, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3, Daniel Rafecas, le ordenó a la Policía Metropolitana que entregue toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz, a pedido del juez federal Claudio Bonadio, que fue apartado del caso tres días después del operativo que ordenó a la fuerza porteña.

Bonadio solicitó 35 operativos y se llevó documentación de oficinas de los involucrados en la causa: Cristina y Néstor Kirchner, Máximo y Florencia; Martín Báez, hijo del presunto testaferro K, Lázaro Báez; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo en el negocio inmobiliario, y Adrián Berni, ejecutivo de Báez.

Por decisión de Rafecas, el mismo que sobreseyó a Cristina en la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del caso AMIA, ese material será resguardado en un local de la Prefectura.

Críticas opositoras

“El objetivo de Rafecas debe ser preservar la prueba, no responder los pedidos del Ejecutivo, más aún cuando es la familia presidencial la que está siendo investigada”, opinó al respecto la diputada nacional por el PRO, Patricia Bullrich, y aseguró que “el kirchnerismo intenta preparar un escenario de impunidad porque sabe bien que no controlará más la Justicia”.