Impacto nacional por la demanda penal del diario Hoy contra Echegaray

Fopea y la Fundación LED se hicieron eco de la denuncia penal por los hostigamientos de la AFIP al diario Hoy. La Corte le puso un límite al avance del gobierno sobre los medios de comunicación

La denuncia penal que presentó el diario Hoy contra Ricardo Echegaray y otros integrantes de la cúpula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tuvo una enorme repercusión política.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) informaron que el hostigamiento que viene padeciendo el diario Hoy por parte del organismo recaudador será incluido en los registros de ataques a la libertad de expresión que realiza la entidad. Fopea reúne a destacados periodistas de medios nacionales y provinciales, como Magdalena Ruiz Guiñazu, Daniel Santoro, entre otros.

Asimismo, desde la Fundación Libertad de Expresión y Democracia, que preside Silvana Giudici, también se comunicaron con Hoy. Informaron que los aprietes de la AFIP formarán parte del informe sobre “Limites al ejercicio de la Libertad de Expresión” del año 2014.  Cabe destacar que desde la Fundación LED, el pasado 20 de octubre, se difundió un comunicado expresando la preocupación por la persecución de Echegaray y alertando que el accionar del organismo recaudador podría constituir “una clara limitación a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que la integran”.

Asimismo, el diario Clarín, en su edición de ayer, también se hizo eco de la denuncia, transcribiendo partes sustanciales de la demanda presentada por el diario Hoy que quedó radicada en la secretaria Nº 3 del Juzgado Federal en lo Penal y Correccional Nº 1 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu.

En ese contexto, además, ayer se conoció un fallo trascendental de la Corte Suprema de Justicia, que le puso un claro límite al avance del gobierno K sobre los medios de comunicación.  Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal mantuvo una medida cautelar para proteger a varios diarios –Editorial Perfil, La Nación, entre otros- del accionar inescrupuloso de la AFIP. Estos medios habían logrado la suspensión de un tributo que con fines políticos quería imponer el organismo recaudador (pretendía recaudar $300 millones), cuando existía un beneficio impositivo que permitía computar los aportes patronales como crédito fiscal para el IVA.

Lorenzetti, Fayt y Maqueda advirtieron que “el levantamiento de la medida de no innovar podría producir graves daños a las empresas periodísticas que podrían derivar en su quiebra o desaparición y cuyos perjuicios también se harían extensivos a la comunidad toda, por la afectación de la libertad de prensa y del derecho a buscar y recibir información”.

En el fallo de Corte se incluyen argumentos jurídicos muy similares a los incluidos en la demanda del diario Hoy contra Echegaray.  Concretamente, se afirma que los Estados “no deben utilizar la aplicación de normas tributarias y de gravámenes como medio de presión directa o indirecta dirigida a silenciar la labor informativa de los comunicadores”.

Los jueces agregaron: “Como advirtió este Tribunal en otros precedentes no solo debe evitar el gobierno acciones intencional o exclusivamente orientadas a limitar el ejercicio de -la libertad de prensa, sino también aquellas que llegan a idéntico resultado de manera indirecta. Los actos indirectos son, en particular, aquellos que se valen de medios económicos para limitar la expresión de las ideas”.

Precisamente, valiéndose de medios económicos, como es la estructura de la AFIP puesta al servicio de la extorsión, el gobierno nacional busca silenciar las investigaciones del diario Hoy.

Pelea por Internet y la TV por cable

En un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín, y en un claro guiño a las empresas telefónicas, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que llamó "Argentina Digital" para regular y declarar servicio público el acceso a las telecomunicaciones: Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable. Así lo anunciaron durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Planificación, Julio de Vido, el de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

Aunque el Gobierno se esforzó en explicar que la nueva ley aumentará la cantidad de jugadores en el mercado de las telecomunicaciones e Internet, el articulado muestra una tendencia opuesta: mientras se favorece el crecimiento del negocio de las telefónicas que hoy controlan más del 85% del negocio de telefonía fija, móvil e internet, se regula fuertemente la operatoria de compañías de cable e internet puras que deberán abrir sus redes a terceros.

Los cuatro funcionarios kirchneristas coincidieron en la necesidad de renovar la actual ley de telecomunicaciones, en vigencia desde 1972, tras el surgimiento y popularización de tecnologías como Internet, la fibra óptica y la telefonía celular.
Según el proyecto de ley, la infraestructura necesaria para llevar los contenidos digitales hasta los domicilios podrán ser usados -a cambio de un precio regulado por el Gobierno- por parte de las empresas licenciatarias que quieran ofrecer servicios de telecomunicaciones.