Corrupción K

Imputaron a De Vido y La Morsa por sobreprecios en la obra pública

El fiscal federal Ramiro González acusó a los exministros kirchneristas por irregularidades en licitaciones de diferentes proyectos llevados a cabo en la ciudad cordobesa de Villa María. El monto de lo investigado trepa a $183 millones. Funcionarios K, contra las cuerdas

Las denuncias por corrupción durante la era kirchnerista no se detienen y  minuto a minuto se suman nuevas investigaciones que ponen de manifiesto el estado de descomposición que padeció en la pasada década nuestro país. Ayer, el fiscal federal Ramiro González amplió la imputación contra el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el exjefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández, por diversas irregularidades perpetradas en licitaciones de obras públicas realizadas en la localidad cordobesa de Villa María. 

De acuerdo a lo que se desprende de la investigación que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, los exfuncionarios K habrían cometido toda clase de desfasajes en el otorgamiento de obras por más de 183 millones de pesos, en licitaciones donde los sobreprecios estuvieron a la orden del día.

Los principales escollos que atraviesan los exministros de Cristina Kirchner tienen que ver con los diferentes ilícitos que se habrían cometido en la construcción del anfiteatro de Villa María, donde se hace el tradicional Festival de la Canción, así como también en la ampliación de un puente que une dicha localidad con Villa Nueva, y la pavimentación urbana y rural.

En la primera parte de la denuncia original, solo De Vido era el acusado por haber permitido un accionar espurio desde el Ministerio de Planificación, pero ahora se le agregó Fernández, tras comprobarse un sinnúmero de partidas que fueron destinadas a los emprendimientos en cuestión desde la Jefatura de Gabinete, sin tener conocimiento alguno sobre el gasto de ese dinero. 

Esta ampliación se da luego de la denuncia presentada en septiembre pasado por el fiscal González, cuando había imputado a De Vido por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el Ministerio de Planificación y Villa María habían firmado por 25 millones de pesos para la ampliación del anfiteatro municipal, que se podría haber construido con fondos propios con un presupuesto de solo $9,5 millones. 

Inculpaciones varias

La investigación judicial se había iniciado porque el extribuno de Cuentas de la localidad cordobesa, José Benedicto Naselli, y el legislador provincial y exconcejal, Darío Capitani (PRO), denunciaron “en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular” del convenio original “para justificar el desvío de fondos”.

En la causa, no solo De Vido y Fernández se encuentran imputados, sino que también están siendo investigados Eduardo Accastello, exintendente de Villa María y excandidato a gobernador en Córdoba por el FpV; José López, el detenido exsecretario de Obras Públicas; Abel Falta, exsubsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y Nelson Periotti, exdirector nacional de Vialidad, entre otros.

Para avanzar en la causa, el fiscal le solicitó al juez Canicoba Corral una decena de medidas de prueba para analizar la documentación de las obras que se realizaron.

Investigaciones, al por mayor

El exministro Julio de Vido es uno de los hombres del kirchnerismo que más denuncias posee en su contra por el manejo del dinero público durante la llamada “década ganada”. El exhombre fuerte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se encuentra implicado en la causa por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario detenido, Lázaro Báez, durante el kirchnerismo.

Además, se lo acusa por supuesta malversación de fondos públicos, utilizando organismos públicos como Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Enarsa, YPF y otras empresas estatales para facilitar grandes negocios a empresarios amigos del poder. También está procesado y camino al juicio oral por su participación en la tragedia de Once, que terminó con 52 muertes en la fatal mañana del 22 de febrero de 2012.

Por su parte, Aníbal Fernández no solo es acusado por Elisa Carrió de haber sido quien habría permitido la entrada al país de los grandes carteles del narcotráfico, sino también de haber sido uno de los autores intelectuales del Triple Crimen de General Rodríguez, que le costó la vida a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, y por el cual se ganó el sobrenombre de “La Morsa”.

El exjefe de Gabinete se encuentra procesado y a la espera del juicio en causas como los desaguisados cometidos en el Plan Qunita, así como también en la causa donde se investigan los fondos dados al Fútbol para Todos (FPT), programa fetiche del kirchnerismo.

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