La Justicia intervino el sindicato de canillitas

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer la intervención del gremio que conduce Omar Plaini, destituyéndolo de su función. La decisión se da por una presentación por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de 2013

La Justicia dictaminó ayer la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Sivendia) y el desplazamiento de Omar Plaini, líder histórico del gremio y diputado nacional del monobloque Cultura, Educación y Trabajo, en el marco de una causa iniciada en 2013 por supuestas maniobras ilegales e irregularidades cometidas en el proceso electoral para elegir autoridades en septiembre de ese año. 

La medida fue impuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N° 8, quien además dispuso un allanamiento en la sede del sindicato, situado en la calle Venezuela al 2365 de la Capital Federal, en donde personal de Gendarmería Nacional secuestró varias cajas y computadoras con documentación que, según dijeron, era de “vital importancia” para el caso.

Además, en el procedimiento ordenado por la Justicia, se habrían encontrado una serie de urnas con carnets de afiliados a medio confeccionar, que para De Giorgi serían claves para develar las anomalías que podría haber ejecutado el oficialismo sindical para “perpetuarse” en el poder.

Plaini quedó procesado por el delito de “falsificación de documento público” en el marco de una causa presentada por la oposición, la Lista Azul que comanda José Olivo, en la que denunció ante el Ministerio de Trabajo “irregularidades en la conformación de la Junta Electoral” y reclamó la suspensión de los comicios de renovación de cargos.

Martínez De Giorgi ordenó procesar también a la escribana pública María Emilia Rodenas, de estrechos vínculos con el sindicalismo moyanista, por la supuesta comisión del delito de “falsedad ideológica de instrumento público”, por el manejo de los papeles efectuado en dicho proceso electoral.

Causa abierta

El proceso judicial comenzó en octubre de 2013 con una denuncia presentada por la agrupación “7 de Noviembre”, la cual nuclea a diversos sectores del interior del país que se oponen a la conducción del actual diputado nacional del monobloque Cultura, Educación y Trabajo. 

En el acto electoral del año 2013, que ahora se encuentra bajo la mirada judicial, Plaini había ganado con el 89% de los votos. La victoria había sido negada por Olivo y la gente que lo acompañaba en la Lista Azul. Denunciaban que el titular del gremio y sus allegados habían puesto una serie de trabas para la presentación de la nómina opositora, con artilugios considerados “ilegales” que tenía tras de sí el único motivo de “proscribir” cualquier intento de cambio de autoridades en el sindicato.

La oposición no se presentó a la elección luego de denunciar públicamente presuntas “irregularidades”. Entre ellas especificó ante Tribunales que el lugar elegido por Plaini para llamar a la asamblea de elección de la Junta Electoral “no reunía la capacidad suficiente” para el acto electoral. Esta anómala situación llevó a la Lista  Azul a desconocer los resultados del comicio y a exigir“transparencia y democracia” al interior del gremio.

“La designación de la Junta Electoral en un acto viciado de nulidad; la pretensión de que votaran cientos de no canillitas y la negativa a entregar los padrones con anticipación para impedir su control fue parte de las maniobras”, aseguró entonces la oposición en la presentación judicial.

De acuerdo a fuentes judiciales, la actuación judicial tiene similares características a lo sucedido el año pasado con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), donde la Justicia intervino primeramente el gremio por irregularidades, para pasar luego a la detención del dirigente Omar “Caballo” Suárez, quien desde septiembre del 2016 se encuentra en la cárcel por supuesto mal manejo de fondos.

Denuncian persecución política

Tras conocerse la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que motivó un allanamiento y la intervención del Sivendia, el titular del gremio, Omar Plaini, denunció una “persecución política y jurídica” en su contra organizada por el Gobierno nacional.

“Quiero decirle a los trabajadores canillitas: acá hay claramente una persecución política y jurídica por habernos expresado políticamente. El gremio fue intervenido por un juez que no tiene competencia en lo laboral. Pido a la Justicia que actúe, se están violando todos los derechos constitucionales, hay un ataque al movimiento sindical argentino”, sostuvo Plaini.

Por su parte, el referente opositor José Olivo rechazó la intervención y expresó que “existe una movida política en contra del sindicato. Nosotros buscamos participar en las elecciones, no quitarle vida interna al gremio. Rechazamos de plano lo que está haciendo la Justicia, más cuando hay un fallo de la Corte Suprema que va en contra de lo que se hizo”.

Proceso de “normalización”

Otra de las medidas dictaminadas ayer por el juez Martínez de Giorgi fue que sea el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca el que lleve adelante el proceso de “normalización” del sindicato, designando para ello a un interventor que ejecute todas las acciones tendientes a encauzar un proceso electoral “limpio” que imponga las nuevas autoridades que reemplazarán a Omar Plaini en el término no menor de un año.

Aún sin plazos para esa eventual regularización de los cargos dentro del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Sivendia), la nueva intervención deberá terciar entre dos sectores en pugna por el manejo del gremio que reúne a poco más de 3.000 canillitas.

La CGT por su parte, emitió un duro comunicado en el que rechazó la decisión del juez Martínez de Giorgi de intervenir el sindicato de canillitas y acusó al Gobierno de “persecución gremial”. El triunvirato cegetista indicó que “inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal no solo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional”.