Investigan a la familia Macri por presuntos movimientos irregulares de fondos

La Justicia requirió un peritaje contable sobre el Correo Argentino, como así también sobre el resto de las empresas que maneja el clan del Presidente. Se intenta determinar con qué fines fue utilizado el dinero de la firma postal

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que interviene en el concurso preventivo del Correo Argentino SA, Gabriela Boquin, requirió ayer la realización de un peritaje contable sobre esa empresa y sobre las firmas controlantes, pertenecientes al grupo Macri. La representante del Ministerio Público emitió un dictamen en el que pidió medidas para determinar si hubo movimientos irregulares de fondos, como retiros de dinero sin autorización judicial, por lo que solicitó investigar también a las controlantes Sideco Argentina y Socma Americana.

Boquin es la fiscal que a principio de año dictaminó en contra de que el Estado condonara una multimillonaria deuda que el Correo Argentino tiene con el fisco desde 2001, por la que solo habría pagado 600 millones de pesos, en el marco de un proceso concursal que lleva 17 años. Ahora, la funcionaria judicial requirió que la pericia determine “si los fondos retirados (de las cuentas de Correo Argentino SA) a partir del 14 de marzo de 2016 fueron utilizados para gastos”, así como también exigió que se develen todos los “giros, ingresos, egresos, balances y documentación respaldatoria”. También pidió que se aclare si el Correo “percibió bonos del Ministerio de Trabajo, por qué importe, si fueron liquidados y registrados, y cuál fue su destino”, además de que se establezca “si los aportes propios se hicieron a través de aportes de capital o préstamos”. 

La fiscal Boquin requirió que el estudio establezca, entre otros movimientos, si la compañía postal “obtuvo alguna utilidad” por la compra de “las acciones de una sociedad uruguaya, Neficor, a su vez accionista de Chery Mercosur SA”, la importadora de autos chinos propiedad de Franco Macri. Fundamentó su requerimiento en las “actitudes contradictorias de la sindicatura controlante”, que fueron denunciadas por ella misma en dictámenes anteriores. A su vez, recordó que hay en curso una causa penal que involucra también a funcionarios del Gobierno por irregularidades en el concurso de la empresa del Grupo Macri. 

Desmanejo y sospechas de vaciamiento

La fiscal pidió el envío de copias a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y a la Fiscalía Penal a cargo de Juan Pedro Zoni, donde se tramita la causa por supuestos delitos cometidos durante el concurso del Correo Argentino SA. La causa penal se encuentra radicada en el juzgado de Ariel Lijo y se inició luego de que trascendiera el dictamen en el que Gabriela Boquin se opuso a un acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa concursada, porque lo consideró “abusivo” y “ruinoso” para el Estado.

Zoni pidió que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores. Por ese hecho imputó al Presidente Macri, al entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, a su representante en el concurso del Correo, Juan Manuel Mocoroa, y a la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli. También fueron imputados los directivos de Correo Argentino SA, Socma SA y Sideco SA, y los síndicos intervinientes en el concurso del Correo, según consta en el dictamen.

Para Zoni se debía investigar “la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino en beneficio de Sideco”.