Jueces en la mira: el polémico juego de la Universidad
EN FOCO
El polémico fallo de los jueces del Tribunal de Casación bonaerense, Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo, que le redujeron la pena a un abusador, provocó una inédita protesta estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que la semana pasada generó la toma la Facultad de Derecho y que ayer derivó en un intento de iniciar un juicio académico, que quedó en la nada ante la decisión de Piombo de presentar su dimisión (ver Piombio renunció...).
Muchas veces, en las páginas de nuestro diario, hemos considerado que las universidades no pueden ser islas ante temas de gran impacto social, como puede ser el caso en cuestión que muestra como un abusador de menores quedó libre, hace casi un año, gracias a una fundamentación jurídica por demás cuestionable. En ese sentido, es loable que la comunidad académica se comprometa ante problemas políticos, económicos o jurídicos que aquejan al país, pero para ello se debe utilizar una misma vara, sin dar lugar a presiones o distorsiones políticas. En ese contexto, resulta cuanto menos sospechoso que las autoridades de las casas de altos estudios como puede ser la UNLP, la Universidad de Mar del Plata o la Universidad Nacional del Sur (que no le renovó el cargo a Sal Llargués) –que cuentan con presupuestos millonarios que salen de nuestros impuestos e investigadores de distintas disciplinas que no pueden alegar ignorancia- hayan actuado tan rápidamente para intentar sacarse de encima a los jueces en cuestión, sin abordar en lo más mínimo la realidad social y económica que lleva a que proliferen episodios aberrantes como los que sufrió el menor.
Todo lo que sucedió con este nene, cuyo padre biológico está preso y su madre lo abandonó poco tiempo después de nacer producto de la violencia de género al que lo sometía su pareja, es un claro reflejo de que lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 12 años, y nada tiene de década ganada. Lamentablemente, situaciones como la que tuvo que sufrir esta criatura, que actualmente está pisando la adolescencia, se registran todos los días. Peor aún, hay chicos que, en un territorio que tiene una capacidad para alimentar a 400 millones de habitantes, se está muriendo producto de la desnutrición. Y lamentablemente la Universidad, como institución, no dice nada al respecto.
Asimismo, llama poderosamente la atención que sectores que manifestaron un notable grado de indignación ante el fallo de Piombo y de Sal Llargués callen o miren para otro lado ante situaciones, aún mas graves, que involucraron a jueces muy cercanos al kirchnerismo como es el magistrado de ejecución penal Axel López, quien le otorgó salidas transitorias a un violador serial pese a que informes médicos y psiquiátricos del sistema penitenciario habían recomendado lo contrario. En una de esas salidas, el sátiro mató a la joven Tatiana Kolodziez. ¿Qué pasó con el juez? Durante el jury, fue defendido por el ex ministro de la Corte, el ultrakirchnerista Raúl Eugenio Zaffaroni, y se mantuvo en el cargo gracias al apoyo del gobierno nacional, incluido muchos de los que se llenaron la boca pidiendo la destitución de Sal Llargués y de Piombo. Es más, llamativamente, las mismas agrupaciones estudiantiles que tomaron el decanato de Derecho la semana pasada nada dicen ante el hecho de que Axel López siga desempeñándose como docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Máxima pasividad
La misma pasividad se ve ante otro magistrado que está causando estragos. Nos referimos a Laureano Durán, un auxiliar escribiente que dicta un seminario en la facultad de Derecho de la UNLP, es compañero de Axel López en la Universidad de Lomas y fue puesto a dedo por La Cámpora en el Juzgado Penal Federal más importante de la provincia de Buenos Aires, que tiene competencia electoral. A sólo cuatro cuadras de la Facultad de Derecho, más precisamente en el edificio de 8 y 50, Durán habría comenzado a cumplir con las órdenes de sus padrinos políticos, desplazando a personal de trayectoria en cargos estratégicos de la Justicia electoral, cubriendo esos lugares con militantes rentados de La Cámpora y de otras agrupaciones K, que ya están trabajando en tareas sensibles como la depuración de los padrones. En definitiva, su accionar está poniendo en serio riesgo la transparencia del próximo proceso electoral donde los argentinos deberemos elegir quién será la presidente/a que reemplazará a Cristina Kirchner a partir del 10 de diciembre.
Los riesgos no sólo atañen a lo electoral. Como juez penal federal, Durán debería intervenir antes hechos de narcotráfico que pudieran registrarse en nuestra región donde existe, por ejemplo, uno de los principales puertos del país, con una terminal inaugurada el año pasado que tiene capacidad para albergar unos 400 mil contenedores. Si algo ha caracterizado a la Aduana durante la era K, es su complicidad con el narcotráfico, al punto que en los últimos años se produjeron escándalos por el tráfico de estupefacientes a gran escala con destino, principalmente, al mercado europeo. Según informes de la Auditoria General de la Nación (AGN), las instalaciones aduaneras que existen en los puertos carecen de los scanners que son necesarios para evitar el ingreso y egreso de estupefacientes. Ante este panorama, ¿qué se puede esperar de un juez subrogante como Durán, manejado a control remoto por la Casa Rosada, a la hora de actuar ante semejante flagelo?
Todo esto poco parece importarle a los claustros académicos que también hacen oídos sordos a las advertencias de los propios camaristas, es decir de aquellos que forman parte del tribunal de alzada que deben revisar los fallos de Laureano Durán, que no reconocen al escribiente como magistrado. “No reúne los requisitos para juzgar en debido proceso legal y según las formas sustanciales del juicio”, afirmaron.
Durán también se desempeña como profesor de “Derecho procesal” en una institución educativa privada llamada Universidad del Este (UdE), ubicada en La Plata, que tiene un permiso precario de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (Coneau). Uno de los miembros fundadores de esa Universidad fue el excamarista federal Alberto Durán, el padre de Laureano, que se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la UdE hasta su fallecimiento, ocurrido en 2009. Fue reemplazado en el cargo por María Fernanda Vázquez, quien sigue en funciones y a la vez es la decana de la facultad de Derecho de Lomas de Zamora, donde también da clases Durán hijo. En otras palabras, así como ocurre en la Justicia, en los claustros académicos muchas veces el reparto de cargos queda entre amigos. El problema es que las consecuencias la terminaremos pagando el conjunto de los argentinos.
