Falbo se quiere ir como Oyarbide

Al igual que el controvertido magistrado, la procuradora general bonaerense presentó un escrito para iniciar sus trámites de jubilación. Acciones para evitar el juicio político en su contra. Las denuncias que sacuden a la jefa de los fiscales en Tribunales 

Copiando al polémico exjuez federal Norberto Oyarbide, la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, inició ayer los trámites formales para obtener la jubilación. Al estar en la mira judicial tras la denuncia presentada por la diputada nacional de la CC-ARI, Elisa Carrió, por haber orquestado una red para proteger a narcotraficantes y a Aníbal “La Morsa” Fernández, la responsable del ministerio público pareciera optar por una salida rápida y sin complicaciones del poder.

A punto de cumplir 75 años, y con nulo apoyo político por parte de la administración de María Eugenia Vidal, Falbo busca de esta manera lograr una “salida decorosa” a su polémico paso por la función pública. 

La noticia fue tomada con optimismo por parte del gobierno provincial, quienes creían que lo de la funcionaria era un “ciclo cumplido desde hace meses”, y ya se han puesto a pensar en nombres de posibles reemplazantes que sirvan para encauzar a una Justicia que, durante la década K, estuvo sumida a los dictados bajados desde la Casa Rosada.

Desde las páginas de Hoy, hace años que se viene dando cuenta del mal manejo realizado por la procuradora y detallando las acusaciones que pesan sobre su persona, como la defensa acérrima hecha del exfiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de encubrir una red de narcotráfico que terminó con el doble crimen del Unicenter Shopping, donde dos ciudadanos colombianos fueron asesinados a tiros a la vista de todo el mundo, dando entrada al accionar de los sicarios en la Argentina.

Multidenunciada

Entre las denuncias que pesan en su contra, Falbo posee unas cuantas que recaen sobre el mal manejo de sus funciones, por haber actuado “fuera de la ley” digitando “a dedo” una infinidad de cargos en los distintos departamentos judiciales de la Provincia para poner a personas de su confianza.

Se le achaca, también, haber ordenado una serie de persecuciones, sanciones y armado de causas hacia fiscales que no eran sumisos a sus mandatos, como los casos de Fernando Domínguez (San Martín), Carlos Gómez y Leandro Heredia (La Plata) y Oscar Acevedo (Lomas de Zamora).

Además, en su trayectoria pesa el haber actuado como un brazo más de la intromisión kirchnerista en la Justicia. Se recuerda el entorpecimiento realizado por la procuradora sobre el fiscal Acevedo, cuando este llevaba adelante una investigación en contra del exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime, u otra en la cual se indagaba las responsabilidades que tenía el exintendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Álvarez, en una supuesta malversación de caudales públicos.

Adelantando su jubilación, Falbo intenta tapar las consecuencias de los actos cometidos a lo largo de su vida jurídica y evitar el “escarnio” público que significaría un juicio político, como viene pidiendo Carrió. Irse por la puerta chica, al igual que Oyarbide, y con un alto nivel de rechazo social pareciera ser el destino que le espera a la procuradora en las próximas semanas.

Cerca del poder y el peronismo

Ligada políticamente a Eduardo Duhalde en los años 90, cuando fue una artífice cercana al exgobernador y presidente, María del Carmen Falbo supo ocupar los cargos de subsecretaria y secretaria de Justicia en suelo provincial. 

Su momento de surgimiento mediático fue en octubre de 1994, al presentarse como defensora oficial del entonces intendente de Quilmes, Aníbal “La Morsa” Fernández. En ese entonces, el exjefe de Gabinete huyó del Palacio Municipal escondido en el baúl de un auto y acusado por administración fraudulenta, estando prófugo de la Justicia.

El premio a ese acto de “lealtad” hacia el proyecto del hombre de Lomas de Zamora fue una diputación nacional en 1995, para retornar cuatro años después a la Provincia y convertirse en miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense.

En 2004, y fruto de un acuerdo político entre Néstor Kirchner y Duhalde, llegó al cargo de procuradora general de la Provincia, desde donde lanzó una serie de acciones que hoy la tienen ante las cuerdas judiciales.