La Ciudad negoció con la Justicia para que este fin de semana abran los boliches

El gobierno porteño tuvo que sentarse a negociar anoche con la Justicia para que este fin de semana pudiesen abrir los boliches.

Luego de que el juez Roberto Gallardo ordenara prohibir toda la actividad "comercial de baile con música en vivo o grabada" en la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios negociaron la suspensión de la medida. El compromiso asumido para destrabar la orden del juez es, por el momento, no permitir las fiestas electrónicas y presentar, en cinco días, un "informe pormenorizado de las fiscalicaciones que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) lleva adelante en los boliches bailables".

El juez que accedió a levantar la medida de suspensión es el titular del juzgado N° 14, Lisandro Fastman, en quien recayó la causa. Anoche, el magistrado se reunió con el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el director de la AGC, Matías Álvarez Dorrego, entre otro funcionarios y empresarios de la noche.

Según la medida que había sido impuesta por Gallardo, la prohibición iba a estar vigente hasta que la administración local presentase el detalle y clasificación de los establecimientos, así como también los protocolos de seguridad.

La medida cautelar interpuesta por el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 respondía a un pedido de tres ONG que cuestionan el accionar del gobierno porteño y la AGC por la tragedia de Time Warp, en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes, hace dos semanas. La investigación, conducida por el juez federal Sebastián Casanello, volvió a mostrar las fisuras en los controles de las fiestas nocturnas y la posible connivencia de las fuerzas de seguridad en la venta de estupefacientes.

Gallardo es un juez conocido por la administración porteña, a la que ha incomodado con varios fallos. La cámara de locales bailables ya había advirtido que no iba a acatar la medida por "inconstitucional". El titular de la Cámara de Locales Bailables porteña, Jorge Becco, destacó que sus negocios "cumplen con todas las medidas de seguridad".

Prohibido bailar

La cautelar, que Gallardo había dictado en su condición de juez de turno, prohíbía "en el ámbito de la Ciudad, toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada, cualquiera resulte la forma jurídica o categoría habilitatoria bajo la cual la misma se estuviere ejecutando". La disposición del magistrado exceptuaba las "peñas, milongas y centros culturales".

El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, calificó la medida como un "verdadero disparate" y montó el operativo para desactivarla. Lo consiguió en otro juzgado: el de Fastman. "Nosotros respetamos las decisiones de la Justicia, pero en este caso no estamos para nada de acuerdo con el accionar de Gallardo. Hay miles de personas que se divierten sanamente todas las noches y nosotros vamos a defenderlas", había dicho Larreta.

"Esta semana enviamos un proyecto a la Legislatura con una serie de medidas de prevención y educación, incluso suspendiendo las festivales electrónicos masivos hasta que estas normas no estén implementadas. Pero clausurar toda la noche es un despropósito", agregó.

La causa había sido iniciada por la Asociación Civil Vientos de Libertad, por la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) ante la falta de controles por parte del gobierno porteño sobre la actividad nocturna.

"Es habitual todos los jueves, viernes y sábados que en la mayoría de los locales de la ciudad de Buenos Aires se puedan adquirir estupefacientes en los VIP, en los baños o en las propias pistas, donde se paran dealers", señala la presentación. Agrega que la AGC tiene solamente 79 inspectores para todos los locales en la ciudad y que en la Time Warp había sólo tres para 20.500 personas. Según los denunciantes, es "urgente" impedir que continúen estás situaciones de "riesgo constante".

Un juez porteño con decisiones discutidas

Roberto Gallardo

Juez porteño

El magistrado tiene 52 años y asumió la titularidad del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires desde el momento en que nació ese fuero, en 2001. Tuvo un breve paso por la defensoría pública en 2013, pero luego volvió a ocupar su despacho

Casa Amarilla

En 2008 embargó al gobierno porteño por 14 millones de pesos y ordenó construir viviendas sociales en Casa Amarilla, en el barrio de La Boca. La Legislatura luego cedió parte de ese predio al club de fútbol, que planea construir su nuevo estadio

Cartel de Coca-Cola

En junio de 2010, ordenó desconectar el cartel luminoso de Coca-Cola, de 567 metros cuadrados, en Carlos Pellegrini y Diagonal Norte, argumentando que las luces de LED ponían en riesgo la seguridad vial

Gestión Ibarra

Aníbal Ibarra, luego destituido tras la tragedia de Cromagnon, fue el primero en pedir su destitución. En 2005 y en 2011, ya con Macri en el gobierno porteño, no prosperaron en la Magistratura los pedidos de juicio político. Una de las sentencias más recordadas fue la que clausuró el casino flotante de Puerto Madero

Parte de los fundamentos del juez Gallardo

"Frente a este cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna, que provocó la muerte de cinco jóvenes [...], el gobierno local no adoptó absolutamente ninguna medida que de forma concreta contribuya a prevenir o evitar los daños""Seguramente la decisión judicial que he de adoptar será criticada por el Gobierno calificándola de extrema y demás, pero ello no habrá de inhibirme ya que si «alguien» hubiera denunciado antes del episodio de Cromagnon lo irregular de las habilitaciones y las inspecciones [...], hoy 196 jóvenes estarían presentes"